- Un análisis de la situación política en Chile.
Victor Artavia
Introducción
Durante los últimos treinta años, Chile destacó como uno de los países más estables de la región y un ejemplo del “éxito” del neoliberalismo; constantemente, el “milagro chileno” fue empleado para defender la necesidad de ejecutar contrarreformas neoliberales en otros países.
Pero la realidad de la sociedad chilena distaba mucho del relato que difundía las élites y sus políticos, por el contrario, la clase trabajadora y los sectores explotados y oprimidos, vieron precarizadas sus condiciones de vida ante la falta de acceso a servicios básicos como la educación y la salud, sometidas a la lógica del libre comercio. A esto se sumaron otras problemáticas sociales, como la histórica opresión contra el pueblo mapuche y el robo de sus tierras “legitimado” por el Estado chileno; la violencia contra las mujeres y la impunidad garantizada por el sistema de justicia y el resto de instituciones; las miserables pensiones bajo el sistema de la AFP; los bajos salarios para las personas trabajadoras, etc.
Los años de estabilidad, entonces, no se explican por el supuesto “éxito” del neoliberalismo; fueron consecuencia de la derrota histórica que propinó la dictadura de Pinochet a la izquierda y al movimiento obrero.[1]¡La burguesía chilena gobernó con relativa estabilidad en los últimos treinta años, apoyándose en los cadáveres de los desaparecidos y los cuerpos mutilados de las personas torturadas!
Pero las derrotas, por más fuertes que sean, en algún momento son superadas por las nuevas generaciones. Esto sucedió en Chile a partir de la lucha estudiantil de 2006 por la calidad de la educación pública, donde por primera vez un movimiento social se movilizó masivamente cuestionando las privatizaciones heredadas por la dictadura. Desde entonces, el país experimentó una acumulación en las movilizaciones sociales, cuyo punto álgido fue la rebelión popular de 2019, la cual abrió una nueva situación política en el país.
Con el presente texto analizaremos el modelo de Estado diseñado por la dictadura y su persistencia en los tiempos de la “democracia”, fruto de la transición pactada que ejecutaron los militares en acuerdo con la burguesía y los sectores de oposición reunidos en la Concertación. Junto con eso, profundizaremos en las implicaciones políticas que contrajo la rebelión popular, los alcances y límites del proceso constituyente y, por último, nos referiremos a la actual campaña electoral.
- Pinochet, los “Chicago Boys” y la constitución de 1980
La actual constitución chilena data de 1980, es decir, es herencia directa de la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet (1973-1990). Su elaboración y votación se realizó bajo un régimen caracterizado por la represión sangrienta contra todo tipo de oposición, el cual dejó un saldo de 40 mil personas víctimas de violencia política, entre las cuales se contabilizan tres mil asesinatos y decenas de miles de personas desaparecidas, torturadas y presos políticos.
Además de la veta represiva, la dictadura de Pinochet se caracterizó por su vinculación con las doctrinas económicas de Milton Friedman, precursor del neoliberalismo bajo el axioma “el mercado siempre acierta”. Desde finales de los años cincuenta, un grupo de graduados universitarios chilenos se trasladó hasta la ciudad de Chicago en los Estados Unidos, donde recibieron clases de Friedman y otros economistas neoliberales; allí les inculcaron la idea de que el mercado tenía que estar libre de los controles estatales y que la sociedad tenía que organizarse/pensarse desde el individuo.
Esta camada de economistas posteriormente retornó a Chile, donde fueron reconocidos como los Chicago Boys. Desde los años sesenta pregonaron sus ideas neoliberales para impulsar una “nueva derecha”, pero la radicalidad de sus planteamientos –contenidos en su texto programático El Ladrillo– no fue bien acogida por los principales políticos burgueses de ese entonces. Pero su suerte cambió con la instauración del régimen militar, lo cual les abrió las puertas a importantes cargos dentro del Estado y, desde esa ubicación privilegiada, reestructuraron la economía del país según sus postulados neoliberales.
Debido a esto, el diseño político e institucional del Estado chileno se sintetizó en una constitución con fuertes rasgos autoritarias y con eje en garantizar el orden social por medio del libre mercado, relegando a un segundo plano el acceso universal a derechos sociales fundamentales, como la educación y la salud, los cuales se encuentran mayoritariamente privatizados. Así, la “labor social” del Estado chileno quedó limitada a imponer la ley y el orden por medios de las fuerzas represivas.
La salida de la dictadura no varió esta situación, pues se produjo de forma pactada para garantizar la continuidad de los pilares neoliberales y los rasgos autoritarios. Esto se sustentó en un pacto entre la gobernante Alianza y la opositora Concertación, los dos principales bloques políticos a finales de los años ochenta e inicios de los ochenta.
Así, la transición hacia la democracia burguesa en Chile se realizó bajo dos ejes: a) la continuidad de la Constitución de 1980, por lo cual no se revirtieron las medidas neoliberales que implantó la dictadura bajo la orientación de los Chicago Boys; b) la instauración de un sistema electoral bimodal, con el objetivo de perpetuar un bipartidismo con mecanismos para asegurar la sobre-representación parlamentaria de la derecha.
Estas fueron las pautas económicas y políticas que rigieron al país durante los treinta años que prosiguieron a la salida ordenada de la dictadura militar.[2] Por ello, Chile se transformó en el país más neoliberal de la región y la concepción de la democracia se circunscribió a la estabilidad política formal, dejando de lado la preocupación por la igualdad social y condiciones de vida de los sectores explotados y oprimidos.
Esta idea rectora –y autocomplaciente- del orden burgués la expuso Sebastián Piñera el 09 de octubre de 2019, cuando declaró que “en medio de esta América Latina convulsionada, Chile es un verdadero oasis con una democracia estable”.Pasaron diez días para que esta visión idílica del país se hiciera añicos, pues el 18 de ese mes estalló la rebelión popular chilena y dio inicio a un nuevo ciclo político en el país.
- La rebelión popular y el cuestionamiento a los “30 años”
La rebelión chilena evidenció la ruptura de amplios sectores explotados y oprimidos con el modelo de país heredado por la dictadura y perpetuado por el acuerdo de la transición. Más importante aún, fue que, con la entrada en escena del movimiento de masas, se produjo una reinvención de la acción colectiva y, en consecuencia, estableció una nueva correlación de fuerzas entre las clases sociales, donde el gobierno de Piñera quedó a la defensiva ante la ofensiva popular en las calles.
El “octubre” chileno estuvo precedido por un ciclo de luchas de quince años, el cual facilitó una acumulación de fuerzas y experiencias muy valiosas para los movimientos sociales. La juventud secundaria tomó la iniciativa en 2006, cuando protagonizaron las primeras movilizaciones masivas desde la salida de la dictadura. El “movimiento pingüino” –denominado así por los colores del uniforme estudiantil- protestó contra la segregación educativa derivada de la diferencia de calidad entre la educación privada y la pública. Esto sentó un precedente importante: un movimiento social de masas cuestionó en las calles la privatización de los servicios públicos fundamentales durante la dictadura.
Posteriormente, acontecieron las protestas estudiantiles de 2011, en este caso protagonizadas por la juventud universitaria –compuesta por la generación de los “pingüinos”-, la cual se movilizó en rechazo al mecanismo de endeudamiento para acceder a las universidades y, con el desarrollo de la lucha, avanzó a exigir educación superior pública. Asimismo, entre 2016 y 2018, se produjo una ola de lucha feministas, cuyo punto álgido fue el paro en treinta y dos universidades contra la impunidad ante las denuncias de acoso y abuso sexual cometidas por docentes y estudiantes.
La irrupción de las luchas estudiantiles y feministas tuvo eco entre la clase trabajadora, como se desprende de los informes del Observatorio de Huelgas Laborales (creado en 2014), según el cual aumentó la conflictividad laboral durante esos años y, aunque experimentó una baja entre 2017 y 2018, la misma se revirtió en 2019 tras el estallido social. De acuerdo a este informe, desde el retorno de la democracia en 1990 se realizaron 18 huelgas generales en Chile, de las cuales un 94% se concentraron en el período 2011-2019 y, solamente entre setiembre y diciembre de ese último año, se llevaron a cabo cinco huelgas de ese tipo.
También otros movimientos sociales se movilizaron durante esos años, como fue el caso de los ecologistas, pensionados y, muy importante, continuó la resistencia del pueblo mapuche en reclamo de sus tierras ancestrales, las cuales están bajo explotación de grandes empresas forestales y agrícolas. De hecho, la primera crisis del segundo gobierno de Piñera se originó tras el asesinato de Camilo Catrillanca, un líder mapuche y ex dirigente estudiantil en 2011,el cual fue abatido por una bala en su espalda en un operativo de Carabineros en noviembre de 2018, lo cual desató enormes protestas por todo el país.
Esta acumulación experiencias de luchas precedió el estallido de la rebelión popular de 2019, la cual inició como una simple protesta estudiantil contra el aumento de treinta pesos en el pasaje del metro. Pero el inocente salto de los torniquetes en las estaciones del metro, se transformó en el mayor estallido social del país en décadas, el cual rápidamente avanzó hacia un cuestionamiento generalizado del modelo de país, sintetizado en la consigna “No son treinta pesos, son treinta años”.
Inicialmente, Piñera respondió con represión y decretó un toque de queda en diez ciudades; además, ante el desborde las movilizaciones y la incapacidad de los Carabineros para contener las protestas y barridas populares, desplegó al ejército en las calles, algo que no sucedía desde los tiempos de la dictadura. Durante cuarenta y cuatro días, las calles de las principales ciudades del país se convirtieron en campos de batalla, donde las fuerzas represivas violentaron sistemáticamente a las personas manifestantes, como se desprende de las estadísticas brindadas por los organismos de derechos humanos: 12 mil heridos ingresaron en los hospitales públicos; 2 mil alcanzados por armas de fuego y cincuenta con lesiones oculares; dos mil personas detenidas en prisión o imputadas a la espera de juicios y cientos de denuncias de casos de violencia sexual en las comisarías.
A pesar de eso, la represión no mermó la fuerza de la rebelión, la cual quebró el toque de queda y colocó a la defensiva al gobierno, dando paso a la consigna de ¡Fuera Piñera! Junto con esto, creció el reclamo por una Asamblea Constituyente, como medio para barrer la legalidad heredada de la dictadura y delinear el país acorde a los reclamos populares.
Ante este escenario convulso, el gobierno se jugó la carta de la negociación política en las alturas, lo cual se materializó el 15 de noviembre con la firma del Acuerdo por la Paz Social y una nueva Constitución, el cual fue suscrito por la Democracia Cristiana, los socialistas y una parte del Frente Amplio, partidos de “oposición” adaptados al régimen burgués que, viéndose desbordados por la rebelión popular, estaban desesperados por desmovilizar la lucha para reposicionarse como “interlocutores” legítimos en el ámbito parlamentario.[3]
Este acuerdo traidor se firmó de espalda a los millones de personas que luchaban en las calles; le dio un respiro al gobierno para canalizar la rebelión por una engorrosa vía institucional con varias elecciones y, más importante, limitó desde el inicio los alcances del proceso constituyente (sobre esto ahondaremos en el próximo acápite).
- El proceso constituyente: entre la irrupción plebeya y la institucionalidad burguesa
Para analizar el proceso constituyente y vislumbrar sus perspectivas generales, hay que dar cuenta de sus contradicciones políticas. Empecemos señalando que la Convención Constitucional es una conquista de la rebelión popular, producto de la cual el gobierno tuvo que conceder ese espacio para reformar la carta magna y apaciguar al movimiento de masas. Esto no es un detalle menor, considerando la estirpe autoritaria de la burguesía chilena, acostumbrada a ignorar o aplastar los reclamos “plebeyos”. Además, la apertura de la discusión constituyente demostró que el país entró en un nuevo ciclo político,debido alas protestas callejeras y los cambios en la correlación de fuerzas entre la burguesía y los sectores explotados y oprimidos.
No obstante, la rebelión no derribó a Piñera –la otra consigna central en las protestas- y esto distorsionó el proceso desde el inicio, pues le permitió al gobierno cooptar la reivindicación de la asamblea constituyente para evitar su caída.[4]Es decir, Piñera hizo una concesión al plantear la salida de la convención constitucional en el acuerdo del 15 de noviembre(un “mal menor” desde su perspectiva), pero fue un retroceso táctico para evitar su caída y la implosión del régimen burgués de la transición (el “mal mayor”).
Mediante esta táctica de cooptación y concesión,Piñera descomprimió parcialmente la presión desde abajo y avanzó en un aspecto clave para la burguesía: posicionó nuevamente a las instituciones en el centro de la escena política. En adelante, el campo de resolución de los conflictos se concentraría en un organismo tutelado por la institucionalidad del régimen democrático-burgués chileno que, como apuntamos previamente, destaca por sus rasgos autoritarios y anti-democráticos.
Por todo lo anterior, caracterizamos que la Convención Constitucional se desenvuelve entre la “irrupción plebeya”de la rebelión y la institucionalidad burguesa heredada por la transición; un “equilibrio inestable” que, por ahora, no resulta claro si va decantarse hacia la izquierda o la derecha, lo cual explica el curso contradictorio del proceso.
Por un lado, la Convención expresa elementos progresivos que emanan directamente de la rebelión popular. Por ejemplo, en el plebiscito del 25 de octubre de 2020, donde se consultó a la población sobre la aceptación o rechazo a la constituyente, el Apruebo se impuso con el 80% de los votos (el Rechazo sólo ganó en cinco de los 345 municipios), un resultado contundente en medio de la coyuntura adversa planteada por la pandemia, debido a lo cual se pospuso la votación por varios meses y, más importante aún, se produjo una desmovilización social que, teóricamente, beneficiaba al gobierno y la derecha.
Asimismo, la rebelión “ingresó” a la Convención por medio de las elecciones constituyentes del 15 y 16 de mayo anteriores, donde –nuevamente- los partidos de derecha y los que formaban la ex Concertación salieron muy golpeados, mientras que las candidaturas asociadas a la izquierda concentraron la mayoría de votos. De los 155 puestos que integran la Convención, la derecha obtuvo 41 escaños (con lo cual no alcanzó el 33% necesario para ejercer el poder de veto), la izquierda (sumando las bancadas del PC, FA e independientes) conquistó 78 y, el centro, se dejó los 36 restantes. Junto con esto, es significativo que 48 personas fueron electas por medio de las listas de candidaturas independientes, en su mayoría de figuras vinculadas a la rebelión popular (aunque once independientes tienen vínculos con la ex Concertación y fueron financiados por empresarios).[5]
Esta composición política es muy difusa, pues dentro de la izquierda se combinan los escaños obtenidos por las listas independientes y representantes de pueblos originarios[6], con los que provienen del FA y el PC (en alianza eligieron 28 representantes); esto hace que el bloque sea muy heterogéneo programática y tácticamente, como quedó patente en la votación del 29 de setiembre anterior, cuando se aprobó el quórum de 2/3 con los votos del FA y de Elisa Loncón (representante mapuche que funge como presidente de la Convención), un mecanismo que presiona a realizar acuerdos con las bancadas minoritarias de la derecha para las votaciones, lo cual se va traducir en reformas más moderadas. En este sentido, es ilusorio pensar que la Convención está a la “izquierda”, pues una gran parte de sus representantes son del FA y el PC, partidos que no tienen en su horizonte destruir el Estado burgués chileno y que históricamente tendieron a pactar con sectores de la derecha.
Por otra parte, la Convención nació mutilada, pues el gobierno –con la complicidad de los partidos con representación parlamentaria- restringió notablemente sus atribuciones para impedir que cuestionara el Estado heredado por la constitución de Pinochet. Para explicarnos mejor, basta con remitirse a la reforma constitucional que aprobó el Congreso para regular la Convención, que, en su numeral 135, estableció lo siguiente: “La Convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otros órganos o autoridades establecidas en esta Constitución o en las leyes (…) Le quedará prohibido a la Convención, a cualquiera de sus integrantes o a una fracción de ellos, atribuirse el ejercicio de la soberanía, asumiendo otras atribuciones que las que expresamente le reconoce esta Constitución. El texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”
Esta reforma la sancionó el gobierno el 24 de diciembre de 2019, es decir, cinco semanas después de suscrito el acuerdo traidor con los partidos de oposición. En pocas líneas vació de contenido las potencialidades democráticas y radicales de la Convención, pues le impuso un perímetro de operación muy limitado para proteger los pilares del Estado burgués chileno de la transición; basta con señalar que la Convención no podrá revertir los tratados de libre comercio vigentes, destituir las autoridades gubernamentales –incluido el mismo Piñera-ni bloquear ninguna acción del gobierno. Por si fuera poco, el texto que apruebe la Convención no entrará a regir de inmediato, pues antes deberá ser votado en un plebiscito en el segundo semestre del 2022, donde no se puede descartar que sea rechazado si la situación política del país gira a la derecha con las elecciones de noviembre.[7]
Lo anterior tiene efectos directos para los sectores explotados y oprimidos; por ejemplo, al mismo tiempo que sesiona la Convención para democratizar el Estado diseñado en la constitución de Pinochet, el gobierno de Piñera declaró un “estado de excepción” y militarizó los territorios mapuches para combatir el “terrorismo” (es decir, frenar la recuperación de tierras en la zona), ante lo cual el organismo constitucional es impotente de hacer algo para detenerlo, a pesar de contar con una mayoría de representantes de la izquierda y de los movimientos sociales. ¡El gobierno prosigue firme con la represión y la política de exterminio contra los pueblos originarios!, sin importarle un comino que la Convención discuta y proclame que Chile es un Estado plurinacional.
Algo similar puede decirse con respecto al tema migratorio, donde Piñera tiene una postura bastante reaccionaria; de hecho, coincidió con Bolsonaro al no firmar el “Pacto Migratorio” de la ONU, alegando que la inmigración no es un derecho humano. Por ello, no resulta extraño que el gobierno chileno atice la xenofobia y, el 20 de abril del presente, sancionó la nueva ley de inmigración,donde se introducen nuevos requisitos que profundizan la condición de vulnerabilidad de la población migrante. En este contexto, el pasado 25 de septiembre, tuvo lugar un bochornoso ataque xenófobo contra inmigrantes venezolanos en la ciudad de Iquique –una zona fronteriza con Bolivia-, a los cuales les quitaron sus pocas pertenencias –como coches y pañales de bebés- para quemarlas en una hoguera; según analistas, esto fue una consecuencia de la prédica oficial contra los inmigrantes.
Así las cosas, la Convención Constitucional no es soberana y, por ende, resultó un organismo carente de verdaderos atributos de poder, pues no tiene capacidad para frenar las acciones reaccionarias y represivas del gobierno. Esto envalentona a los sectores de derecha entre la población (e inciden en el ascenso electoral de la ultraderecha, como veremos a continuación) y, por consecuencia, provocan malestar y decepción entre los sectores explotados y oprimidos que protagonizaron la rebelión popular de 2019.
- Una campaña polarizada por los ecos de la rebelión
El próximo 21 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones generales en Chile, donde se elegirá la presidencia, las 155 diputaciones del Congreso y 27 escaños del Senado (de un total de 50). Estas elecciones son una maniobra del régimen para vaciar aún más de contenido a la Convención Constitucional, pues resulta inconcebible que se elija la presidencia y renueve el congreso al mismo tiempo que sesiona la Convención, la cual cada día que pasa figura como un organismo casi que simbólico.
Como era de esperar, el clima electoral no escapó del impacto de la rebelión del 2019; de hecho, hizo patente las profundas transformaciones políticas que contrajo la “irrupción plebeya”en las calles del país. Para muestra un botón: de acuerdo a los datos brindados por las encuestadoras, ninguna de los partidos tradicionales asociados al régimen de los treinta años, figura entre los dos primeros lugares, por lo que, muy posiblemente, el próximo gobierno de Chile no corresponda a ningún representante directo del “centro neoliberal”.[8]
Debido a esto, la silla presidencial la disputan dos candidaturas que reflejan la polarización que desencadenó la rebelión popular: Gabriel Boric, de la coalición de izquierda institucional Apruebo Dignidad (FA y el PC); y José Antonio Kast, figura de ultra-derecha que se postula por el Partido Republicano.Los números de las encuestas varían ligeramente entre sí, pero coinciden en que Boric encabeza la elección, aunque seguido muy de cerca por Kast, por lo cual ambos disputarían el ballotage.[9]
A continuación, realizaremos un somero retrato de estos candidatos y los proyectos políticos que representan.
Boric: la crítica anti-neoliberal de baja intensidad
Gabriel Boric (35 años) se formó políticamente en el movimiento estudiantil, particularmente en la lucha universitaria de 2011, producto de la cual fue electo presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (diciembre 2011-noviembre 2012), entonces como parte de un colectivo autonomista. Posteriormente, fue electo como diputado independiente por la Región de Magallanes en 2014, cargo en el cual se reeligió en 2018, pero ahora bajo la bandera del FA.
El FA se formó en 2017, producto de la unión de varias fuerzas procedentes del movimiento estudiantil; aprovechó la vacancia que dejó el PC cuando se sumó a la segunda administración de Bachelet (2014-2018) para perfilarse como la oposición de izquierda al gobierno.[10] Por su extracción social y programa, el FA se caracteriza por sostener una crítica anti-neoliberal que refleja las preocupaciones de las clases medias y las nuevas generaciones de profesionales con trabajos inestables y precarizados. Asimismo, a pesar de su ascenso electoral en los últimos años, el FA carece de densidad orgánica por la base; en los procesos internos de sus corrientes principales –Revolución Democrática y Convergencia Socialista-, ninguna supera la participación de los mil militantes.
Para estas elecciones conformó la coalición electoral Apruebo Dignidad con el PC y dirimieron la candidatura presidencial en las elecciones primarias del 18 de julio, donde Boric se impuso a Daniel Jadue del PC. Durante esta primera fase de la campaña, remarcó su perfil conciliador con los partidos del régimen, lo cual es respaldado por su currículum político. Recordemos que Boric firmó el acuerdo traidor del 15 de noviembre de 2019 y, por si fuera poco, votó a favor –junto con la bancada de diputados del FA- de la Ley Antibarricadas y Antisaqueos que impulsó el gobierno de Piñera a finales de 2019, cuyo único objetivo fue legitimar la brutal represión contra las movilizaciones populares (esto blindó a Piñera de posibles acusaciones por violación a los derechos humanos).[11]
La tónica conciliadora de Boric no mermó luego de las primarias, por el contrario, se profundizó en su afán de convertirse en una figura más potable para los sectores de la ex Concertación -el “ala izquierda” del centro neoliberal-; en este sentido, el ascenso en las encuestas de Kast le facilitó moderar su programa, aprovechando la presión “frentepopulista” para derrotar a una figura de la ultra derecha.[12]
Por lo anterior, Boric encarna un proyecto político que sostiene una crítica como anti-neoliberal de baja intensidad, cuyo eje es aplicar reformas para redistribuir la riqueza, como instaurar un sistema tributario progresivo, terminar con el sistema de la AFP y establecer una pensión mínima, aumentar el salario mínimo a 500 mil pesos, condonar la deuda educativa, entre otros. Por otra parte, es sumamente conservador en materia de tratados comerciales internacionales (pilares del neoliberalismo chileno), pues plantea procurará renegociarlos de forma conjunta, pero cerró cualquier posibilidad de derogarlos de forma unilateral.
En su mayoría son reivindicaciones progresivas, las cuales forma parte de los reclamos históricos de los movimientos sociales chilenos y estuvieron presentes en las jornadas de la rebelión popular. Pero su límite es que no se respaldan con una estrategia de movilización callejera para obtenerlas y, por el contrario, Boric enfatiza en que su objetivo es “estabilizar” Chile y se concentra en cerrar acuerdos con la derecha, faceta en la cual demostró no tener escrúpulos para hipotecar las reivindicaciones e intereses de los sectores explotados y oprimidos.
Visto lo anterior, es falso que su candidatura exprese directamente a la rebelión chilena; un eventual gobierno de Apruebo Dignidad también encarna peligros para las aspiraciones de los sectores explotados y oprimidos, pues Boric posiblemente traicione –nuevamente- muchas de sus promesas de campaña para ganarse la confianza de la derecha. Su fortaleza es que, ante la falta de una alternativa revolucionaria y anti-capitalista en las elecciones, su candidatura es asumida por muchos sectores como el “mal menor” ante el arco de candidaturas del centro neoliberal o la ultra derecha.
Kast: la extrema derecha contra la rebelión popular
Producto de la derrota histórica que representó la dictadura de Pinochet y las condiciones pactadas con que retornó la “democracia”, Chile se ubicó a la derecha del espectro político latinoamericano en las últimas décadas, combinando profundas contrarreformas neoliberales con una arraigada tradición represiva contra los movimientos sociales. A pesar de eso, la derecha tradicional se adaptó a las formalidades de los nuevos tiempos “democráticos” y globalizantes.
La candidatura de José Antonio Kast (55 años) rompe con ese modelo; su propuesta es disruptiva desde la extrema derecha, lo cual camufla alegando que son la “derecha sin complejos”. Hijo de un exoficial del ejército nazi, empresario y abogado, Kast se transformó en el referente del electorado de derecha chileno para la actual campaña.
Cuando era estudiante universitario, entrabó relación con Jaime Guzmán, un intelectual conservador ligado a la dictadura de Pinochet y artífice de la constitución de 1980; producto de este vínculo se incorporó a la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido conservador fundado por Guzmán, con el cual resultó electo como concejal y luego como diputado por cuatro períodos consecutivos.[13]
Posteriormente, rompió con la UDI y se postuló como candidato independiente a la presidencia en 2017, donde obtuvo el 7,93% de los votos. Tras esta elección formalizó la inscripción de su movimiento en 2019, el cual denominó Partido Republicano (PR). Desde esta nueva trinchera enarboló un programa más radical y se perfiló como una figura de extrema derecha; por ejemplo, calificó a la rebelión popular de 2019 como un “atentado terrorista igual de grave que el que ocurrió en los Estados Unidos con la caída de las Torres Gemelas” y criticó al gobierno de Piñera porque no garantizó el cumplimiento de la ley durante las manifestaciones y ser incapaz de “defender la patria” (en otras palabras, pidió medidas represivas más agresivas que las que empleó Piñera).
Para Kast, el país está bajo el ataque de enemigos internos, un relato que se asemeja a la doctrina de seguridad nacional de la dictadura; ahora, además de los “comunistas”, los enemigos también serían los inmigrantes que vienen al país a robarse los empleos de los chilenos, las feministas y la ideología de género que atentan contra la familia y valores tradicionales, los mapuches terroristas que atacan al Estado, entre otros.
Estas posturas reaccionarias explican algunas de sus propuestas. Con relación al caso mapuche, aunque se pronuncia formalmente contra la violencia, en reiteradas ocasiones apeló a movilizar el ejército a La Araucanía para que, junto con Carabineros, pusieran en orden a los “terroristas” (una política que actualmente impulsa Piñera con el estado de excepción que detallamos previamente). Por otra parte, defiende medidas abiertamente reaccionarias en materia de inmigración, como la construcción de una zanja en la frontera con Bolivia; también, es un férreo opositor del derecho al aborto y del matrimonio igualitario.
En materia económica es totalmente proclive a liberar la economía de toda traba estatal. Defiende reducir en un 10% los impuestos para las empresas, suprimir los impuestos al patrimonio, contribuciones, herencias y donaciones, medidas que, a su criterio, redundarán en un crecimiento económico del 5 al 7% (algo que desmiente el Banco Central chileno). Junto con esto, defiende el “Estado subsidiario” estipulado en la constitución de 1980, según el cual el Estado no debe intervenir en las actividades económicas que puedan ofrecer empresas privadas (lo cual incluye educación y salud), limitándose a realizar acciones supletorias.
¿Cómo pasó Kast de ser un candidato “outsider” a transformarse en una opción real para alcanzar la presidencia del país? Según los analistas, su ascenso electoral se explica por la caída en las encuestas del candidato oficialista Sebastián Sichel, debido a la crisis de imagen de Piñera por la rebelión y, más recientemente, por el escándalo en que se vio sumido con los Pandora Papers. Sin duda, este factor coyuntural benefició a Kast, pero su crecimiento electoral remite a un proceso más complejo, a saber, la polarización generada con el estallido de la rebelión, la cual también tuvo repercusiones en las representaciones políticas de la base social de la derecha.
Kast se presenta como una figura “renovadora” de la derecha que, a la vez que rescata la tradición autoritaria y conservadora del pinochetismo, destaca por asumir un perfil “anti-política” y contra las élites; recurrentemente declara que hay que sacar a los políticos y la burocracia de las decisiones del gobierno para garantizar que se ejecuten las medidas técnicas necesarias para el desarrollo. En este sentido, guarda similitudes con otras figuras de derecha extrema a nivel internacional, como Bolsonaro y Donald Trump (de las cuales se declara simpatizante), y, aunque en medio de la campaña “moderó” su discurso para atraer a votantes de la centro-derecha, no hay duda de un gobierno suyo giraría la situación política hacia la derecha y trataría de cerrar el ciclo abierto por la rebelión popular, incluso atacando el proyecto de nueva constitución que presente la Convención.
- ¡Por una Convención Constitucional verdaderamente libre y soberana!
La rebelión popular abrió una nueva situación política en Chile y sentó mejores condiciones para el desarrollo de la lucha de clases. Debido al desborde social en las movilizaciones, el gobierno de Piñera quedó a la defensiva por varias semanas, durante las cuales estuvo planteada su caída y el desplome del régimen de los treinta años. Pero la situación cambió con el acuerdo traidor del 15 de noviembre, el cual habilitó la Convención Constitucional para descomprimir las protestas, pues generó enormes expectativas entre los sectores explotados y oprimidos.
Pero las implicaciones de la maniobra del gobierno no tardaron en manifestarse, pues la Convención devino en un organismo sin poder alguno y sofocada por un sinfín de obstáculos institucionales. El hecho de que se realicen elecciones generales al mismo tiempo que se desarrolla la Convención, denota que, el conjunto de la institucionalidad del Estado burgués chileno, funciona con plena normalidad y apuesta a sofocar los alcances del proceso constituyente, presionándolo –y atándolo de manos- por la derecha con la campaña electoral, pues sienta la posibilidad de que asuma un presidente de ultra-derecha que, abiertamente, se opone a reformar la constitución pinochetista.
Por otra parte, el FA y el PC ni representan ni defienden el proceso de la rebelión popular; el primero suscribió el acuerdo traidor del 15 de noviembre, mientras que, el segundo, se limitó a criticarlo, pero lo asumió como un hecho consumado (es decir, se sometió y no llamó a combatirlo). Por este motivo, la coalición Apruebo Dignidad no es una alternativa real para los sectores explotados y oprimidos chilenos que salieron a luchar, pues ambos partidos cuentan con un largo historial de capitulaciones ante la burguesía y, en el caso particular de Gabriel Boric, traicionó a la rebelión popular en pleno desarrollo cuando suscribió el acuerdo constitucional.
Por todo lo anterior, no se puede depositar ninguna expectativa en el proceso electoral y llamamos a no votar por ninguna de las candidaturas en la primera ronda (de cara a la segunda ronda y, según los contendientes, nuestra corriente emitirá una declaración con una posición oficial al respecto). En estos momentos, la única forma de garantizar que el ciclo político que desencadenó la rebelión no sea derrotado, pasa por luchar para que la Convención Constitucional sea verdaderamente libre y soberana, para que efectivamente refunde el país sobre nuevas bases sociales anticapitalistas, incorporando las reivindicaciones del conjunto de los sectores explotados y oprimidos.
Bibliografía
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- García, Víctor. “Kast, el candidato de extrema derecha que puede dar la sorpresa”. En https://www.pressreader.com/argentina/la-nacion/20211109/281552294095184 (Consultada el 10 de noviembre de 2021).
- Gaudichaud, Franck. “Chile: ¿Bastará con cambiar la Constitución?”. En https://jacobinlat.com/2021/05/14/chile-bastara-con-cambiar-la-constitucion/ (Consultada el 10 de noviembre de 2021).
- González Farfán, Cristian. “El muro de Piñera”. En https://brecha.com.uy/el-muro-de-pinera/(Consultada el 12 de noviembre de 2021).
- González Farfán, Cristian. “El poder constituyente cobra altura”. En https://brecha.com.uy/avanza-el-trabajo-de-la-convencion-chilena-el-poder-constituyente-cobra-altura/(Consultada el 12 de noviembre de 2021).
- Informe de Huelgas 2016: Radiografía de los conflictos laborales en Chile. En https://www.uahurtado.cl/informe-de-huelgas-2016-radiografia-a-los-conflictos-laborales-en-chile/ (Consultada el 12 de noviembre de 2021).
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- La Diaria. “Chile: Piñera decretó el estado de excepción y militarizó provincias de La Araucanía y Biobío”. En https://ladiaria.com.uy/mundo/articulo/2021/10/chile-pinera-decreto-el-estado-de-excepcion-y-militarizo-provincias-de-la-araucania-y-biobio/ (Consultada el 12 de noviembre de 2021).
- La Izquierda Diario Chile. «Apruebo Dignidad: anti neoliberalismo socialdemócrata que no toca el Chile de los 30 años». En https://www.laizquierdadiario.com/Apruebo-Dignidad-anti-neoliberalismo-socialdemocrata-que-no-toca-el-Chile-de-los-30-anos (Consultada el 12 de noviembre de 2021).
- La Izquierda Diario Chile. «Chile: el centroizquierdista Boric se modera con la excusa de frenar al derechista Kast». En https://www.laizquierdadiario.com/Chile-el-centroizquierdista-Boric-se-modera-con-la-excusa-de-frenar-al-derechista-Kast (Consultada el 12 de noviembre de 2021).
- Lagos Rojas, Felipe. «Chile: Del poder destituyente a la potencia constituyente». En https://jacobinlat.com/2021/07/12/chile-del-poder-destituyente-a-la-potencia-constituyente/ (Consultada el 12 de noviembre de 2021).
- Leighton, Tomás. “Kast gana terreno en las presidenciales chilenas”. En https://jacobinlat.com/2021/11/18/kast-gana-terreno-en-las-presidenciales-chilenas/ (Consultada el 19 de noviembre de 2021).
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- Seguel Gutiérrez, Pablo. «El niño terrible del liberalismo chileno». En https://jacobinlat.com/2021/07/17/el-nino-terrible-del-liberalismo-chileno/ (Consultada el 12 de noviembre de 2021).
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- Zibechi, Raúl. “La Constituyente, de rodillas”. Enhttps://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/22/politica/la-constituyente-de-rodillas-20211022/ (Consultada el 12 de noviembre de 2021).
[1] El movimiento obrero chileno experimentó un poderoso ascenso a inicios de los años setentas, el cual se expresó con los cordones industriales, instancias de coordinación entre los trabajadores y trabajadoras de diferentes fábricas. Se organizaron de forma democrática por la base y con independencia de la burocracia sindical, con el objetivo de enfrentar el sabotaje industrial de los burgueses. Al momento de producirse el golpe de Estado, se estima que funcionaban 31 cordones industriales, ocho de ellos en Santiago.
[2] Hay que insistir en este punto, pues en Chile la dictadura logró una transición muy ordenada para garantizar la
continuidad de su “obra” y dotar de impunidad a los militares por sus crímenes. Recordemos que Pinochet fungió como Comandante de las Fuerzas Armadas entre 1990 y 1998, es decir, en plena “democracia”. Asimismo, cuando dejó su cargo en el ejército se transformó inmediatamente en senador vitalicio del país, tal como estaba estipulado en la Constitución de 1980.
[3] El Partido Comunista no suscribió el acuerdo, pero al día siguiente los reconoció, aunque esbozó algunas críticas.
[4] En este sentido, para el caso chileno persistió la dinámica de rebelión/cooptación que aconteció con otras rebeliones latinoamericanas a principio de siglo, donde el descontento popular se canalizó por la vía electoral y propició el surgimiento de los gobiernos “progresistas” o nacionalistas burgueses en Venezuela, Argentina, Bolivia y Ecuador. Por otra parte, no se puede desconocer que la chilena fue más radicalizada, un rasgo común de la nueva ola de rebeliones populares que se producen en el marco de una situación mundial más polarizada y con tendencia hacia la ruptura del equilibrio capitalista.
[5] Un dato llamativo es que las organizaciones sindicales no lograron que ninguno de sus candidatos fueran electos. Por ejemplo, la CUT presentó 22 candidaturas independiente, pero ninguna ganó. Esto refleja la crisis del sindicalismo por la orientación conservadora de las burocracias sindicales, a las cuales asocian como parte del régimen de los treinta años y, además, denota la incapacidad de estas organizaciones por organizar a los sectores de la nueva clase trabajadora en sus estructuras (migrantes, informales, repartidores, etc.). De igual manera, es un reflejo de la debilidad del movimiento obrero del país, el cual todavía no se recupera de la derrota histórica que le propinó la dictadura.
[6] De los 155 escaños de la Convención, se reservó una cuota de 17 puestos para representantes de los pueblos originarios, de los cuales 9 son de izquierda, 5 de centro y 3 de derecha.
[7] Además, no se pude perder de vista que la rebelión popular estalló en octubre de 2019, por lo que el referéndum se realizaría casi tres años después de las movilizaciones, una calendarización que beneficia a la derecha que apuesta a prolongar el proceso esperando que se enfríen los ánimos en el movimiento de masas y se “normalice” el país.
[8] Desde 1990 y hasta 2010, la Concertación de Partidos por la Democracia gobernó en cuatro ocasiones sucesivas. Posteriormente, en 2010, Sebastián Piñera alcanzó su primer mandato con la Coalición para el cambio, la cual agrupó a varios partidos de la derecha. En 2014, el triunfo fue de la Nueva Mayoría (la Concertación más la incorporación del PC), con lo cual Michelle Bachelet tuvo su segundo mandato. Finalmente, en 2018, Piñera volvió a ganar las elecciones con Vamos Chile.
[9] Data le atribuye a Boric un 32% de apoyo, mientras que a Kast un 27%; Criteria retrata un panorama más cerrado, pues les otorga un 24% y 23%, respectivamente.
[10] El PC cambió su orientación, pues resultó evidente que estaba aislado dentro del gabinete de centro neoliberal de Bachelet y perdió puntos de apoyo social. Por eso, durante la rebelión de 2019, mostró un perfil más crítico y no firmó el acuerdo constitucional del 15 de noviembre (a diferencia de Boric del FA), aunque finalmente lo aceptó críticamente. Ese “giro social” sirvió para recomponer la imagen del PC entre algunos sectores del movimiento de masas, pero no significó un cambio de estrategia y de ruptura con la vía reformista-institucional.
[11] Durante la interna de Apruebo Dignidad, Jadue sostuvo un discurso más a la izquierda –o, mejor dicho, menos moderado- que Boric, por lo que varios sectores de izquierda lo apoyaron alegando que en la primaria de la coalición izquierdista chocaban dos proyectos antagónicos: por un lado, la “clausura centrista” con Boric; por el otro, el “protagonismo popular” con Jadue. A pesar de eso, las diferencias entre el PC y el FA son de matices, pues coinciden en los aspectos medulares de un programa reformista de baja intensidad y, muy importante, concentran su actividad en el plano legislativo e institucional.
[12] Un fenómeno similar expresa la izquierda en Brasil, en concreto la mayoría del PSOL –con el vergonzoso apoyo de corrientes trotskistas como Resistencia-, para las cuales la premisa de derrotar a Bolsonaro y defender la “democracia”, valida un acuerdo electoral con Lula y el PT, los cuales, a su vez, están inmersos en cerrar un acuerdo con Geraldo Alkim, una figura central de la política burguesa brasilera. Bajo el frentepopulismo es imposible desarrollar una política con independencia de clase y, en consecuencia, se termina como “furgón de cola” de sectores burgueses “progresistas”.
[13] Otro dato biográfico interesante, es que su hermano, Miguel Kast, fue parte de los economistas que conformaron los Chicago Boys. En su biografía convergen las dos vertientes ideológicas que nutren el ideario de la derecha chilena el conservadurismo autoritario pinochetista y las fórmulas neoliberales.
