Bolivia: Los golpistas tienen que pagar

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  • Es preciso pelear por la instalación de juicios de responsabilidad a todos los envueltos en el golpe. Desde los ministros del golpismo hasta los altos cargos militares que fueron cómplices y actores de las diferentes masacres como las de Sacaba y Senkata, torturas y persecución a autoridades sucedidas en este año con el aval del gobierno de Áñez, junto a la prensa pro golpista que, como lo veíamos en octubre y noviembre de 2019, incentivó el odio constantemente.

Martín Camacho

A más de tres días de terminar las elecciones se evidencia con contundencia la derrota del golpismo en las urnas. Con más de 90% de los votos confirmados los candidatos del MAS, Luis Arce y David Choquehuanca, consiguen un 54% de los votos válidos, contando más de 3 millones de votos en un electorado que llega a los 7 millones, asegurando una victoria abrumadora. En segundo lugar, Carlos Mesa obtendría un 29% y Luis Camacho un limitado 14%.

Después de tres postergaciones por parte del gobierno golpista de Áñez con la excusa de la pandemia, el descontento se sumaba y evidencia que el gobierno actual no tenía una salida positiva al tener protestas en las calles constantemente. La crisis económica, sanitaria y la corrupción acentuada en el gobierno golpista, llevó a un sector importante de la población que incluye a porciones de las clases medias paceñas, a dar un fuerte golpe a la representación reaccionaria, tanto a Mesa como al ultraderechista Camacho. El país igualmente sigue dividido regionalmente entre el Oriente y el Occidente.

Esto se evidencia en que un sector reaccionario en Santa Cruz y Cochabamba salió a protestar contra el Tribunal electoral alegando “fraude” en el conteo de los votos… Los mismos sectores fascistoides de la juventud cruceñista y la juventud cochala que estuvieron detrás de los atentados racistas del año pasado, hoy protestan por ver que la fuerza de las masas en las calles se terminó expresando de manera abrumadora en las elecciones. Sectores que tienen que ser extirpados de la sociedad si el nuevo gobierno quiere tener algún avance real y no verse nuevamente en intentos golpistas.

Por un lado, la elección evidenció una encrucijada entre dos grandes sectores: uno ligado a intereses oligárquicos-privatizadores y reaccionarios, y el otro burgués de conciliación de clases apoyado por movimientos sociales muchos de ellos en pie de lucha; estos sectores ya están reclamando la dirección de varios ministerios. El actual gobierno tendrá que lidiar con diferentes intereses.

Expresivamente, sólo 3 candidatos tienen representación, los demás ni siquiera llegan al 2%. Falta definir cómo quedarán conformadas las Cámaras de Diputados y Senadores. Por ahora, el MAS tendría las mayorías: 21 senadores de un total de 35. Y, en diputados, serían 73 de 130. Esto puede cambian en alguno para más o para menos, pero sin mucha diferencia.

En segundo lugar, Comunidad Ciudadana de Mesa debe quedar como una oposición con relativamente poco margen con 11 senadores y 41 diputados en total y más abajo Camacho obtendría 4 senadores y 16 diputados, la mayoría en Santa Cruz.

Una de las crisis que tuvo el masismo fue por parte de Evo de querer reelegirse por un 4º mandato, después del plebiscito del 2016 que le decía que no se presentara nuevamente. A pesar de esto, el expresidente buscaría por vías judiciales una nueva reelección. Consiguiendo un mayor descontento en la población, y un alejamiento de un sector de las clases medias que hoy volvió a votar al MAS pero con otros candidatos.

Muchos se preguntaban si con la salida de Evo, figura de caudillo, podrían surgir otras figuras que fueran representativas para el movimiento indígena y popular. A contramano de lo que dictaba Evo, David Choquehuanca, indicado por las organizaciones sociales, sería la figura emblemática para atraer el sector indígena.

En los comicios del 20 de octubre de 2019 el MAS logró 47% y CC conseguía un 36%, antes que fueran anuladas por la farsa golpista.

Pero en esta oportunidad: “Al no estar Evo Morales ni Álvaro García Linera en la papeleta, una gran parte del electorado regresó al MAS porque el referendo de 2016 demostró que la mayoría del pueblo no estaba de acuerdo con la reelección, con la re-postulación perpetua de Evo Morales” (Rafael Archondo, Página Siete).

Parte del reformismo que se ha construido desde la época de Evo Morales, es que los movimientos sociales exigen participación en la gestión del Estado (burgués). Esto es relativamente atípico en otros Estados pero en Bolivia es tanto subproducto de un país con una alta movilización social, enfrentamientos directos, duplicación del Estado por instancias comunales ancestrales, etcétera, como de una práctica prebendaria arraigada donde todo se da a cambio de otra cosa; si en el medio se rifa la independencia política de los movimientos es algo de lo cual se tiene menos conciencia crítica en el país andino; manda la necesidad.

Así las cosas, no han pasado 72 horas de la elección y ya han llegado los reclamos: “Los cinco ministerios que le corresponderían a El Alto son el de Trabajo, Justicia, Agua, Cultura y Relaciones Exteriores. El Alto sigue en el Proceso de Cambio, a El Alto (le) corresponde muchas obras (…). Bajo esa línea estamos trabajando (y) pidiendo a nuestro hermano Luis Arce”, informó el dirigente regional de esa urbe Daniel Ramos. También está la COB, que llamó a huelga general en agosto, queriendo el Ministerio de Trabajo, de Hidrocarburos, Minería y de Salud. Por otro lado, La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, presentó con anterioridad un proyecto de ley para que haya un Ministerio de la Mujer.

Uno de los principales interrogantes sobre lo que viene es qué hará el nuevo gobierno con las cúpulas policiales y militares que propiciaron las masacres. También están los ultra-reaccionarios separatistas que propiciaron un intento separatista en 2009 y retornaron durante este año a Bolivia con apoyo del gobierno de Áñez. Es el caso de Branko Marinkovic, que terminó siendo ministro, o del propio Tuto Quiroga. Al hablar de que se viene un “gobierno de unidad nacional” ya Arce parece haber querido dejar claro que no se perseguirá a nadie. Pero hay que ver si el movimiento de masas, sobre todo en las regiones en que ha habido masacres, soporta que se imponga la impunidad.

Hasta pocos días antes de la elección el arco golpista se jugó incluso la posibilidad de proscribir al MAS. Pero evidentemente no iba a ser fácil proscribir a la mitad de la población; para hacer eso no se podía siquiera convocar a una elección sino avanzar en un golpe de Estado más sangriento, aun tipo los de los años 70, para los cuales no parece haber condiciones en este período. En todo caso, un país dividido por un racismo estructural que viene desde los inicios de la nación boliviana, no puede haber “perdón” para estos actores; la unidad nacional del país sobre todo en relación al Oriente boliviano seguramente volverá a tener nuevos capítulos (un problema que no puede ser resuelto en los marcos del capitalismo; de manera reformista).

Desde abajo y desde la izquierda independiente es preciso pelear por la instalación de juicios de responsabilidad a todos los envueltos en el golpe. Desde los ministros del golpismo hasta los altos cargos militares que fueron cómplices y actores de las diferentes masacres como las de Sacaba y Senkata, torturas y persecución a autoridades sucedidas en este año con el aval del gobierno de Áñez, junto a la prensa pro golpista que, como lo veíamos en octubre y noviembre de 2019, incentivó el odio constantemente.

También, en la medida que las organizaciones de extrema derecha como la Unión Juvenil Cruceñista, la fuerza de Camacho y otras tienen rasgos proto-fascistas, hay que poner en pie Comités de autodefensa obreros, originarios y populares, así luchar por la independencia política de las organizaciones de masas del nuevo gobierno masista que en ningún caso avanzará en medidas anticapitalistas sino, más bien, en una suerte de gobierno neoliberal aggiornado, seguramente al estilo de lo que intenta ensayar Alberto Fernández en la Argentina (claro que sin que perdamos de vista las diferencias estructurales abismales entre ambos países).

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