La Ley fue aprobada en marzo en el parlamento a iniciativa de Museveni, quien gobierna el país hace 37 años. Inmediatamente, generó amplio repudio a nivel internacional.

La legislación considera a la homosexualidad como un «crimen contra el orden de la naturaleza».

La ley castiga con penas de prisión las relaciones sexuales entre personas del mismo género. En casos donde estén involucrados menores o personas infectadas con VIH la ley lo considera «homosexualidad agravada» y el castigo puede alcanzar la prisión perpetua o incluso la pena de muerte.

Se trata de una legislación barbárica que vulnera derechos humanos fundamentales y que generó un amplio repudio internacional, tanto de países como de organizaciones de DD.HH. y la ONU. Sin embargo, en 30 de los 54 países de África existe legislación que criminaliza a la comunidad LGBT.

Como muchos otros países de África, Uganda es un país con una sociedad fuertemente religiosa y conservadora, de mayoría cristiana.

El tratamiento de la ley en el parlamento estuvo plagado de insultos homofóbicos, e incluso el presidente se refirió públicamente a las personas homosexuales como «pervertidos». La Ley fue promulgada en nombre de la protección de los «valores» y la «sagrada familia».

Otro aspecto grave de la ley es el que se refiere a las «organizaciones que incentiven las relaciones entre personas del mismo sexo», una categoría donde no sólo podrían entrar organismos de DD.HH. y colectivos LGBT, sino también partidos políticos que se opongan a esta legislación. Dichas organizaciones pueden enfrentar prohibiciones por hasta 10 años. Por lo que además de barbárico se endurece un régimen fuertemente autoritario.

Es significativo que las leyes anti-LGBT vienen desde la época de la colonización europea, y se han mantenido o reforzado desde la independencia del país, en 1962.