• El martes 17 al mediodía comenzaron los reclamos de trabajadores/as de los shoppings Alto Palermo y Paseo Alcorta que se extendieron a más de 10 establecimientos de la capital y el Gran Buenos Aires. Con ruidazos, cacerolazos y cortes de calle, reclamaron el cierre inmediato de los shoppings para preservar su salud frente a la pandemia. 

Por Luz Licht

Las redes sociales rápidamente se hicieron eco de la situación y mostraron la solidaridad e identificación con el reclamo. En un país con altos niveles de trabajo precario o representes sindicales cómplices de las patronales, las garantías de condiciones que resguarden su salud y garanticen su continuidad laboral, para la gran mayoría de las y los laburantes no existen.

La preocupación generalizada ante la expansión del virus y la apelación al “distanciamiento social” muestran los límites de la política de mantener a la población en sus casas y seguir produciendo. Lejos de garantizar para la gran mayoría de los trabajadores que no se expongan innecesariamente a los riesgos de contagio, el gobierno de Alberto Fernández se lava las manos ante la realidad de un sistema para el que antes que la vida humana, están las ganancias de los empresarios capitalistas.

El alerta comenzó cuando se conoció la información de que en el shopping Abasto una trabajadora de Mc Donalls llegada recientemente de Europa, no cumplió la cuarentena y se presentó a trabajar igual. Se teme seriamente que muchos trabajadores más hayan sido expuestos innecesariamente a posibles contagios. Aún no siendo parte de servicios esenciales para la población,  los empresarios del sector se niegan al cierre de sus puertas. Un vocero de IRSA (empresa dueña de más de 15 shoppings en el país) decía que no habría sanciones si las marcas cierran sus locales, pese a que está prohibido por contrato hacerlo, dada la excepcionalidad que plantea la situación.

Las únicas medidas de los dueños de los shoppings al momento fueron reducir horarios y exigir una distancia de un metro cuadrado por persona, esperando una orden del gobierno para cerrar. La acción de los trabajadores hizo reaccionar tardía y tibiamente a Cavalieri, el histórico burócrata conductor del sindicato de empleados de comercio, con una carta a la Cámara Argentina de Shoppings Centers (CASC) para pedirles “coordinación y solidaridad” ante la situación.

Se replican los posteos y ejemplos de la compleja situación de exposición en que se encuentran las y los trabajadores de distintos rubros, y el desprecio por sus vidas e integridad que a cada paso muestran los empresarios. Como los del transporte (en el caso reciente del recorte de horarios en la línea Roca), o los supermercados que para vender un poco exponen a las personas a concentrarse en grandes aglomeraciones. Se  podía leer por Instagram un testimonio que expresaba:

“Yo trabajo en una juguetería en Pilar, y soy factor de riesgo por ser asmática y haber estado entubada en coma. Después de estar 4 días con gripe y fiebre recién hoy me pidieron que me quede en mi casa, cuando por ley debería estar en cuarentena desde el domingo. (…)”

Lejos de ser egoísmo abstracto o falta de responsabilidad, no se trata sólo de apelar a la responsabilidad individual y no ir a comprar a los comercios que brindan servicios no esenciales. El gobierno a través del Ministerio de trabajo no toma medidas para exigir el cierre inmediato de estos comercios, la burocracia sindical apela a la solidaridad del lobo con los corderos. Exigir las garantías para la salud y vida de las y los trabajadores sólo depende de su organización, de hacer ruido, cortar calles y alzar la voz para poner freno a la lógica del sistema que día a día desprecia la vida humana y la somete a la ley de hierro de la ganancia capitalista.