Boric, la Convención Constituyente y la rebelión popular

El 11 de marzo Gabriel Boric asumió formalmente la presidencia de Chile. Apenas transcurrieron dos meses desde esa fecha, pero ya son evidentes las contradicciones y límites que caracterizarán el resto de su mandato.

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Asimismo, la Convención Constitucional está bajo el asedio constante de los “momios” –denominación para la derecha reaccionaria chilena- y, según los resultados que arrojan las más recientes encuestas, no hay certeza de que la nueva constitución sea aprobada en el plebiscito del próximo 04 de setiembre. Por último, pero no menos importante, es un hecho que la rebelión popular retrocedió significativamente; esto es una consecuencia directa del acuerdo que impulsó el expresidente Piñera –con el respaldo traidor de Boric, en ese entonces diputado- el 15 de noviembre de 2019, por medio del cual se desvió el malestar social hacia una Convención Constitucional mutilada y se garantizó la continuidad de Piñera hasta el final de su mandato, dejando en pie la institucionalidad burguesa del país.[1]

¿Qué tipo de gobierno representa Boric?

El gobierno de Boric está entrecruzado por dos tendencias contradictorias. Por un lado, su elección levantó enormes expectativas entre sectores de la clase trabajadora, la juventud, las mujeres y comunidades populares, para quienes su mandato expresa las reivindicaciones de la rebelión popular y, en consecuencia, va impulsar la ruptura con el modelo de país neoliberal heredado por la dictadura pinochetista. Por otra parte, desde que supo que disputaría el ballotage con el ultraderechista José Kast, la orientación de Boric y el Frente Amplio (FA) consistió en cerrar acuerdos con los sectores burgueses de la antigua Concertación (otrora pilar del régimen de los treinta años contra el cual estalló la rebelión), ofreciéndoles importantes cuotas de poder en su gobierno y moderar –aún más- el alcance “reformista” de su programa.

A largo plazo ambas tendencias son incompatibles, pues es imposible que el gobierno satisfaga las demandas populares sin cuestionar a fondo la estructura del capitalismo neoliberal y extractivista chileno. Pero eso no impide que, por ahora, Boric instrumentalice las expectativas populares en torno a su figura para contener el descontento social y, al mismo tiempo, construya acuerdos con varios los partidos históricamente asociados al régimen de los “treinta años” –es desde la transición a la “democracia” hasta el estallido de la rebelión-, a los cuales integró en su gabinete otorgándoles importantes ministerios (particularmente a cuadros del Partido Socialista).

Más significativo aún, fue el nombramiento en Hacienda de Mario Marcel, un economista que, durante años, se desempeñó como presidente y consejero del Banco Central de Chile durante los gobiernos de Bachelet y Piñera, que, además, laboró en instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial o el BID. Es un hombre de confianza del gran capital chileno y trasnacional, cuya función será proteger los intereses de la banca y los fondos de inversión, así como aplicar una política de austeridad fiscal; su nombramiento deja en claro el alcance recortado que tendrán las reformas sociales del gobierno.

La composición del gabinete denota lo inestable del “oficialismo” en torno a Boric, el cual devino en una coalición con “tres almas”: 1) Chile Digno –PC y otras fuerzas de izquierda-; 2) Apruebo Dignidad –coalición electoral original entre el FA y el PC-;3) Frente Socialismo Democrático -nombre rimbombante de la antigua Concertación, con la excepción de la Democracia Cristiana-. Sumado a eso, en el Congreso el gobierno tiene una relación de fuerzas adversas, porque los partidos de derecha conservadores son mayoría, lo cual presiona para negociar “hacia abajo” todos sus proyectos de ley.

Por ese motivo, es muy posible que el gobierno rebaje significativamente su programa de reformas con tal de ser más potable con los sectores burgueses en su gabinete y en el Congreso. Esto es mucho decir, considerando que el proyecto del FA se limita a una crítica anti-neoliberal de baja intensidad, cuyo eje es aplicar reformas –progresivas pero superficiales- para redistribuir la riqueza. Pero no debe sorprendernos, pues, aunque Boric -y gran parte de los miembros de su gobierno- procede de las luchas estudiantiles que recorrieron Chile en 2011, su concepción de la política es profundamente institucional y circunscrita al “lobby” parlamentario, un ámbito donde se impone la Realpolitik y el posibilismo reformista, es decir, ceder en casi todo con tal de lograr lo mínimo –que en la mayoría de los casos se traduce en migajas-.

Por todo eso, caracterizamos al gobierno de Boric como social-liberal, el cual posiblemente implemente algunas reformas redistributivas moderadas (aumento salarial, algunos impuestos progresivos, etc.) y realice muchos “gestos simbólicos”[2], pero no va cuestionar los rasgos estructurales del capitalismo neoliberal y extractivista chileno diseñado por la dictadura de Pinochet y los Chicago boys. Pero esa estrategia de “cambiar algo para que no cambie” será fuente de inestabilidad política, pues, aunque su agenda reformista sea tan estrecha, va toparse con la oposición radical de la ultraderecha de Kast y los sectores reaccionarios de la burguesía chilena; asimismo, lo moderado de su programa provocará un distanciamiento con los sectores sociales que protagonizaron la rebelión y depositaron expectativas de cambio radical en su gobierno.

Por sus frutos los conoceréis…

A pesar del corto tiempo transcurrido desde que asumió la presidencia, ya Boric dio muestras del carácter social-liberal de su gestión, caracterizada por una narrativa de cambio –adornada con discursos poéticos y mucha simbología-, pocas señales de reformas y, ante todo, la continuidad de los rasgos estructurales del capitalismo neoliberal chileno, incluida su faceta altamente represiva.

Quizás el caso más elocuente sea su accionar ante el conflicto mapuche, donde demostró una torpeza sin igual, pero, también, dejó en claro que no tiene nada que ofrecer diferente a sus antecesores para solventar la demanda histórica de restitución de tierras de ese pueblo originario. A cuatro días de asumir funciones, la ministra del Interior Izkia Siches realizó una visita improvisada hacia territorio mapuche -concretamente a la zona de Temucuicui-, con el fin de reunirse con la familia de Camilo Catrillanca, un joven asesinado por los carabineros en 2018. La ministra desplegó un operativo mediático con la prensa, pero no coordinó la visita con las jefaturas tradicionales, lo cual fue asumido como un irrespeto hacia los protocolos culturales del pueblo mapuche. Peor aún, cuando se produjo la visita -15 de marzo- estaba vigente el “Estado de Excepción” decretado por el expresidente Piñera para esa zona -el cual se extendió hasta el 26 de marzo-, por medio de la cual militarizó los territorios para reprimir salvajemente la resistencia mapuche. Boric optó por no derogarlo de inmediato para garantizar un “retiro ordenado” de los efectivos de seguridad.

Por este motivo, la ministra fue recibida por la resistencia local con un corte de ruta –atravesaron un vehículo en llamas- seguido de varios balazos al aire; además, dejaron una tela con un mensaje muy claro para el gobierno: «Izkia Siches, mientras existan presos políticos mapuche, no habrá diálogo… En Wallmapu no aceptaremos ningún soborno de un Estado asesino…Fuera forestales, latifundio. No más militarización». Son demandas claras y concretas, ante las cuales la ministra expresó que era importante contar con una “Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para todas las víctimas”; es decir, la “solución” planteada por el gobierno es una apelación al diálogo institucional, pero no dice una sola palabra sobre la restitución de tierras a los mapuches, lo cual implicaría cuestionar el derecho de propiedad de las grandes empresas forestales que usurparon esos territorios.

Vinculado con el tema mapuche, la derecha y el gremio de camioneros–históricamente vinculados a la derecha- presionan al gobierno para que reestablezca el “Estado de Excepción”en la Araucanía, bajo la excusa de asegurar las rutas que atraviesan la zona. Boric se pronunció en contra de la exigencia, alegando que la represión no solucionaba el conflicto con los mapuches; pero se desdijo inmediatamente al indicar que estaba trabajando en un proyecto de ley para decretar “estados intermedios para que justamente fuerzas militares puedan cumplir labores de resguardo, por ejemplo, de carreteras”. Eso satisfizo a la derecha y camioneros –este sector realizó un paro a inicios de mayo y lo desmovilizó tras escuchar la propuesta del ejecutivo-, pero indignó a representantes del pueblo mapuche, para quienes Boric se comporta igual que Piñera.

Otro hecho relevante fue la oposición del gobierno a un quinto retiro del 10% del fondo de pensiones. Durante los primeros dos años de la pandemia (2020-2021), el Congreso aprobó cuatro retiros parciales del fondo de pensiones para paliar la crisis social, lo cual generó el malestar de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pues tuvieron que desembolsar más de 55.000 millones de dólares.[3] En ese momento, Boric era diputado opositor y apoyó los cuatro retiros; ahora, sin embargo, se opuso al quinto retiro–por intermedio de su ministro de Hacienda- señalando que provocaría una espiral inflacionaria y, en contraposición, presentó una propuesta de “retiro acotado”, por medio del cual se permitiría disponer de cierta cantidad de dinero solo bajo ciertas condiciones específicas (como el pago de deudas o ahorro para vivienda y, en la mayoría de los casos, los recursos serían directamente transferidos desde la AFP a los bancos, es decir, no pasarían por las manos de las personas trabajadoras. Finalmente, ninguna de las dos propuestas se aprobó en el Congreso, ante lo cual Boric pareció muy complacido, pues declaró que había que “terminar con la pretensión de que a través de los ahorros personales ciudadanos chilenos se pueden resolver crisis o desigualdades estructurales”. ¡Así suena el capital financiero con acento “progre”!

El gobierno tampoco denota un cambio con relación al carácter ultra represivo del Estado chileno.Por ejemplo, ratificó como Director de Carabineros a Ricardo Yañez, cargo que ocupa desde 2020 cuando fue nombrado por el ex presidente Piñera. Eso explica la continuidad de la represión estatal contra toda movilización, un rasgo muy particular de la “democracia” chilena tras la salida pactada de la dictadura. Por ejemplo, el 25 de marzo se realizó una movilización estudiantil para exigir un aumento de la beca BAES (un subsidio para alimentación), la cual fue repelida por Carabineros con un carro lanza gua y, más grave aún, un oficial de tránsito disparó e hirió a un estudiante que participaba en la protesta. También, el 1° de mayo la policía reprimió la convocatoria de la Central Clasista de Trabajadores y Trabajadoras (la cual fue atacada por “civiles” con armas de fuego, ante lo cual Carabineros se hizo de la vista gorda), lo cual dejó un saldo de cuatro personas heridas y otras dos detenidas.

La única reforma que impulsó el gobierno hasta el momento es el aumento del salario mínimo en unos 60 dólares pagadero en dos tractos, así como el subsidio de algunos productos de la canasta básica. Aunque es el aumento más alto en los últimos años, no soluciona la difícil situación económica de las familias trabajadoras, con más razón cuando el país afronta la inflación más elevada de los últimos treinta años.

La Convención Constituyente en estado crítico

La Convención es una conquista de la rebelión popular de 2019, la cual forzó al gobierno y la derecha chilena a conceder un espacio para redactar una nueva Constitución Política. Pero este organismo nació mutilado, pues el acuerdo suscrito entre Piñera y la oposición –incluido el mismo Boric-, lo vació de contenido al limitar significativamente su poder constituyente, pues lo dejó bajo la tutela de la institucionalidad del régimen democrático-burgués a través de un extenso calendario electoral e imponiéndole un sinfín de trabas; además, bloqueó sus atributos de poder real, pues garantizó la continuidad del Poder Ejecutivo –primero con Piñera y ahora con Boric-, por lo que en realidad no tenía ninguna soberanía política.

Para explicarnos mejor, basta con señalar lo siguiente: desde el momento en que se firmó el acuerdo para convocar la Constituyente (15 de noviembre de 2019) y la fecha pautada para el plebiscito donde se definirá la aprobación o rechazo del proyecto de constitución (04 de setiembre del presente), median 31 meses de diferencia -casi tres años-, entre los cuales se realizaron varias elecciones para determinar la modalidad de trabajo y la elección de sus integrantes. Esto otorgó una gran cantidad de tiempo a los sectores de la derecha –bajo su forma de partidos políticos y medios de comunicación- para atacar la redacción dela nueva constitución y presionar para limitar los cambios en su articulado. Por si fuera poco, en la Convención se impuso un funcionamiento profundamente antidemocrático, pues sus acuerdos tienen que aprobarse por 2/3 en el plenario, una mayoría sumamente difícil de alcanzar que favorece a los sectores de ultraderecha y burgueses moderados, pues, incluso siendo minoría, tienen la fuerza suficiente para bloquear las reformas constitucionales que consideren “radicales”.

Todo eso explica la crisis que atraviesa la Convención Constituyente. De acuerdo a las más recientes encuestas, en este momento el NO es favorito para triunfar en el plebiscito de setiembre, con lo cual se rechazaría la nueva constitución –la cual todavía no está terminada- y sellaría una victoria para la derecha chilena ante la rebelión popular de 2019. De acuerdo a un sondeo realizado por la encuestadora Cadema inicios de mayo, un 46% de la población se decanta por el rechazo, mientras que un 36% dice que votará por la aprobación. Esos datos eran impensables dos atrás, cuando un 78% de la población votó a favor de que se redactara una nueva constitución.

Junto con esto, todo apunta que la carta magna que saldrá de la Convención va ser muy limitada en cuanto a sus reformas. Hasta el momento, sus cambios más significativos son la introducción del derecho al aborto y medidas progresivas en materia de derechos laborales; en cambio, no hay grandes modificaciones en el plano económico y político. Eso es notable cuando se realizan las votaciones en el plenario, donde las propuestas pasan por el filtro de las “tres almas” del oficialismo y por las negociaciones con los constituyentes burgueses.

Veamos dos casos. En cuanto al tema de la minería de cobre –uno de los pilares de la economía chilena-, el plenario votó que el Estado chileno tendría el “dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas” (artículo 4), pero rechazó la nacionalización de las grandes empresas mineras (una propuesta que presentaron los sectores de izquierda). De esta manera, se mantiene en pie el mecanismo de la concesión a empresas privadas, por lo que continuará la apropiación privada de la enorme riqueza mineral del país, tal como sucede ahora.

Otro caso significativo es con relación a las expropiaciones (artículo 20), donde básicamente se mantuvo lo establecido en la constitución de Pinochet: previamente a efectuar una expropiación (propiedad, tierra o bien), el Estado deberá pagar la indemnización por adelantado a su propietario. Eso obstaculiza que se ejecuten muchas expropiaciones, pues requeriría desembolsar sumas multimillonarias, lo cual puede servir de “excusa” para no realizarlas (con más razón en tiempos donde impera la lógica del ajuste fiscal). Además, en los casos donde se realice la expropiación, se premiaría con indemnizaciones multimillonarias a terratenientes y burgueses que se apropiaron de recursos naturales amparados en las leyes y represión de la dictadura, como es el caso de las empresas forestales que robaron las tierras mapuches –alrededor de tres millones de hectáreas-, los terratenientes que controlan las fuentes acuíferas o las trasnacionales mineras que se enriquecen con el cobre chileno.

En suma, la tendencia de la Convención Constitucional es priorizar los acuerdos por arriba entre el oficialismo y los partidos burgueses (con el apoyo de independientes), colocándose de espaldas a las reivindicaciones que impulsaron la rebelión popular. Todo eso se vio facilitado por el retroceso de las movilizaciones sociales y las expectativas generadas por el gobierno de Boric.

Retomar el camino de la rebelión popular para refundar el país desde los sectores explotados y oprimidos

La rebelión popular chilena destacó como una de las más radicales de los últimos años; por eso mismo, representó una escuela de lucha impresionante para amplios sectores de la población, particularmente de la juventud. Por otra parte, la radicalización que se experimentó en la “plaza”no tuvo su correlato en el “palacio”, pues las cúpulas de los partidos burgueses y reformistas pactaron una traición del movimiento, desviándolo hacia un engorroso proceso de Convención Constitucional mutilado desde el inicio. Junto con eso, la burocracia sindical tuvo éxito en bloquear que la clase obrera se sumará de lleno a la rebelión, aunque tuvo que convocar a algunas jornadas de lucha sindical, pero sin darle continuidad para evitar su radicalización.

A todo eso se sumó el triunfo de Boric, cuyo gobierno despertó enormes expectativas entre los sectores populares del país, los cuales lo identifican con la rebelión popular, aunque en realidad siempre operó en contra de la misma y se esforzó por “normalizar” el país, es decir, reencauzar el descontento hacia las “vías institucionales” del Estado burgués chileno. La experiencia con su gobierno recién empieza, pero ya es perceptible el creciente malestar social con sus políticas, pues en poco tiempo la desaprobación hacia su gestión llegó al 57,8%, mientras que su aprobación apenas alcanzó el 24,2%.

A estas alturas queda poco de la rebelión popular, la cual fue desviada hacia el pantano de la institucionalidad burguesa por medio de la Convención Constitucional mutilada y el gobierno social-liberal de Boric. Eso se constata con el retroceso de las movilizaciones, pues, salvo algunas luchas estudiantiles y luchas sindicales parciales en algunas regiones, prácticamente no queda nada del clima de agitación social que recorrió el país hace poco más de dos años.

Ante eso, es preciso retomar las calles para exigir soluciones concretas a las demandas de los sectores explotados y oprimidos. En ese sentido, no se puede depositar ninguna confianza en Boric, pues su programa se limita a impulsar una serie de reformas extremadamente moderadas, con las cuales es imposible subvertir el capitalismo neoliberal diseñado por la dictadura. Junto con esto, denunciamos el intento de vaciamiento de la Convención Constituyente, producto de los acuerdos entre el oficialismo y los sectores burgueses; Chile precisa de una constitución que acabe con el Pinochetismo y refunde el país sobre bases obreras, populares, campesinas y originarias.


Referencias

  1. “La Convención no refleja lo que quierenlos chilenos”, por DW, en https://www.dw.com/es/la-convención-no-refleja-lo-que-quieren-los-chilenos/a-61720077(Consultada el 12 de mayo de 2022).
  2. “Crece la participación de los partidos «de los 30 años» en el Gobierno de Boric”, por redacción, en https://www.laizquierdadiario.com/Crece-la-participacion-de-los-partidos-de-los-30-anos-en-el-Gobierno-de-Boric?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter(Consultada el 12 de mayo de 2022).
  3. “Gobernar en prosa”, por Roberto Herrscher, en https://ladiaria.com.uy/le-monde-diplomatique/articulo/2022/4/gobernar-en-prosa/(Consultada el 12 de mayo de 2022).
  4. “¿Qué hay detrás del debate sobre losretiros y la inexpropiabilidad de losfondos de las AFPs(campaña “con miplata no”)?, por Olga Rojas, en https://litci.org/es/que-hay-detras-del-debate-sobre-los-retiros-y-la-inexpropiabilidad-de-los-fondos-de-las-afps-campana-con-mi-plata-no/ (Consultada el 12 de mayo de 2022).
  5. “Convención Constitucional: lasdemandas populares pueden serderrotadas por los ⅔ y la cocina de la“Nueva Concertación”, por MIT-Chile, en https://litci.org/es/convencion-constitucional-las-demandas-populares-pueden-ser-derrotadas-por-los-⅔-y-la-cocina-de-la-nueva-concertacion/ (Consultada el 12 de mayo de 2022).
  6. “Gabriel Boric y la Nueva Concertación: análisis y perspectivas”, por MIT-Chile, en https://litci.org/es/gabriel-boric-y-la-nueva-concertacion-analisis-y-perspectivas/(Consultada el 12 de mayo de 2022).
  7. “Entienda lo que votó el pleno de la Convención sobre el cobre y la minería”, por MIT-Chile, en https://www.vozdelostrabajadores.cl/entienda-lo-que-voto-el-pleno-de-la-convencion-sobre-el-cobre-y-la-mineria(Consultada el 12 de mayo de 2022).
  8. “Tierras y propiedad privada: La negociación entre la “Nueva Concertación” y los constituyentes de pueblos originarios”, por MIT-Chile, en https://www.vozdelostrabajadores.cl/tierras-y-propiedad-privada-la-negociacion-entre-la-nueva-concertacion-y-los-constituyentes-de-pueblos-originarios(Consultada el 12 de mayo de 2022).
  9. “Entienda lo que votó el pleno de la Convención sobre el cobre y la minería”, por MIT-Chile, en https://www.vozdelostrabajadores.cl/entienda-lo-que-voto-el-pleno-de-la-convencion-sobre-el-cobre-y-la-mineria(Consultada el 12 de mayo de 2022).
  10. “El complicado arranque de Gabriel Boricen sus primeros dos meses de gobierno”, por Consuelo Ferrer, enhttps://ladiaria.com.uy/mundo/articulo/2022/5/chile-el-complicado-arranque-de-gabriel-boric-en-sus-primeros-dos-meses-de-gobierno/(Consultada el 12 de mayo de 2022).
  11. “Los “momios” presionan a laConvención Constitucionalchilena”, por Cecilia Vergara Mattei, enhttps://rebelion.org/los-momios-presionan-a-la-convencion-constitucional-chilena/(Consultada el 12 de mayo de 2022).
  12. “Dudas sobre la nuevaConstitución chilena”,por Cecilia Vergara Mattei, enhttps://rebelion.org/dudas-sobre-la-nueva-constitucion-chilena/(Consultada el 12 de mayo de 2022).
  13. “Comunidad Autónoma deTemucuicui: el Gobierno chileno«continúa con una mirada racistay un trato colonial»”, por Colectivo de Trabajadores, enhttps://rebelion.org/comunidad-autonoma-de-temucuicui-gobierno-chileno-continua-con-una-mirada-racista-y-un-trato-colonial/(Consultada el 12 de mayo de 2022).
  14. “Los complejos primeros días del nuevo gobierno”, por Cristián González Farfán, enhttps://www.sinpermiso.info/textos/chile-los-complejos-primeros-dias-del-nuevo-gobierno-boric(Consultada el 12 de mayo de 2022).
  15. “La primera visita del gobierno de Boric a la zona mapuche fue recibida con tiros al aire”, por Juan Carlos Ramírez Figueroa, enhttps://www.pagina12.com.ar/408321-la-primera-visita-del-gobierno-de-boric-a-la-zona-mapuche-fu(Consultada el 12 de mayo de 2022).

[1] Para profundizar sobre la rebelión chilena, la convocatoria de la constituyente mutilada y el papel de Boric en la traición del 15 de noviembre, sugerimos la lectura de nuestro artículo Chile: entre la rebelión popular, la Convención “mutilada” y la polarización electoral.

[2] Por ejemplo, en sus discursos y actos oficiales instrumentaliza la lucha feminista y de los pueblos originarios para perfilarse como un gobierno del cambio, aunque sus acciones en materia económica, represiva y social no se diferencie mucho de sus antecesores, tal como veremos en el siguiente acápite.

[3] En el caso chileno, las AFP cobran un 10% del salario mensual de cada persona trabajadora y pagan pensiones sumamente bajas, las cuales oscilan los 280 dólares mensuales, muy por debajo del salario mínimo del país e insuficiente para afrontar el costo de la vida.

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