• Transcurridos ya cien días del inicio de la pandemia en Chile, el manejo del gobierno del derechista Sebastián Piñera deja un panorama desolador en lo sanitario y en lo económico-social.

Por Federico Rodríguez

Si ya las cifras de expansión del virus ubicaban al país andino con la tasa más alta de contagios por millón de habitantes (pmh) del mundo, con 8.418 pmh, bastante más arriba incluso de Estados Unidos, con 6.395 pmh, que es el país con más casos registrados, sumando además al día de hoy los fallecimientos que superan los tres mil, el país comienza a enfrentar los efectos en el plano de la economía.

Así las cosas, un reciente estudio del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, “Empleo-Covid19”, estima la pérdida de puestos de trabajo en 1,9 millones. En esta línea, la mal llamada “ley de protección del empleo”, promulgada por el ejecutivo, que legaliza una cesantía encubierta y permite a los empresarios no pagar salarios durante la crisis sanitaria, ha llevado a que 99.033 empresas hayan suspendido los contratos de 708.271 trabajadores, mientras otras 4.367 empresas han reducido unilateralmente la jornada de trabajo de 25.000 personas. Hasta el 7 de junio se han registrado además 667.520 solicitudes aprobadas del subsidio de cesantía.

Eso con respecto al empleo formal, pues el país cuyo modelo neoliberal de capitalismo ha hecho que una amplia capa de la población se vea obligada a dedicarse a empleos informales (precarios, sin contrato, ni derechos laborales), siendo actualmente el empleo informal un 26,3%, según cifras oficiales, quienes, debido a las restricciones impuestas por una cuarentena en la región metropolitana, no cuentan con ninguna garantía que les permita subsistir, salvo unos magros bonos de emergencia que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas de una familia.

En este sentido el gobierno, con su actuar francamente criminal en lo sanitario, se ha dedicado a priorizar la economía de los grandes capitalistas, por sobre la salud de la población y las condiciones de vida de las y los trabajadores, enfrentando el país una grave crisis que va adquiriendo características sistémicas.

Peor aún ha sido su impostura respecto a las ayudas prometidas a la población. Hacia mediados de mayo, Piñera en cadena nacional anunciaba ir en ayuda de las familias, mediante la entrega de cajas de alimentos para sortear la crisis, que supuestamente iba a abarcar al 70% del 40% más vulnerable, estimando en 2,5 millones de personas. Lo cual generó una alta expectativa entre los sectores populares, fuertemente afectados por la crisis, quienes salieron masivamente a demandar dichas ayudas a los municipios (órganos de poder local descentralizado, con amplias atribuciones otorgadas durante la dictadura militar de Pinochet).

Sin embargo, una ingrata respuesta fue la que recibieron cuando al llegar a los municipios, estos no tenían claro la forma de entrega de las cajas prometidas por el gobierno. Mientras descaradamente, el 19 de mayo, el gobierno modificaba administrativamente la metodología del Registro Social de Hogares, que mide la vulnerabilidad de las familias, dejando a cientos de miles de familias vulnerables fuera de las ayudas anunciadas.

No sólo eso, sino que sumado al cambio de metodología, el gobierno elaboró un protocolo de entrega de alimentos, que se filtró públicamente, donde pedía a las Intendencias y Gobernaciones (subdivisiones administrativas del Estado en las Regiones del país), sacar fotos a las familias, donde se mostrara el “agradecimiento” de los beneficiados, privilegiando un “tono de emocionalidad”, instruyendo además el publicitar dicha “ayuda” miserable a través de redes sociales, donde se valorara al Presidente de la República. Una descarada e infame estrategia de manipulación y de instrumentalización del hambre y el sufrimiento de millones de familias.

Este creciente deterioro en las condiciones de vida de las y los trabajadores del país, también ha llegado los estamentos de funcionarios públicos, particularmente en quienes peores condiciones contractuales bajo el sistema de honorarios (funcionarios sin derechos laborales), quienes han debido absorber la amplia demanda de ayudas sociales, con una alta sobrecarga laboral, e incertidumbre respecto a sus fuentes laborales, toda vez que por los pasillos del palacio de gobierno circula la intención de continuar haciendo pagar la crisis sobre las y los trabajadores, con un plan de ajuste fiscal que implica la reducción de los empleos públicos, partiendo por dicho estamento precarizado.

Así las cosas, la clase trabajadora chilena enfrenta enormes desafíos, a los ya estructurales bajo el régimen capitalista , administrado por un gobierno criminal en lo sanitario. En ese sentido, resulta imprescindible la organización independiente de las y los trabajadores respecto a los partidos políticos del régimen político actual responsables de la precariedad, la miseria y el hambre.