En esta Convención tomó la palabra Manuela Castañeira – precandidata a Presidenta de la Nación, así como también otros precandidatos del país y referentes sindicales como Emilse y Belén del Sitrarepa quienes llegaron de protagonizar el 1° Congreso Internacional de Trabajadores por Plataformas en California (EEUU).

Se debatió y se resolvió lanzar un programa anticapitalista de medidas de emergencia, el cual estamos publicando adjunto a este comunicado, con el objetivo de que se ponga sobre la mesa una salida desde los intereses de las y los trabajadores, la juventud, las mujeres y LGBTT.

Manuela Castañeira declaró al respecto: «Desde Massa a Milei defienden medidas de ajuste y contrarreformas (jubilatorias y laborales) contra las y los trabajadores y sectores populares. En esta Convención votamos un programa de medidas de emergencia para inclinar la cancha por izquierda, con una alternativa anticapitalista, para que la crisis la paguen los empresarios y no las y los trabajadores como siempre».

La precandidata a Presidenta agregó: «La Convención Nacional también ratificó el llamado a las fuerzas del FITU a poner en pie una gran PASO de toda la izquierda que nos permita unificarnos y dar una respuesta común ante este escenario político complejo. También reclamamos que la CGT deje de mirar para otro lado y convoque a un paro general ya contra la miseria salarial y el ajuste».

7 medidas anticapitalistas ante la crisis del país

Presentamos a continuación un plan de medidas anticapitalistas ante el derrumbe económico de la Argentina pensadas desde los intereses de las y los trabajadores, la juventud, las mujeres y LGBTT y los jubilados/as para ser implementados en los primeros 100 días de gobierno con el apoyo de la movilización popular.

1- Salario mínimo de 500 mil pesos indexados mensualmente.

El salario promedio según los últimos datos oficiales (cuarto trimestre del 2022) fue de 80 mil pesos. Podríamos estimar que actualmente se encuentra alrededor de los 110 mil pesos. Mientras tanto el último dato del INDEC es que la canasta básica total (alimentos y servicios, pero sin alquiler) para una familia tipo es de 192 mil pesos, al tiempo que en el país hay un 35% de trabajo informal y que están por debajo del promedio salarial. Junto a esto, los últimos datos de pobreza disponibles del 2022 estiman que el 40% de la población se encuentra en esta condición, agravado al 50% en el caso de niñes y adolescentes. Un nuevo fenómeno se extiende en el país: si bien los índices de desocupación “bajan”, ya no es suficiente tener trabajo bajo convenio para no ser pobre.

La medida de 500 mil pesos de piso para todos los trabajadores, e indexado por índice de inflación, estructura nuestro programa anticapitalista porque parte de dar solución al problema más sentido de las y los trabajadores: la miseria salarial. El aumento salarial generalizado por decreto permitiría liquidar en gran parte índices desastrosos de pérdida salarial y de pobreza a los que nos han llevado los gobiernos de las últimas décadas y la avivada de los capitalistas que remarcan precios todos los días. Con una inflación interanual por encima del 100%, la única forma de no perder es atar el salario a la inflación y actualizarlo mes a mes (indexarlo) para terminar con la especulación de los grandes empresarios que aumentan precios a costa de pulverizar los salarios. Nuestro planteo de salario mínimo tiene varias dimensiones:

Soberanía: es una medida de soberanía porque obliga a las grandes empresas industriales, agroexportadoras y extractivistas a aumentar el porcentaje de dinero destinado a salarios devengándose de sus abultadas ganancias, y por esta vía retiene en el país parte de los dólares que hoy son fugados al exterior.

Anti-dolarización: ya que refuerza la devaluada moneda nacional como medio de intercambio interno y protege la soberanía monetaria.

Privilegia los intereses de la mayoría del país: porque produce una mejora inmediata y generalizada en los ingresos de las y los trabajadores, rompe con la dinámica de precarización laboral, saca de la pobreza al 40% de la sociedad y da un impulso al consumo y, por ende, a la producción. También beneficia a los adultos mayores cuyas jubilaciones se encuentran destruidas.

No más precarización: Junto con el salario mínimo de 500.000$ impulsamos la inmediata formalización del empleo de todos los trabajadores en negro, contratados o a los que quieren disfrazar de “autónomos” (como las y los trabajadores de reparto por aplicación) bajo apercibimiento penal de toda empresa que incumpla las leyes laborales y de expropiación a toda aquella que despida o cierre, en medio de esta situación de crisis económica y social (respecto de las PYMES impulsamos la asistencia estatal de las mismas para que puedan adecuarse a estos criterios).

2- Plan de obras públicas masivas para reconstruir el país frente al derrumbe capitalista y terminar con la desocupación.

Ningún gobierno hasta la fecha fue capaz de generar condiciones mínimas para el desarrollo económico. El país sigue sin la infraestructura elemental: carece de grandes puertos, de red ferroviaria y vial acorde a las necesidades de la economía, de flota mercante marítima y fluvial propia y de generación de energía continua y sustentable. A eso se suma el déficit habitacional (el crédito hipotecario prácticamente no existe en la Argentina) y la necesidad de obras hídricas para energía (represas) y para prevención de inundaciones y sequías (canalización). Mientras tanto, en el GBA los servicios “públicos” se caen a pedazos y no escapan a la misma dinámica ni CABA ni los grandes centros urbanos del interior del país.

Todos los ejemplos de desarrollo económico reciente, en cualquier lugar del mundo y bajo regímenes sociales muy diversos, muestran que no se puede dar un salto en el crecimiento económico sin un ambicioso plan de obras públicas de infraestructura.

Apuntamos a solucionar los problemas estructurales que afectan tanto a la producción y al comercio (desde caminos, vías férreas, puertos, oleoductos, etc) y servicios (desde el abastecimiento industrial hasta el de las ciudades y concentraciones urbanas). A la vez que incluye un plan masivo de viviendas y urbanización.

Para esto proponemos llevar la inversión en obra pública al 30% (actualmente estaría en 19%) del presupuesto estatal financiado mediante impuestos a las ganancias empresariales, impuestos a las grandes fortunas y todas aquellas medidas tributarias que no afecten al bolsillo de las y los trabajadores (es decir, yendo contra la regresión tributaria que impera en el país), y la incorporación masiva al trabajo de calidad.

Esta medida de soberanía implicaría reorientar los miles de millones de dólares destinados al pago de la deuda externa a los organismos de crédito internacional y acreedores privados y destinarlos a solucionar los problemas estructurales del país. Todo esto bajo  el control estricto por parte de las y los trabajadores, sus organismos y organizaciones, y las y los usuarios para evitar el lucro personal, privado o estatal a costa los intereses colectivos de las amplias mayorías.

3- Shock anti inflacionario y anti capitalista

La palabra shock se ha vuelto a instalar frente al tamaño de la crisis que vive el país, pero en boca del FdT, de Juntos y de Milei significa un ajuste drástico y trauma social en sus distintas versiones. En concreto, hablan de reforma jubilatoria y laboral, de terminar con la inversión en seguridad social (asignaciones, jubilaciones, pensiones, etc), de liquidar la poca obra pública existente, de quitar los subsidios al consumo de energía y al uso de transportes y de destruir la ya deteriorada educación y salud pública. Todo bajo el supuesto de que la inflación y los males del país se deben a que la población vive (aún en la situación de dramática crisis social en la que nos encontramos) “muy por encima de lo que corresponde”.

Nosotros, por el contrario, proponemos terminar en 6 meses con la inflación mediante una serie de medidas de shock anticapitalista que protejan los intereses de las mayorías sociales.

Congelamiento de precios: En el país 20 grandes empresas, la mayoría de ellas multinacionales, controlan el 75% de los precios de las góndolas, y solo 6 grandes cadenas supermercadistas concentran el 80% de la oferta alimentaria al público. Son un puñado de empresarios que remarcan precios a diario y juegan con el hambre de la gente para aumentar sus ganancias. Proponemos el congelamiento inmediato de los precios bajo control de la ciudadanía, y el apercibimiento bajo pena de cárcel a aquellos que atenten contra la salud y la alimentación de la población.

Penas de expropiación y cárcel a los especuladores y fugadores: El recurso financiero más estratégico del país, las divisas extranjeras, está en manos de evasores, especuladores y estafadores. Vicentin no es la manzana podrida sino sólo el botón de muestra del modus operandi de una clase social entera. Son los empresarios del agro, industriales y extractivistas que tienen más de 400 mil millones de dólares (un PBI) fuera del país. Ante tamaña crisis económica y social no se puede permitir la especulación financiera y devaluatoria ni los mecanismos de estafa mediante la sobre o sub facturación, maniobras que funcionan con la connivencia de todos los gobiernos a la fecha y atentan contra los intereses de los trabajadores y por lo tanto del país. Esto debe tener consecuencias penales y económicas para ponerle un freno a las avivadas de todos los Vicentin.

Monopolio del comercio exterior: la falta de dólares responde a la posibilidad que tienen los capitalistas de manejar a propio gusto las divisas que se crean en el país por la explotación conjunta de los recursos naturales y la clase trabajadora. La especulación y la fuga de divisas explican parte del déficit de dólares en el país. Para terminar con el bimonetarismo y la especulación cambiaria de los grandes empresarios y agroexportadores, así como para terminar con la fuga de divisas, hay que decretar el monopolio del comercio exterior y de la banca con el Estado como intermediario, todo bajo control de las y los trabajadores para garantizar los intereses del país.

4- Retenciones del 50% a las exportaciones agrarias y reforma tributaria progresiva.

Según los datos disponibles de recaudación tributaria prácticamente el 50% de la recaudación se explica por IVA e impuesto a las “ganancias” (salario), es decir del bolsillo de las y los trabajadores. Por el contrario, las retenciones aplicadas al comercio exterior representan un escaso 8,8%. Una vergüenza que da cuenta de la regresividad de los impuestos en Argentina (el sistema impositivo argentino es uno de los más regresivos del mundo).

Por eso, para financiar la mejora drástica de las condiciones de vida de la población proponemos invertir el esquema tributario, de manera que sean los grandes capitalistas los más gravados por los impuestos.

Junto con el aumento al 50% de las retenciones agrarias proponemos la eliminación del IVA que afecta fundamentalmente al consumo de las y los trabajadores, además de la eliminación del impuesto a las “ganancias”, es decir, el impuesto al salario (una herencia de Domingo Cavallo que ningún gobierno en los últimos 20 años se atrevió a tocar).

También hay que estatizar bajo control de las y los trabajadores toda la actividad minera incorporando a la vez criterios ecológicos para la misma, al tiempo que pasar a una YPF 100% estatal bajo control de sus trabajadores.

5- Impuesto a las grandes fortunas y ganancias capitalistas para enfrentar la desigualdad.

En Argentina hay 106 familias con fortunas de 100 millones de dólares o más. Y sólo el 0,4% de toda la población concentra el 61% de la riqueza privada del país. Es uno de los países a nivel mundial que menos recauda en impuestos a las grandes fortunas, muy por detrás de Francia, Alemania, Estados Unidos y la mayoría de los países de Latinoamérica.

Proponemos aplicar un verdadero impuesto progresivo permanente (no por única vez) a las grandes fortunas y ganancias capitalistas, con aplicación de una ley penal tributaria de manera que el grueso de la recaudación tributaria se invierta en favor de las y los trabajadores y a costa de las fortunas amasadas por un puñado de grandes capitalistas.

6- Estatización de los servicios públicos bajo control de las y los trabajadores y usuarios

En medio de la discusión planteada por el gobierno y por todo el arco político patronal sobre la necesidad de aumentar las tarifas, quedó al descubierto el desastre al que ha llevado la administración privada del servicio de electricidad. Con olas de calor históricas, el 40% de la población sufrió un corte generalizado del servicio y luego se sucedieron días y semanas en las que miles de usuarios permanecieron sin servicio por la evidente desinversión crónica. Un mecanismo con el que los privados maximizan sus ganancias mientras exprimen la alicaída infraestructura hasta destruirla.

Los servicios de Luz, Agua y Gas deben ser considerados derechos sociales. Para hacer cumplir con el funcionamiento y garantía del derecho a una vida digna proponemos, como reclamaron los vecinos durante el verano, la estatización bajo control de las y los trabajadores y usuarios, única manera de garantizar que el financiamiento y funcionamiento del mismo no sea administrado con la lógica del lucro capitalista, sino en función de los intereses de las mayorías.

7- Ruptura del acuerdo con el FMI:

La crisis del país es inseparable de la estafa acordada entre Macri y el FMI y avalada por el gobierno del FdT. Se trata de una deuda documentadamente fraudulenta, que sólo se considera “legal” porque la sostienen los grandes poderes capitalistas que se benefician de ella, a la vez que redobla la sujeción del país al imperialismo. No es posible construir un país soberano y con futuro si seguimos encadenados a los organismos de crédito internacionales. Basta de lucrar con el país para beneficiar los intereses privados de países imperialistas y de los sectores de la economía aliados a ellos.

Proponemos desconocer la continuidad de los acuerdos estafadores llevados adelante bajo este Estado de los empresarios. Hay que romper con el FMI, dejar de pagar la deuda externa y poner el conjunto de los recursos al servicio de las necesidades sociales y de la reconstrucción de la infraestructura nacional.