Por Nicolas Mestre

“En este primer número solo nos ocupamos de la idea abstracta, de la inspiración íntima que en esta vez ha venido a ponernos la pluma en la mano, para contribuir de cualquier manera a la solución de la extraordinaria crisis que día por día hace cundir sobre todo el país una alarma tan universal y tan profunda, que ya toca en el espanto.

En nuestros próximos números entraremos en el terreno del frío razonamiento y analizaremos en detalle la convicción profunda, que ahora solo anunciamos con fe y esperanza, de que la salvación del país, está en la apelación al país mismo y en la convocatoria pacífica de una Asamblea Constituyente”

La Asamblea constituyente. Santiago: Imprenta del País, 1858. 13 nos., n° 1 del viernes 29 de octubre de 1858).

“Periodista: ¿Usted tiene alguna esperanza de que el Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución traiga paz social?

Gabriel Salazar: No. Todo lo que he estudiado en cinco décadas me revela que los políticos se pelean dentro del parlamento liberal, todo lo que quieran. Pero en el momento que el parlamento mismo es cuestionado por la ciudadanía, todos se unen, se protegen. Porque es su fuente laboral, al final son un gremio. En ese sentido el día menos pensado aparece su pacto, se unen todos. Este es un caso  patético nuevamente. Se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia de Chile. Y siempre el pacto corre el peligro de que la ciudadanía los desbanque o los obligue a ser responsables ante sus electores o la ciudadanía.”

– Interferencia, María Elena Andonie, entrevista a Gabriel Salazar, jueves 19 de diciembre de 2019.

I.

Tras la rebelión popular del 18 de octubre el régimen político chileno ha desplegado un conjunto de políticas, estrategias y tácticas, con el objetivo expreso de desarticular la irrupción de las masas en la esfera política y en las calles del país. En esta breve nota nos centraremos particularmente en una de las que más tinta ha hecho correr, a saber: el proceso por una nueva constitución política. Esta nueva arista abierta por la rebelión popular tiene una densidad histórica y política muy extensa, que además se encuentra en desarrollo, por lo que las siguientes observaciones tienen un carácter necesariamente parcial, que se irán complementando por los acontecimientos posteriores.

La jornada parlamentaria del viernes 15 de noviembre de 2019, que se dio entre los pasillos y a puertas cerradas en las salas del Congreso Nacional en Valparaíso, por parte de diputados y senadores de las distintas fuerzas políticas[1], tuvo como resultado la firma de un Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, que vale la pena citar:

“Ante la grave crisis política y social del país, atendiendo la movilización de la ciudadanía y el llamado           formulado por S.E. el Presidente Sebastián Piñera, los partidos abajo      firmantes han acordado una         salida institucional cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social através de un procedimiento          inobjetablemente democrático.

1. Los partidos que suscriben este acuerdo vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto de los derechos           humanos y la institucionalidad democrática vigente.” [2]

El mencionado acuerdo establece una serie de procedimientos que podrían –eventualmente, y si se sortean todos los obstáculos iniciales- terminar en una nueva constitución. En primer lugar, se acordó un plebiscito de entrada en abril de 2020, con dos preguntas: 1) ¿Quiere usted una nueva Constitución? Con dos alternativas “apruebo” o “rechazo”; y 2) ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? También con dos alternativas “Convención Mixta” (compuesta por partes iguales por miembros electos para el órgano constituyente, y parlamentarios en ejercicio) o “Convención Constitucional” (es decir, solamente con integrantes electos para tal efecto). En segundo lugar, de pasar el primer obstáculo, es decir de ganar el “apruebo una nueva constitución”, se realizaría en octubre de 2020 la votación para la elección de los delegados constituyentes.

Quizá uno de los puntos más debatidos sea la reglamentación respecto a cómo el órgano constituyente debe aprobar las normas y el reglamento de votación, punto número 6 del acuerdo, el cual establece un quórum de dos tercios para la aprobación de las mociones constitucionales. Replicando así los criterios actuales del régimen parlamentario postpinochetista, que le dan poder de veto a una minoría, el tercio más uno de los integrantes de la cámara, para rechazar cualquier acuerdo de mayoría simple. Porcentaje que representa actualmente el sector político de las fuerzas de gobierno, partidos políticos que vienen predominantemente de los tiempos de la dictadura pinochetista: Renovación Nacional (RN), el partido del actual presidente Sebastián Piñera, y la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido fundado por el ideólogo de la actual constitución impuesta en dictadura, Jaime Guzmán.

Pero las cosas no terminan ahí para esta tutelada y regulada nueva constitución, pues en un plazo de un año máximo (9 meses de funcionamiento regular, más 3 meses de prórroga que se solicitará al congreso), el texto constitucional debe ser ratificado en una votación obligatoria por toda la población, lo cual podría ser si todo resulta sin “incidentes” aproximadamente hacia fines del año 2021 o comienzos del año 2022.

II.

Durante la semana pasada el citado “Acuerdo” debía votarse como proyecto de ley de reforma constitucional en ambas cámaras del Congreso Nacional. Así fue como los días 18 y 19 de diciembre se aprobó, tanto en la cámara de Diputados como en la de Senadores, la reforma a la constitución en los términos establecidos por el gobierno de Piñera y las fuerzas del régimen postpinochetista.

Mención aparte fue la deriva que tuvieron las indicaciones adicionales al proyecto de reforma constitucional. Una de las cuales murió tempranamente en la comisión de constitución de la cámara de diputados, la que venía a reponer la idea de una Asamblea Constituyente propuesta por el Partido Comunista, que al no tener apoyo fue excluida de la votación en la sala. Las otras indicaciones que buscan establecer paridad de género, cupos reservados para pueblos originarios y garantizar la participación de independientes, han tenido una accidentada tramitación, fueron rechazadas en primera instancia y en segunda instancia en ambas cámaras. Y vueltas nuevamente a votar, esta vez ya no como indicaciones a la reforma a la constitución, sino como proyectos de ley. Votándose favorablemente en la primera cámara, espera su ratificación en la segunda cámara. Lo cual fue celebrado por el gobierno y la oposición como un “triunfo democrático”. Aunque ha generado un nivel de ruido tal, que hay bastantes dudas de su ratificación, además de eventuales apelaciones al Tribunal Constitucional (TC) por parte de sectores de ultraderecha como la UDI, siendo el TC un cerrojo legislativo impuesto por la constitución pinochetista y que opera en la actualidad como una tercera cámara.

Así las cosas en este entrampado proceso constitucional, queda claro que la oposición (ex Nueva Mayoría, Frente Amplio) ha traicionado la demanda histórica de Asamblea Constituyente (AC), una demanda que viene instalándose fuertemente desde distintas organizaciones y movimientos sociales desde hace ya más de una década, estableciendo un acuerdo con el gobierno y los sectores más conservadores (RN, UDI), donde queda establecida un proceso constituyente sin AC, sino una Convención Constituyente actualmente sin paridad de género sin cuotas para pueblos originarios, ni garantías para la participación de independientes y con un quórum que da poder de veto a una minoría política, la de los sectores ligados a la dictadura pinochetista.

En este sentido, cabe preguntarse ¿cómo fuerzas políticas supuestamente antagónicas están dispuestas a ceder posiciones y llegar a un tema vedado por los sectores conservadores como lo es el cambio de la constitución? Vale recordar que durante el gobierno de Ricardo Lagos se hizo la mayor reforma a la constitución, de hecho ésta –en la actualidad- lleva su firma, con apoyo precisamente de los sectores ligados al pinochetismo.Es que el cambio constitucional es la última válvula de escape, la variante más a la izquierda del régimen capitalista para salvaguardar los intereses comunes. Los partidos del régimen están dispuestos a cambiar la constitución con tal de no perderlo todo ante un eventual avance de las manifestaciones que conlleve la dimisión del presidente y quedar a arbitrio del conjunto del pueblo.

De este modo, es importante considerar que para la tarea histórica de elaboración de un nuevo texto constitucional, democrático, que garantice derechos sociales y económicos para toda la población, no solamente importa el texto final sino también el cómo y el quién, es decir, la tarea depende tanto del método como del sujeto histórico que la encabeza.

Por eso no es lo mismo una nueva constitución tutelada, regida y regulada por un parlamento donde se votan leyes represivas y se da impunidad a los violadores derechos humanos y a los corruptos pagados por el empresariado, que establece finalmente cómo y quienes participan, que una nueva constitución redactada por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, plenipotenciaria,que tenga realmente el poder fundacional de decidir, sin condicionamientos de los poderes fácticos vigentes (de la clase dominante, la clase capitalista), y que pueda cuestionar todo el régimen social, económico y político actual, en definitiva una Asamblea Constituyente Revolucionaria, la cual solo puede surgir desde abajo, del movimiento masivo de la población, las organizaciones sociales y del movimiento obrero,que ponga en pie un gobierno donde el poder lo tengan los explotados y oprimidos por el sistema capitalista, un gobierno de las trabajadoras y los trabajadores que cambie el régimen postpinochetista de raíz.

Notas

[1] Respecto a los firmantes del pacto: de la actual coalición de gobierno “Chile Vamos”, firmaron Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Evópoli; de los antiguas coaliciones hoy desarticuladas ex “Concertación”, ex “Nueva Mayoría”, firmaron el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Partido Socialista (PS), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Radical Social Demócrata (PRSD); del “Frente Amplio”, el Partido Liberal (PL), Revolución Democrática (RD), y otros parlamentarios a título personal. Los únicos partidos que orgánicamente se restaron de ese acuerdo fueron el Partido Comunista y el Partido Humanista.

[2] Acuerdo por Paz Social y la Nueva Constitución, 15 de noviembre de 2019.