Durante los días lunes 27 y martes 28 de enero se vivió en Chile una nueva jornada de manifestaciones a nivel nacional contra la Prueba de Selección Universitaria (PSU). En los días previos se había generado una alta expectativa debido a la fallida deriva que se venía dando debido a las distintas suspensiones que había tenido desde el mes de noviembre, cuando originalmente se debía rendir.

Por Nicolas Mestre

Desde ese entonces los sectores más activos del movimiento estudiantil agrupados en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) hicieran reiterados llamados a la autoridad a cargo de la administración de dicho examen para que la misma se suspendiera, el Departamento de Evaluación Medición y Registro Educacional (DEMRE) dependiente de la Universidad de Chile, y el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), esto debido a que no existían condiciones adecuadas para su rendición, dado el contexto abierto por la rebelión popular de Octubre pasado. Solicitaron un sistema de ingreso de emergencia.

Sin embargo, tanto las autoridades académicas la autoridad política hicieron oídos sordos a ese planteamiento. Llevaron adelante un proceso inédito de rendición con medidas de seguridad que no se habían dado ni siquiera durante la dictadura militar (1973-1989), inhabilitaron a 86 estudiantes que se habían manifestado anteriormente y persiguiendo políticamente a los voceros de la ACES, Ayelén Salgado y Victor Chanfreau, invocando la ley de seguridad interior del estado.

El gobierno intentó por todos los medios maniobrar para evitar que se generaran desbordes como en la ocasión anterior, intentando así desarticular la organización de las y los estudiantes, sin considerar en ningún momento que tales maniobras le quitaban validez a la rendición de la misma. El objetivo era claro: el gobierno debía demostrar a toda costa que podía manejar la situación, no escatimando en medios que iban en desmedro de estudiantes que iban a rendir el examen.

Así, múltiples reacciones se generaron a través de las redes sociales y los medios de comunicación cuando el día domingo 26, a un día del examen, el DEMRE informaba a los locales de rendición. Con sorpresa e indignación muchos supieron que sus locales quedaban a varios kilómetros de distancia. De una comuna a otra, incluso de una región a otra, con distancias que superaban las dos horas dentro de la región metropolitana.

Peor aún fue la llegada a los centros educacionales. A más de una cuadra de distancia estos se encontraban con un fuerte resguardo policial y Carabineros controlando el ingreso, e incluso dentro de las mismas salas de clases.

Sin embargo, a pesar de todo este aparataje represivo, les jóvenes organizados de todo el país hicieron frente en 57 establecimientos educacionales, manifestándose de diversas formas, una cifra registrada por la misma ACES, cuyas redes se extendían por todo el país, muy distinta de los números entregados por las autoridades universitarias y de gobierno que intentaban dar una imagen de aparente normalidad.

Las principales manifestaciones se concentraron en las sedes Universidad San Sebastián sede Los Leones, la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso en Reñaca, donde se debió suspender la prueba.

Así la ACES informaba en una actualización las siguientes irregularidades de la primera jornada del proceso: sedes sin examinadores, sedes inexistentes, sedes con difícil acceso, sedes sin nóminas de estudiantes, cambio de sedes a último minuto, fuerzas especiales de carabineros lanzando lacrimógenas en las afueras de los establecimientos, filtración de la prueba de matemáticas, cambio de orden en la rendición de las pruebas.

Al día siguiente se realizaron manifestaciones en distintas estaciones del metro, Vicente Valdés, Los Leones, que tuvieron amplia difusión a través de redes sociales.

Finalizando la nueva fecha de rendición aún quedaron jóvenes que no pudieron rendir el examen, cuestión que debe zanjar aún el CRUCH.

En este sentido, consideramos importante hacer algunas puntualizaciones sobre los alcances del proceso de movilizaciones, con el objetivo de aportar a un balance de la jornada en el contexto del ciclo abierto por la rebelión popular.

En primer lugar, notar que la lucha dada por la ACES contra la PSU ha tenido una importancia central. La función de la prueba, junto con segregar socialmente a las y los jóvenes que provienen de las clases populares, organiza la demanda en un sistema educacional que se funda sobre la lógica del mercado, donde actualmente hay inversiones de capitales extranjeros y sobre todo la especulación del sistema financiero que especula con la deuda de las y los egresados. De ahí la nula respuesta, no sólo del gobierno, sino de todo el espectro de las fuerzas del régimen político, que han continuado este mismo sistema de exclusión social durante todo el período de la postdictadura. Pues sin excepciones todos los partidos políticos desde la UDI hasta el PC han sido parte del mercado de la educación superior. Por eso no hubo un solo partido político que defendiera el fondo de la demanda del movimiento estudiantil secundario, de que el acceso a la educación superior fuese considerado como un derecho.

En segundo lugar, si bien se dio una incansable lucha donde se desplegaron todas las fuerzas posibles por parte del movimiento estudiantil, el gobierno siguió adelante con el proceso porque lo que estaba en cuestionamiento no era tanto el acceso a las universidades. Está en discusión la gobernabilidad del país ante un pueblo que ha comenzado desde Octubre pasado a demandar en las calles los derechos más elementales: educación, salud, vivienda, trabajo, recursos naturales, bajo la consigna de la ‘Dignidad’. En ese sentido, sin duda el mayor triunfo fue poner en cuestionamiento la legitimidad histórica de un sistema de exclusiones sociales para el acceso a la educación, lo cual quedó instalado en grandes capas de la población.

En tercer lugar, es importante considerar que el contexto general es que la rebelión popular de Octubre ha abierto un nuevo ciclo político en el país, que no se cerrará con esta lucha en particular. Continuará en las calles, el único lugar donde el pueblo ha podido tener una vía de expresión a sus demandas, abriendo así una crisis de legitimidad del capitalismo chileno y su régimen político, donde las condiciones de explotación laboral, marginación social y destrucción medio ambiental ya no se toleran más. En ese sentido, los distintos movimientos sociales deben enfrentar un paso cualitativo hacia la organización política, para así disputar la hegemonía del poder, no como las distintas expresiones de la oposición parlamentaria, que desde el PC hasta el FA pelean por un capitalismo con rostro humano “sustentable”, neo-desarrollista, sino plantearse la perspectiva de la organización de un régimen distinto, donde las y los trabajadores, las mujeres y la juventud del país, lleven la deriva del país, rompiendo con los pactos de impunidad que actualmente sostienen al gobierno asesino de Piñera, y evitando caer en las trampas de un plebiscito y una constituyente ya cocinada en el parlamento burgués. En esa perspectiva nos seguiremos encontrando en las calles y en las luchas sociales y políticas por venir.