Chile: crónica de una derrota anunciada

Un análisis. La victoria de la extrema derecha en las elecciones al "Consejo Constitucional", la derrota del gobierno de Boric, la rebelión tres años después.

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El pasado 07 de mayo se realizaron las votaciones para elegir a los cincuenta y un representantes ante el “Consejo Constitucional”, denominación pomposa que denota el carácter conservador del órgano que, durante los próximos meses, tendrá por objetivo redactar el nuevo texto constitucional del país.

El gran vencedor de la jornada fue el ultraderechista Partido Republicano (PR), el cual obtuvo el 35,41% de los votos y contará con una representación de veintidós consejeros constituyentes, suficiente para ser mayoría simple -quedando muy cerca de la calificada, que puede alcanzar con los votos de la derecha tradicional- y ejercer poder de veto. Por su parte, el oficialismo agrupado en la coalición “Unidad para Chile” (Frente Amplio, Partido Comunista y Partido Socialista) quedó en segundo lugar con el 28,57% de los sufragios, los cuales le otorgan diecisiete representantes. Por último, la llamada “derecha tradicional” que se presentó unificada en la coalición “Chile Seguro”, conformada por Renovación Nacional (RN, liderada por el reaccionario expresidente Sebastián Piñera) y la Unión Demócrata Independiente (UDI, cuyo fundador fue Jaime Guzmán, uno de los más fervorosos ideólogos de la dictadura pinochetista), se ubicó en tercer lugar con el 21,07% de los votos y la obtención de once representantes constitucionales. Los votos nulos y en blanco sumaron alrededor del 20 por ciento[1].

De esta forma,la exigencia de una nueva constitución que surgió de una combativa rebelión protagonizada por la juventud chilena, terminará bajo la tutela de la ultraderecha liderada por José Antonio Kast,el cual se presentó en las pasadas elecciones presidenciales como el candidato de la contra-rebelión y defendió la Constitución de 1980 (diseñada y aprobada bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet), en la cual se plasmó el modelo de Estado neoliberal, subsidiario, extractivista y represivo que caracterizó al Chile de los últimos “treinta años”[2].

Esto, desde nuestra óptica, confirma la derrota de la rebelión popular debido a un operativo a dos bandas: por un lado, las maniobras  de la burguesía chilena para cooptar el proceso constituyente hasta vaciarlo de todo contenido progresivo; por el otro, la traición abierta a la rebelión por parte de la “izquierda” reformista, en la cual jugó un papel fundamental Gabriel Boric, tanto en su rol de diputado de “oposición” que impulsó el acuerdo con el gobierno para desmontar las protestas y dilatar por varios años el “proceso constitucional”, así como en su actual faceta de presidente que mantuvo intacto el aparato represivo heredado por la dictadura, no avanzó un centímetro en resolver las demandas del pueblo mapuche y, más recientemente, se sumó a los discursos antiinmigración y de “mano dura” contra la delincuencia agitados por la derecha.

A continuación,analizaremos como se fraguó esta derrota en dos actos, procurando extraer las lecciones estratégicas.

Primer acto: la reabsorción de la rebelión por la vía del “congelador” electoral

Ante la fuerza y radicalidad de la rebelión popular, el entonces gobierno de Piñera se vio forzado a conceder un espacio para redactar una nueva Constitución Política; algo impensable hasta hace algunos años debido al carácter ultra conservador de la derecha chilena, así como por el supuesto “éxito” de las fórmulas neoliberales que, durante tres décadas, sirvieron como un elemento legitimador del modelo de Estado subsidiario[3].

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En ese sentido, la apertura del proceso constitucional fue una conquista parcial de la rebelión popular, la cual constató un cambio en la correlación de fuerzas favorable a los movimientos sociales y, por consiguiente, dejó a la defensiva al gobierno y los partidos burgueses.

Pero la lucha política es dinámica y, en ese sentido, la estrategia ocupa un lugar determinante para proyectar el desarrollo de las batallas en el mediano y largo plazo. Esa fue justamente la lectura que realizaron los partidos burgueses tradicionales, los cuales aceptaron abrir el proceso constitucional a cambio de garantizar la continuidad de Piñera en el poder y, de esta forma, impedir que estallase el régimen de los “treinta años” y se radicalizase la rebelión, incluso tomando un curso anticapitalista. Así, la concesión se combinó con una maniobra por parte del gobierno y la burguesía, los cuales aceptaron un “mal menor” desde su óptica (abrir el debate constituyente) para impedir un “mal mayor” (la continuidad de las protestas y un mayor cuestionamiento al Estado burgués chileno).

Eso se materializó en el acuerdo traidor y antidemocrático del 15 de noviembre de 2019, donde se ignoró totalmente la exigencia de renuncia de Piñera –una consigna ampliamente difundida en las movilizaciones- y se establecieron los complicados criterios para instaurar la Convención Constitucional. Vale destacar que este acuerdo fue suscrito por representantes de los partidos con bancadas parlamentarias -incluido el mismo Boric que, para ese momento, era diputado por el Frente Amplio-, a pesar de que no fueron mandatados para eso por ninguna asamblea u organismo democrático representativo de la rebelión. Eso deja en claro que fue una maniobra gestada por arriba y entre cuatro paredes, con el objetivo explícito de desmontar las protestas y habilitar una salida de emergencia para un gobierno en crisis.

A raíz de eso, la Convención surgió como un organismo mutilado, pues nunca contó con atributos de soberanía política, dado que continuó intacto el poder burgués representado por el gobierno en el “Palacio de La Moneda” (primero con Piñera y después con Boric). Aunado a eso, dicho organismo constitucional fue supeditado aun engorroso y extenso calendario electoral: desde el momento en que se firmó el acuerdo para convocar la Constituyente (15 de noviembre de 2019) hasta la realización del plebiscito donde se rechazó el primer proyecto de constitución (04 de setiembre del 2022), mediaron 31 meses de diferencia – ¡casi tres años! -, entre los cuales se realizaron varias elecciones para determinar la modalidad de trabajo y la elección de sus integrantes (¡además de que se desarrolló una pandemia que jugó un papel reaccionario a nivel mundial!).

Lo anterior, otorgó una gran cantidad de tiempo a los sectores de la derecha –bajo su forma de partidos políticos y medios de comunicación- para atacar la redacción dela nueva constitución y presionar para limitar los cambios en su articulado. Por si fuera poco, en la Convención se impuso un funcionamiento profundamente antidemocrático, pues sus acuerdos tenían que aprobarse por 2/3 en el plenario, una mayoría sumamente difícil de alcanzar que favoreció a los sectores de ultraderecha y burgueses moderados que, aunque eran minoría, tuvieron la“fuerza” suficiente para bloquear las reformas constitucionales que consideraron “radicales”.

Debido a eso, la Convención fue un organismo constitucional muy limitado, dentro de la cual se priorizaron los acuerdos por arriba entre el oficialismo y los partidos burgueses (con el apoyo de independientes); en consecuencia, terminó ubicándose de espaldas a las reivindicaciones que impulsaron las protestas[4]. Todo eso se vio facilitado por el retroceso de las movilizaciones y, posteriormente, por las expectativas que inicialmente generó la llegada de Boric a la presidencia, lo cual facilitó aún más la reabsorción de la rebelión por la vía institucional.

Así, la apuesta estratégica de la burguesía chilena rindió buenos resultados, pues, al mismo tiempo que maniobró para garantizar la continuidad del gobierno de Piñera y evitar que estallara en mil pedazos el régimen político, también cooptó la reivindicación de la Asamblea Constituyente y la vació de su contenido progresivo (algo evidente hasta por la denominación de “Convención”), transformándola en una herramienta a su favor para derrotar a la rebelión.

Otro aspecto de enorme importancia, fue la reinstalación del voto obligatorio para el plebiscito constitucional. Eso fue una maniobra de la burguesía que, aprovechándose de los mecanismos de la técnica electoral, reintrodujo la obligatoriedad exclusivamente para esta votación –lo cual no se hacía desde 2012-, y, de esta manera, garantizó una sobre representación de los segmentos conservadores y despolitizados de la población, los cuales no participaron de la rebelión y resultaron más susceptibles a la campaña de terror que desató la derecha contra la nueva constitución.

El gobierno de Boric fue cómplice de eso, pues apoyó la medida alegando que el voto obligatorio era una medida para “enfrentar la espiral de abstención que silencia la voz de los más jóvenes y de los más pobres” … algo poco creíble, considerando que la multa por no votar era de 180 mil pesos (aproximadamente 190 euros para el momento de la votación). Eso marcó un cambio cualitativo con las votaciones anteriores dentro del proceso constituyente, donde se impuso el voto de la juventud y los sectores sociales que protagonizaron las protestas, lo cual se reflejó en giros electorales hacia la izquierda.

Todo lo anterior, explica la derrota de la Convención Constitucional en el plebiscito del 04 de setiembre de 2022, pues el primero borrador constitucional fue repudiado por un 62% de los votantes.

Para eso fue indispensable el papel desempeñado por Gabriel Boric, que, aprovechándose de su perfil de “izquierda” reformista y del prestigio que construyó como parte de la generación de estudiantes que protagonizó la “revolución de los pingüinos” en 2006, legitimó el acuerdo traidor y generó expectativas de que el país se podría refundar por la vía de la Convención Constitucional, aunque su verdadera intención siempre fue instrumentalizar la rebelión para proyectarse electoralmente de cara a las elecciones presidenciales de 2021; eso explica su oposición a romper el orden constitucional y su afán por mantener la continuidad del calendario electoral, para lo cual era central la permanencia de Piñera en el gobierno.

Segundo acto: un gobierno liberal-social que traicionó las expectativas de la rebelión

Como indicamos previamente, Gabriel Boric legitimó desde la “izquierda” la maniobra del expresidente Piñera y la burguesía para desactivar la rebelión popular por medio del acuerdo del 15 de noviembre de 2019. Eso ya era suficiente para catalogarlo de traidor y ser merecedor del repudio visceral de los cientos de miles de jóvenes, mujeres, trabajadores y mapuches que protagonizaron las protestas y enfrentaron la feroz represión de los Carabineros.

Pero Boric fue más allá, en gran medida impulsado por sus ansias de convertirse en presidente del país que, combinado con su estrategia reformista de conciliación de clases, fue el punto de partida para sumar una capitulación tras otra ante las presiones de la reaccionaria burguesía chilena.

Su llegada a “La Moneda” en marzo de 2022 desató muchas expectativas entre amplios sectores del movimiento de masas, para quienes la nueva administración encarnaba una ruptura con el neoliberalismo y las tradiciones autoritarias del régimen chileno. Esa sensación de transformación se vio alimentada por los discursos “inspiradores” de Boric que, en las primeras semanas, estuvieron adornados con una liviana y reconfortante retórica progresista.

Pero tras los “versos progresistas” vino la gobernabilidad burguesa y, ante eso, Boric demostró que su proyecto no era romper con el Chile de los treinta años, sino que, a lo sumo, aspiraba a introducir algunas reformas de bajísima intensidad mediante la negociación con los partidos de derecha. Una fórmula cuyos resultados son terriblemente perjudiciales para el movimiento de masas, pues el nuevo gobierno hizo lo mismo que los viejos gobiernos.

Por ejemplo, en sus primero meses de gestión militarizó la Araucanía ante el clamor de los empresarios forestales para restaurar la “seguridad” -medida que aplicó Piñera y que Boric criticó cuando era diputado de oposición-; además, mantuvo intacto el aparato represivo estatal que reprimió y mutiló a cientos de jóvenes en la rebelión, el cual ahora el gobierno emplea para reprimir las manifestaciones que enfrentan a su gobierno; se posicionó al lado de las operadoras privadas de pensiones al oponerse al quinto retiro de los fondos de las AFPs, una medida que beneficiada a cientos de miles de trabajadoras y trabajadores en medio de la difícil situación económica.

Asimismo, apoyó la implementación del voto obligatorio que, como explicamos previamente, fortaleció electoralmente a los sectores conservadores y tuvo una incidencia directa en la derrota del plebiscito constitucional. Pero lo más grave es que, a pocos días de que se realizara el plebiscito, el gobierno se comprometió a “modificar” –léase mutilar los aspectos progresivos que molestaban a la burguesía y la ultraderecha – la nueva Constitución en caso de ser aprobada, una postura que satisfizo enormemente a los partidos de derecha –al menos a los más conciliadores-, pero cayó como un balde de agua fría para quienes protagonizaron la rebelión popular a un enorme costo humano (rostros mutilados, violaciones, presos políticos, etc.), pues, básicamente, les estaban pidiendo que votaran por un proyecto de Constitución que, además de ser muy limitada, luego iba a ser desarmada en el parlamento como parte de las negociaciones con la derecha. Ese compromiso fue una capitulación antes de la batalla, con la cual Boric reconfirmó su papel de traidor ante la rebelión popular y el proceso constituyente que desencadenó.

Todos esos atestados en tan sólo siete meses de gobierno (del 11 de marzo cuando asumió la presidencia al 04 de setiembre cuando se realizó la votación), bastan para caracterizar a Boric como un organizador de derrotas[5]. Pero su curso capitulador se profundizó aún más después de la derrota en el plebiscito, pues, como era predecible, eso propició un giro a la derecha en la situación política del país y sirvió de “excusa” al gobierno para proseguir con su estrategia de conciliación de clases, con el agravante de que perdió la iniciativa política y quedó preso a la agenda reaccionaria de la derecha[6].

Tras la derrota del plebiscito, el gobierno cerró un acuerdo con la derecha para convocar a un nuevo proceso constitucional aún más restringido y tutelado por el establishment burgués. Se acordó la creación del “Consejo Constitucional”, un nombre más “señorial” que refleja a la perfección el carácter conservador del nuevo órgano encargado de redactar la nueva constitución. Para esta ocasión, la derecha impuso un quórum calificado de 3/5 partes (menor que el de 2/3 que rigió la Convención), con lo cual se requieren treinta votos para incorporar medidas al proyecto de constitución, una suma muy accesible para la ultraderecha y la derecha tradicional (entre ambas suman 33 votos, por lo que tienen mayoría mecánica).

Más absurdo aún, el gobierno de Boric aceptó vaciar – ¡aún más! – de contenido el proceso constituyente, pues el Consejo quedó limitado a respetar doce “bases institucionales intocables” (algo así como artículos pétreos para redactar una “nueva” Constitución), entre los cuales figuraban la prohibición de eliminar el Senado o suprimir la mención de la existencia de los Carabineros y las Fuerzas Armadas de las Constitución, entre otros. Por último, el órgano “constituyente” estará tutelado por una comisión de veinticuatro expertos conformada proporcionalmente por los partidos con representación en el Congreso, cuyo objetivo será entregar un anteproyecto de Constitución para que sea deliberado en el Consejo, así como la conformación de un “comité de árbitros” integrado por juristas que velarán porque no se transgredan los doce acuerdos constitucionales.

Todo eso, insistimos, fue apoyado por el gobierno de Boric como parte de sus acuerdos con los partidos de derecha. De esta forma, el carácter conservador del Consejo estaba asegurado independientemente de los resultados de la votación del 07 de mayo, pues con antelación se delimitó el rango de acción dentro de los parámetros establecidos por los sectores reaccionarios y conservadores burgueses.

Junto con eso, el gobierno prosiguió con su giro a la derecha en los últimos meses, con lo cual alimentó el clima favorable para la ultraderecha en las elecciones. Por ejemplo, apoyó la aprobación de la ley Naín-Retamal (promulgada el 06 de abril pasado), una norma ultra conservadora que blinda con mayor “certeza jurídica” a los Carabineros en casos de “legítima defensa”, lo cual se traduce en la creación de mecanismo legales para garantizar la impunidad de sus agentes, reconocidos por sus constantes violaciones a los derechos humanos. En este sentido, nos parecen atinadas las críticas a la ley porque constituye una medida en favor del “gatillo fácil”.

Asimismo, Boric replicó los discursos reaccionarios de la ultraderecha contra los inmigrantes, al legitimar la relación prejuiciosa entre los extranjeros y el aumento de la inseguridad ciudadana. Por ejemplo, declaró ante la prensa que la personas que “vienen con ánimo de delinquir no son bienvenidas” y, en un tono amenazante, resaltó que “las vamos a perseguir y les vamos a hacer la vida imposible dentro del Estado de derecho”. Junto con esto, militarizó la frontera norte del país al desplazar a las Fuerzas Armadas, utilizando la “Ley de Infraestructura Crítica” que permite la presencia militar en una zona determinada por noventa días, estableciendo miles de puntos de control y ejecutando decenas de detenciones. Eso desató una terrible crisis humanitaria para los miles de inmigrantes, los cuales quedaron atrapados en la zona del Atacama, pues el régimen golpista de Dina Boluarte en Perú también militarizó y cerró sus fronteras, dejando atrapadas a miles de personas en una zona con condiciones climáticas inhóspitas.

Extraer las lecciones y reorganizar las fuerzas

Visto todo lo anterior, no sorprende la victoria del Partido Republicano en las elecciones constituyentes. La traición a la rebelión popular gestada desde el acuerdo del 15 de noviembre y profundizada por el accionar del gobierno de Boric, propició que la situación política del país girara a la derecha y, de esta forma, la rebelión no solamente fue reabsorbida institucionalmente, sino que sufrió una derrota política ante la ultraderecha que, desde el principio, se presentó como la contra-rebelión y se opuso a todas las reivindicaciones de la juventud y los sectores populares chilenos. Para muestra un botón: el candidato más votado para el Consejo Constitucional fue Luis Silva del PR, el cual declaró abiertamente que “no quiere una nueva Constitución”.

Todo apunta que la ultraderecha va implementar la táctica del gatopardismo, es decir, “cambiar todo para que no cambie nada”. Posiblemente, el PR tenga interés en garantizar que se apruebe la nueva constitución en la votación del próximo 17 de diciembre, pues eso legitimaría su papel como partido del orden y capaz de gobernar a Chile. Además, legitimaría la Constitución, algo que no sucede con la actual que fue impuesta en tiempos de dictadura.

kast

Todo apunta a que la disputa dentro del Consejo va ser por el tipo de restitución constitucional a implementar, siendo que la ultraderecha va apostar por ortodoxa neoliberal en el plano económico y autoritaria en los rasgos del régimen político, mientras que la “derecha tradicional” va impulsar un neoliberalismo “democrático” bajo los criterios del Consenso de Washington.

Ante esto, la juventud y los movimientos sociales que protagonizaron la rebelión no tienen nada que ganar y, por eso mismo, desde ya nos posicionamos en contra del proyecto que emane del Consejo Constitucional, pues solamente servirá para legitimar el modelo de Estado burgués neoliberal, subsidiario y represivo que anhela la burguesía, además de que la aprobación del proyecto constitucional fortalecerá a Kast como una figura presidenciable para las elecciones de 2025.

Por último, la derrota política de la rebelión chilena debe servir para extraer las lecciones estratégicas del caso. Sobre todo la importancia de las direcciones políticas dentro de la lucha de clases, que, contrario a los discursos anti-políticos tan comunes a corrientes autonomistas o anarquistas, tienen un papel fundamental en momentos claves para enfrentar con éxito a las fuerzas políticas burguesas, las cuales representan a una clase que tiene amplia experiencia ejerciendo el poder. La rebelión chilena profundizó el enfrentamiento entre la plaza (centro organizativo de las rebeliones populares) contra el poder burgués concentrado en el palacio, pero su radicalización y formas de lucha solidaria desde abajo (las cuales reivindicamos y legaron enormes enseñanzas, como la famosa “Primera línea”) no resolvieron automáticamente el problema de la representatividad política de los explotados y oprimidos, un déficit común a todas las rebeliones que permitió su reabsorción por la vía institución de la democracia burguesa.


Bibliografía

“Los abismos chilenos”. En https://www.nuso.org/articulo/chile-elecciones-constitucion/ (Consultada el 10 de mayo de 2023).

“Chile estalla contra Kast”. En https://izquierdaweb.com/chile-estalla-contra-kast/ (Consultada el 11 de mayo de 2023).

“Boric, la Convención Constituyente y la rebelión popular”. En https://izquierdaweb.com/boric-la-convencion-constituyente-y-la-rebelion-popular/ (Consultada el 10 de mayo de 2024).

“La ultraderecha pone la mira en las presidenciales”. En https://www.pagina12.com.ar/547423-la-ultraderecha-de-chile-pone-la-mira-en-las-presidenciales (Consultado el 11 de mayo de 2023).

“In the swing”, TheEconomist, May 13th 2023, p. 33.

“«El Consejo Constitucional será un laboratorio para la ultraderecha»”. En https://brecha.com.uy/el-consejo-constitucional-sera-un-laboratorio-para-la-ultraderecha/ (Consultada el 12 de mayo de 2025).


[1]Además, AlhuénAntileo Navarretefue electo como consejero independiente por los pueblos indígenas. De origen mapuche y con pasado militante en las Juventudes Comunistas, en la actualidad hace parte del sector moderado de los mapuches cuya estrategia es la conciliación con la burguesía y proyectarse en organismos internacionales (como la ONU); además, es crítico de las medidas de autodefensa contra los terratenientes.

[2] El estallido social de 2019 empezó por el rechazo al aumento de treinta pesos en el pasaje del metro, pero conforme se masificaron las protestas y se puso en cuestión el neoliberalismo salvaje heredado por la dictadura y los “Chicago Boys”, en las manifestaciones se popularizaron los carteles con la frase “No son 30 pesos, son 30 años”, una referencia directa al repudio contra el modelo económico y político del Estado chileno.

[3] El concepto de Estado Subsidiario está vinculado a la escuela neoliberal de Chicago, la cual tuvo una influencia directa en el diseño de la economía chilena durante la dictadura de Pinochet. Su principio central es la no intervención estatal en las actividades económicas desarrolladas por particulares (individuos o empresas), y, por el contrario, aboga por el fomento de la iniciativa privada en todas las áreas posibles (educación, salud, pensiones, servicios energéticos y agua). De esta forma, el Estado solamente debe intervenir en los sectores donde la economía privada no pueda hacerlo, ya sea por sus limitaciones o por la poca rentabilidad. Es una forma elegante de plantear que todas las actividades lucrativas tienen que privatizarse, dejando como ámbito de lo público el aparato represivo (policía, ejército, jueces).

[4]Aunque el proyecto de Constitución incorporó algunos elementos progresivos como el derecho al aborto y otros en materia laboral, no planteó enormes cambios en materia económica y política. Por ejemplo, mantuvo en pie el mecanismo de concesión a empresas privadas de los productos minerales, epicentro del capitalismo extractivista chileno. Con relación a las expropiaciones, mantuvo lo establecido en la constitución de Pinochet: previamente a efectuar una expropiación (propiedad, tierra o bien), el Estado debería pagar la indemnización por adelantado a su propietario. Eso obstaculizaba la ejecución de muchas expropiaciones (algo fundamental para resolver las demandas del pueblo Mapuche), pues requeriría desembolsar sumas multimillonarias, lo cual podía servir de “excusa” para no realizarlas (con más razón en tiempos donde impera la lógica del ajuste fiscal). Para profundizar sobre el tema, sugerimos la lectura de nuestro artículo ¿Qué posición frente al plebiscito constitucional en Chile?

 

[5]En ese sentido, el gobierno de Boric tiene una diferencia sustancial con otros gobiernos de mediación burguesa que surgieron luego de rebeliones, como los “K” en Argentina, Morales en Bolivia o Chávez en Venezuela, los cuales fueron parte del dispositivo para reabsorber institucionalmente las rebeliones, pero gobernaron a partir de relaciones de fuerzas creadas por esos movimientos sociales y, en ese sentido, no traicionaron las rebeliones. Lo de Boric es escandaloso, pues el tipo traicionó una y otra vez, allanando el camino para el triunfo de la ultraderecha.

[6] Bajo este criterio, desde Socialismo o Barbarie llamamos a votar críticamente por el Apruebo en el plebiscito, aunque sin apoyar el texto constitucional. La victoria del rechazo implicaba la manutención de la Constitución pinochetista; asimismo, de haberse aprobado el nuevo texto constitucional, aún con todas sus limitaciones, hubiese sido una palanca para movilizarse en aras de hacer valer los derechos consagrados en el documento, lo que sería imposible en caso de ser rechazado (algo constatado por el giro a la derecha actual). En ese sentido, nos pareció desacertada la política abstencionista del grupo hermano del PTS en Chile (un abstencionismo que pareciera ser la tónica de su corriente internacional, tal como hicieron en Brasil ante la elección entre Lula y Bolsonaro, con el agravante de que fue una política “clandestina”, pues no la hicieron pública para no enfrentar el rechazo por una posición tan sectaria).

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