En un país dominado por el modelo de educación superior privada, la Universidad de California configura el mayor complejo educativo de financiamiento público de Estados Unidos, con casi 2 millones de alumnos. Hace 3 semanas, 48.000 docentes e investigadores entraron en huelga en sus 10 sedes.

El reclamo es simple: un aumento de salario acorde a la inflación desbocada de los últimos meses. Una historia que parece repetida. Desde el comienzo de la espiral inflacionaria desatada por la guerra en Ucrania, centenas de huelgas surgen en todo el mundo con el mismo reclamo.

Desde la «periferia» del planeta, uno podría pensar que la miseria salarial no es tal en los países imperialistas. Pero resulta que no. «Hay estudiantes doctorales viviendo en sus autos o gastando el 85% de sus salarios en alquiler» cuenta al medio español ElPaís Pablo Quílez, estudiante de física.

El salario mínimo para un investigador o docente no doctorado es de USD 24.000 y el de un docente doctorado de USD 55.000. Unos 3.700 dólares mensuales, menos de la mitad de la Canasta Familiar de California: 7.845 dólares.

Y este cálculo no contempla los costos de alquiler. En algunas ciudades, como Santa Cruz, el salario universitario queda 15.000 dólares por debajo del costo anual de alquiler. Quizá lo más escandaloso es que estos precios corresponden a complejos habitacionales que son propiedad de la misma universidad que designa salarios de miseria.

La huelga universitaria está teniendo un impacto innegable. En principio, cientos de clases y mesas de examen debieron ser canceladas o reprogramadas, imprimiendo un escenario de caos académico sobre las 10 sedes de la Universidad de California. Todos los medios de comunicación (locales e internacionales) tomaron nota de lo que se postula como una de las mayores luchas educativas de la historia estadounidense.

Y la masividad del acatamiento expone la predisposición de estudiantes, docentes e investigadores a mantener las medidas de fuerza. Un hecho que no debería sorprender a nadie, teniendo en cuenta las acuciantes condiciones de vida que narran los estudiantes.

Los trabajadores fueron al paro representados por la sucursal californiana de la UAW (United Auto Workers – Trabajadores automotrices unidos). Fruto del particular sistema sindical estadounidense, se trata del mismo sindicato que representa a los trabajadores de la industria automotriz y aérea, entre otras. Es innegable que este factor le da cierta fortaleza objetiva al conflicto. La UAW es uno de los sindicatos más fuertes de la historia yanqui. Protagonizó huelgas históricas en el siglo pasado que le dieron forma a uno de los movimientos sindicales más fuertes del planeta y su inserción en sectores claves de la industria le proveen enormes recursos materiales y organizativos.

Pero, en términos de dirección, no todo es color de rosa. La UAW atravesó un proceso de burocratización durante las últimas décadas (con deslocalización de la industria y desafiliación masiva mediante) llegando a ribetes de descomposición en los últimos años, con escándalos de corrupción en su cúpulo y un proceso. Dicho esto, la reaparición del movimiento huelguístico estadounidense durante la presidencia de Trump parece haberle dado un poco de vitalidad a este sector. En 2019, la UAW dirigió la mayor huelga automotriz de los últimos 50 años, con centro en la General Motors. Lamentablemente, la tónica reformista de la dirección demócrata del sindicato llevó la huelga a la derrota.

En todo caso, esta vez la dirección de la UAW deberá hacer frente a la contradicción flagrante que significa llevar una lucha de este tipo contra un gobierno que le es «propio». A diferencia del sistema universitario dominante en países como la Argentina post – reforma universitaria, la Universidad de California no tiene nada que se le parezca a un «co – gobierno». Sus autoridades son nombradas a dedo por el gobernador del Estado, y varios de los regentes son (por ley) funcionarios públicos. Gavin Newsom, el gobernador demócrata de corte «progresista» de California, es el responsable directo de todos los reclamos esgrimidos por la dirección (también demócrata y «progresista») de la UAW.

En concreto, los trabajadores universitarios exigen un aumento del 14%. Las autoridades demócratas de la universidad ofrecen un miserable 7% para los empleados de primer año y un 3% para los de años siguientes. Michael Brown, vice presidente de asuntos académicos de la Universidad, rechazó la posibilidad de indexar los salarios según el costo de vivienda por su «abrumador efecto financiero sobre la universidad».

Además del salario, los reclamos incluyen mayor cobertura médica, licencias para trabajadores que son padres o madres y programas de asistencia familiar.

Tras tres semanas de iniciada la huelga, dos cosas son claras. Primero, que los trabajadores universitarios no están dispuestos a bajar los brazos fácilmente. Las condiciones de vida están cayendo a niveles históricos en la primer potencia del planeta fruto de la crisis internacional y la política recesiva del gobierno de Biden.

En segundo lugar, aparece un problema inesperado para las autoridades universitarias y el gobierno californiano. Si no encuentran una forma de cerrar el conflicto rápidamente, la huelga podría extenderse a otros claustros (como los estudiantes de grado y los docentes «titulares», por ahora fuera del conflicto), a otras universidades e incluso a otros Estados del país norteamericano. Si la huelga continúa, podríamos estar frente a un proceso de organización universitario sin precedentes durante las últimas décadas.

Y los estudiantes y graduados podrían cuestionar algo más que las cifras salariales. Lo que se está poniendo bajo la lupa es la esencia de un sistema educativo profundamente antidemocrático y expulsivo, dominado por las empresas privadas y por la mano de hierro de las autoridades puestas a dedo por el gobierno estatal. De escalar el conflicto, las autoridades podrían perder algo más que unos «cientos de miles de dólares» en salario.