Por Redacción

Karim Chahuán Cerna, concejal de Renovación Nacional (de la coalición de gobierno de Piñera), fue detenido por las pruebas contundentes de que actuó como organizador de los saqueos que el gobierno pretendía atribuir a las movilizaciones. Con ese discurso, hoy aprobaron una ley que reprime la protesta. Los criminales están en el gobierno.

El gobierno acusó al Frente Amplio, coalición de centro izquierda, de ser el instigador y organizador de los saqueos. Una diputada de la oposición respondió por las redes sociales con un irónico tweet, referido al caso del concejal oficialista: “Se ve que se equivocaron de sigla… porque han sido de RN a quienes arrestaron por el saqueo”.

Este caso se suma al de los arrestos en octubre de un carabinero  y un gendarme por saqueos en un supermercado en Coronel. En su formalización se informó que ambos trabajaban de manera coordinada y que el primero de estos entregó salvoconductos a su grupo.

También se supo hoy de la participación en los saqueos de otro funcionario de gobierno de Piñera, esta vez uno vinculado al gobierno de la ciudad de Santiago: Víctor Sandoval, asesor. Fueron detenidos hoy también dos miembros de la armada por motivos similares.

El gobierno durante todo el tiempo en el que se desarrolló la rebelión popular tuvo un discurso que separa a los “pacíficos manifestantes” de los “violentos y saqueadores”, justificando el accionar represivo por parte de las fuerzas de seguridad e intentando dividir a las masas en lucha. Piñeira cuando tuvo que explicar su célebre frase “estamos en guerra” apuntaba a quienes se infiltran en las manifestaciones para cometer crímenes, saqueos y actos vandálicos.  Que estos casos salgan a la luz debilitan políticamente al gobierno demostrando el mecanismo de la provocación por parte de las autoridades que buscan dividir y deslegitimizar la lucha del pueblo chileno.

Los métodos de la provocación buscan generar desconfianza entre los movilizados, rompiendo la solidaridad entre quienes enfrentan al régimen chileno y debilitar y dispersar sus fuerzas. A su vez, pretenden aislar a las masas en lucha de la mayoría de la población, darle letra a la clase media reaccionaria y evitar que los dubitativos se sumen a la protesta. Así funciona con los saqueos, así ha funcionado siempre. Las denuncias de «violencia» en boca de funcionarios de Piñera y Carabineros suenan a discursos de democracia en boca de Bolsonaro: nadie puede tomarlo en serio.

Sin que se les caiga la cara de vergüenza, los diputados del mismo partido del saqueador defensores de las fuerzas armadas también saqueadoras aprobaron una ley de criminalización de la protesta y las huelgas. En línea con sus simpatías pinochetistas (y, no está de más repetirlo, saqueadoras) votan la legalización de la represión violenta y la judicialización brutal. Amenaza con «541 días a 5 años de cárcel» cuando «valiéndose de la protesta» alguien sea responsable de:

«1. Paralizar o interrumpir algún servicio público de primera necesidad, entendiéndose por tales los servicios de transportes, hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones, afectando gravemente su funcionamiento.

2. Ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros elementos aptos para esos fines.

3. Destruir, en todo o en parte relevante, una vivienda, un establecimiento comercial o industrial, una oficina pública o privada, uno o más vehículos motorizados o la irrogación de daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social.

4. Incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos.

5. Impedir o dificultar la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.

6. Cuando se ocupen o usurpen bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.»

Es evidente la brutalidad de la ley aprobada hoy, que criminaliza incluso el más elemental derecho de huelga y puede condenar a años de prisión a quien participe de una movilización y sea culpabilizado de un saqueo… organizado por los impulsores de esta ley.