• La política criminal e irresponsable de la administración de Piñera respecto de la pandemia ha quedado expuesta: el total de contagios en el país pasa el medio millón (576.731) a día de hoy, el total de fallecidos asciende (de acuerdo a las cifras oficiales) a 15.9593; los casos activos 10.594; 850,60 muertos por millón de habitantes. Hasta hace poco el país estaba en el ranking de los 10 países con más fallecidos por millón de habitantes.

Fidel Ortiz Saavedra

El gobierno de Sebastián Piñera decretó a partir del 10 de diciembre para la Región Metropolitana (Santiago y comunas aledañas) el retroceso a fase 2 del “plan paso a paso”, en el marco de un incremento de contagios. Este nuevo plan fue ideado e implementado por el gobierno chileno para combatir los efectos de la pandemia del COVID-19. Una compleja medida que consiste en una estrategia gradual para enfrentar la pandemia según la situación sanitaria de cada zona en particular. Se trata de 5 escenarios o pasos graduales, que van desde la Cuarentena hasta la Apertura Avanzada, con restricciones y obligaciones específicas.1 Es así como algunas regiones, ciudades o comunas avanzan gradualmente en el proceso de apertura o retroceden de acuerdo a la reducción o aumento de los indicadores de contagios o muertes por COVID-19.

Sin lugar a dudas, el plan “paso a paso” fue pensado inicialmente para no afectar la economía, principal preocupación del gobierno del derechista y reaccionario de Sebastián Piñera. En consecuencia, este plan (no sanitario) no fue ideado pensando en el bienestar de las personas, sino en proteger al capital, a las empresas y sus negocios. A pesar de los resguardos del gobierno por no afectar al capital, igualmente la economía chilena se ha visto seriamente golpeada y los indicadores económicos no se ven muy auspiciosos para el próximo año. Los trabajadores y los sectores populares han sido los más desprotegidos y afectados por esta orientación que los expuso a contagios y muertes. De hecho, grupos de especialistas y epidemiólogos conminaron desde el inicio de la pandemia en el país a que tomara seriamente medidas de conjunto para enfrentar la expansión del COVID-19 y no medidas fragmentarias, ya que éstas podrían tener como consecuencia un descontrol de la pandemia en el país, y varios miles de personas fallecidas por el coronavirus.

La política criminal e irresponsable de la administración de Piñera respecto de la pandemia ha quedado expuesta: el total de contagios en el país pasa el medio millón (576.731) a día de hoy2, el total de fallecidos asciende (de acuerdo a las cifras oficiales) a 15.9593; los casos activos 10.594; 850,60 muertos por millón de habitantes. Hasta hace poco el país estaba en el ranking de los 10 países con más fallecidos por millón de habitantes.

La Región Metropolitana ha aumentado en un 53% en el último mes (1765 casos al 14 de noviembre contra 2698 al 10 de diciembre) y una ocupación de camas de terapia intensiva del 85% (al límite de una saturación sanitaria), mientras que desde fines de septiembre la cantidad de contagios no pasaban de 1000 a 1500 casos diarios4. Esto llevó a Piñera y sus asesores a decretar un retroceso en el proceso de reapertura, en el contexto de una segunda ola que experimenta Europa, el alza de casos en los EEUU y también en Latinoamérica. Debemos considerar en cuanto al hemisferio norte que esta alza o rebrote se da cuando se está entrando al invierno, después de que en el verano el virus vio atenuada su propagación por las condiciones ambientales. Y que en Latinoamérica esta alza de casos se verifica cuando recién entramos en el verano, lo cual genera preocupación en toda la región.

La medida anunciada por el gobierno de Piñera para la Región Metropolitana y otras zonas del país sorprendió a todos, luego de que su gobierno decretara prontamente (hace un par de meses atrás) la salida de varias ciudades, pueblos y comunas de la cuarentena apenas los números de contagios y decesos por la pandemia bajaron un poco. En este punto debemos precisar que nunca el gobierno tuvo control total de la pandemia y que ha manifestado una conducta errática y contradictoria en ese sentido. Recordemos los cuestionamientos al ex ministro de Salud Jaime Mañalich, quien se vio obligado a renunciar por una serie de irregularidades en el manejo oficial de las cifras de la pandemia en el país. También se han verificado una serie de irregularidades graves en el manejo de los recursos económicos, sobre todo en el arriendo del Espacio Riesco (alquileres), en que se implementaron centros anexos a la red hospitalaria para la atención de pacientes con COVID-19 (con sobre precios: el doble del contrato original)5, alquileres de espacios como residencias sanitarias a militantes de la UDI (partido de derecha pinochetista), ligados al gobierno6, entre otras muchas irregularidades.

El Ministerio de Salud (MINSAL) justificó el retroceso a fase 2 por el aumento paulatino de los casos de COVID-19 en el país.7 Como consecuencia, los fines de semana y feriados habrá cuarentena y las personas sólo podrán salir pidiendo un permiso especial (virtual) a la comisaria de carabineros. Sin embargo, esta fase 2 presenta cambios con respecto al “plan paso a paso” original. Este cambio en la estrategia global no fue justificado por el gobierno. Como consecuencia de esta modificación, los restaurantes podrán funcionar sólo con sus terrazas y un aforo mínimo, y las escuelas (en su gran mayoría privadas) que retomaron clases presenciales no tendrán que cerrar.8 Paradojalmente de lunes a viernes la vida se desarrolla casi normal, la gente concurre a trabajar, los comercios, los shopping, etc., están abiertos. El transporte público funciona con normalidad y la gente viaja hacinada como siempre. Y en el caso del metro (subte) con menos condiciones higiénicas, ya que un número importante de trabajadores de limpieza fueron despedidos, argumentando que se prescindía de ellos por una baja en el uso de este transporte por parte de la población. Por lo tanto, la fase 2 no es una medida de cuarentena estricta, una medida que realmente proteja a la población.

Por otra parte, causó mucha extrañeza que estas medidas sanitarias fueran anunciadas por el ministro de Salud, Enrique Paris, sino por la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell. Esto nos lleva a pensar que detrás de estas medidas del gobierno, además de la preocupación real que pudiera generar un rebrote, utiliza oportunista y reaccionariamente la cuarentena de fines de semana, a lo que suma el toque de queda para restringir el derecho social a la protesta, una medida represiva y de excepción para mantener el control y la disciplina social. Todo esto con el fin de dar la imagen y la sensación de que el estallido social está superado.

En otros informes hemos señalado la utilización política que hizo Piñera y la derecha de la pandemia para aumentar la represión estatal y acallar de este modo los posibles resurgimientos de la protesta social. A pesar de esto, cientos de jóvenes (una vanguardia de estudiantes, trabajadores, profesionales, etc.) han salido a las calles a exigir la liberación de los presos políticos del estallido social y la renuncia de Piñera. Es importante considerar en que estas movilizaciones y protestas tienen un carácter más político. Movilizaciones que aunque no son masivas preocupan al gobierno. Más allá de que en general las aguas sociales se calmaron un poco después del triunfo del plebiscito por el apruebo a una nueva Constitución, las nuevas protestas y movilizaciones se han trasladado cerca del Palacio de Gobierno (descentrando el eje de la protesta social de la Plaza de la Dignidad), lo cual genera un dolor de cabeza para Piñera y los sectores dominantes, al no tener el control pleno de la calle. La prolongación hasta marzo del próximo año del toque de queda (que viene desde hace ya varios meses), es un claro ejemplo de que Piñera adopta estas medidas excepcionales para mantener a raya al movimiento social.

En síntesis, ante la amenaza real de una segunda ola que afectará especialmente a los trabajadores y a los sectores populares, resulta imprescindible tomar medidas de fondo que disminuyan los contagios, protejan a la población del riesgo que significa para la salud la pandemia de coronavirus, y que no impliquen una restricción de las libertades democráticas y sólo represión a quienes ejercen el legítimo derecho a protesta, resguardando las medidas sanitarias. Solamente una cuarentena garantista, que restrinja las actividades económicas, a las esenciales, pero que a la vez otorgue una renta básica universal de emergencia para cada trabajador, de al menos 500 mil pesos, puede hacer que disminuyan los desplazamientos y se den las condiciones para que al cuidar la salud se proteja la economía de las y los trabajadores y sectores populares. Por otra parte, resulta imprescindible distinguir y diferenciar las necesarias medidas de control sanitario (cuarentena con garantías), de las medidas que solamente apuntan a restringir las libertades democráticas. No puede permitirse que con la excusa de la pandemia y sin tomar medidas de fondo que cuiden la salud y permitan condiciones de vida dignas para las y los trabajadores, finalmente se intenten reprimir las manifestaciones democráticas con la excusa de la pandemia.