En los últimos días, la política nacional fue sacudida por las novedades en la causa de la obra pública conocida como “Vialidad”. El fiscal Luciani presentó en primera instancia el pedido de 12 años de prisión a Cristina Kirchner, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De alguna manera, este ataque judicial dio la oportunidad perfecta al kirchnerismo para tonificar su épica tras un largo período de progresiva desmoralización entre sus filas ante el fracaso en cuotas del  proyecto frentetodista y la crisis política que se dinamizó tras la estrepitosa renuncia de Guzmán (además de un oportuno taparrabos para el ajuste que está llevando adelanta Massa).

Cristina contestó, en una suerte de “cadena nacional”, que la corrupción ensucia también a sectores de la oposición como “Nicky” Caputo (uno de los corruptos más desprestigiados socialmente) y los empresarios amigos de Macri. A su vez, espetó el creativo slogan: “quieren un año de prisión por cada año de gobierno”. Llamativamente, en esta cuenta queda por fuera la gestión albertista…

Los sectores del núcleo duro K comenzaron una serie de movilizaciones en defensa de Cristina, además de un operativo “clamor” para impulsarla como candidata en 2023. Si el contexto internacional ayuda y Lula triunfa finalmente en Brasil (algo que, de momento, no está asegurado), quizás el ataque contra su figura termine instalándola con perspectivas de un nuevo mandato en las próximas elecciones.

Si avanza la causa y hay una sentencia firme, los fueros le impedirían que se la condene salvo que una mayoría de 2/3 en el senado apruebe realizar el juicio político y desafuero (algo difícil). Las novedades del juicio y el pedido de prisión e inhabilitación política son hechos significativos. Una ofensiva de los sectores más reaccionarios contra el kirchnerismo para intentar proscribir a una de las principales referentes que amplios sectores populares identifican con el mejoramiento de sus condiciones de vida (aunque esto se trate más de un “relato” que de la realidad efectiva).

Corrupción y “guerra judicial”

La corrupción tiene dos lados del mostrador. Funcionarios y empresarios son parte de un entramado para “saquear” al Estado. Es un mal endémico del sistema capitalista que viene de larga data, y que identifica también por igual a kirchneristas y macristas.

Por poner algunos ejemplos: la estatización de la deuda del grupo SOCMA en los ´80 durante la gestión de Cavallo en el Ministerio de Economía, donde fue estatizada la deuda de la familia Macri.

A su vez, es indudable que durante el gobierno de Cristina ocurrieron graves hechos de corrupción. La propia Cristina no es capaz de desmentirlo. Pero no es esto lo que motiva el juicio contra CFK, sino el intento de vulnerar la voluntad popular proscribiendo a una de las figura que sigue teniendo, guste o no, amplio respaldo en sectores populares. Una estrategia conocida como lawfare o guerra judicial.

Un mecanismo en la que los sectores más reaccionarios apelan a las palancas del poder judicial para torcer la vara política a su favor. En Brasil lo hicieron contra Lula y Dilma, y en Argentina quieren replicar la experiencia (aunque las condiciones no sean iguales). Para ello, funge como ariete uno de los sectores más conservadores de la estructura política, la Corte Suprema de Justicia, un organismo aristocrático y vitalicio (con mandatos de por vida).

Un sector de la burguesía quiere volver competitiva la economía argentina a costa de aumentar sideralmente la tasa de explotación. Pasar a un régimen de convertibilidad o dolarización de la moneda, liberalizar la industria para que sobrevivan las ramas competitivas (casi ninguna industrializada), y operar una reprimarización que apunte a que nuestro país se dedique a ser simplemente proveedor de materias primas y energía, con los costos ambientales y sociales que esto conlleva.

Para operar esa transformación, tienen que desarmar unas relaciones de fuerza heredadas que se encarnan el entramado social y político de la clase trabajadora y los sectores populares (algunas relaciones de estas son históricas, otras heredadas del 2001). Sindicatos, organizaciones piqueteras y representaciones políticas operan como elementos de contención frente a un eventual desborde anticapitalista, pero también como mediación frente a los planes capitalistas más duros (el menemismo operó en un sentido distinto, pero desde el 2001 al peronismo le costó ir hasta el final en el ajuste).

En medio de una crisis que parecía terminal del Frente de Todos, Sergio Massa fue designado como súper ministro. Representando lo más conservador del FdT, tomó las riendas para operar un ajuste que permita recobrar la confianza de los mercados yendo para el lado de la liberalización económica, pero no sin presiones y mediaciones (por ejemplo de la CGT, que no quiere que le toquen las paritarias, entre otras).

El FdT, como Massa en economía, tiene la contradicción de postularse como alternativa en el avance del plan liberalizador de la burguesía. Aunque, frente al abismo que se abría sólo un mes atrás, seduce a todas sus alas la perspectiva de una eventual estabilización y la promesa de una recuperación económica el año que viene (año electoral).

La contradicción que tienen hasta este punto, es que a la vez de impulsar el ajuste, lidian con una estructura sostenida y enraizada en su vinculación con las estructuras orgánicas de las clases populares (amén de las territoriales, de otro carácter pero que también tributa al aparato estatal). Parte de su estructura de poder se apoya en sindicatos, movimientos sociales y demás organismos como mediación de los reclamos de las masas populares. A pesar de que los dirijan burocráticamente, administrando el descontento en beneficio de sostener el capitalismo de conjunto, son en parte tributarios de esas estructuras.

La burguesía, considerando que es hora de liquidar las mediaciones, va contra los K en función de desarmar estas estructuras que permiten, hasta cierto punto, la resistencia popular amén de la contención de la propia movilización popular y de toda veleidad anticapitalista. Los K y otros sectores del peronismo ven amenazada su propia existencia política, y por eso operan hasta cierto punto una “resistencia” que amenaza con transformarse en “juegos de artificio” entre los de arriba.

Pero el ataque no es contra Cristina K, ni contra el kirchnerismo de manera individual. Es, indirectamente, un intento de ejercer un arbitraje reaccionario en contra de las masas populares. Por eso, desde la izquierda, y a pesar de no apoyar políticamente al kirchnerismo, es decir, de manera independiente y a sabiendas de la corrupción de uno y otro lado, se debe rechazar este avance reaccionario.

Será con la lucha de clases y a partir de la propia experiencia de las masas como lograremos que los trabajadores “salten el cerco” del peronismo hacia posiciones de independencia de clase, y no dejando que esto sea resuelto desde arriba, de manera reaccionaria, por la burguesía más conservadora.

Es decir: deben ser las y los trabajadores los que le “bajen el pulgar” a Cristina K y el peronismo, y no los sectores más reaccionarios de la patronal.

La discusión en la izquierda

La discusión ha calado entre las corrientes del trotskismo. En el caso del FITU, la mayoría de sus integrantes sostiene posiciones que no son de independencia de clase (posiciones gorilas). La más vergonzosa es la del Partido Obrero, que sostiene que “son todos corruptos y deben pagar ante la justicia con la cárcel”.

El asunto es que, con esta posición, el PO queda alineado con los elementos más reaccionarios, incapaz de distinguir los grises y de tener una política realista para transformar la realidad.

No es cuestión simplemente de exclamar contra todos los sectores de la burguesía. Se deben interpretar los matices, las potencialidades y las intenciones detrás de las acciones de los adversarios para poder actuar sobre la situación política.

A pesar de que muchos trabajadores están enojados con el gobierno producto del ajuste que se viene aplicando y les cala el discurso de la “corrupción”, estos sentimientos están siendo utilizados para fomentar un giro reaccionario.

En Brasil, la derecha se aprovechó de las políticas liberales aplicadas por Dilma para impulsar un impeachment que la sacó del gobierno. Y luego el juicio contra Lula. Sectores de izquierda se alinearon junto a los reaccionarios, apoyando esta avanzada. La llegada de Bolsonaro al poder y su avance brutal contra los sectores populares fue el resultado de esta avanzada reaccionaria a la que sectores de izquierda le fueron funcionales.

Ahora, en una posición simétricamente opuesta pero igualmente equivocada, la dirección del PSOL cierra un frente electoral con Lula y otros partidos burgueses derechistas para las próximas elecciones.

La izquierda ha quedado encerrada en un laberinto del que difícilmente se pueda recuperar sin una revisión política correcta. Se averió la brújula de la lucha de clases.

De manera similar, las fuerzas del FITU caen en posiciones diametralmente equivocadas. La posición del PO de que “son todos López”, representa en los hechos un frente único con los jueces que quieren atacar las conquistas populares mediante la intervención arbitraria en el sistema electoral, al proscribir políticamente a una de sus opciones mayoritarias. Por el simple hecho de que, titulando Prensa Obrera pidiendo que “vayan todos presos” no se logrará que entre los imputados de la causa incluyan a Macri, Caputo y compañía (el PSTU en Brasil actuó con la misma política equivocada y terminó legítimamente condenado por parte fundamental de la vanguardia).

Lo que está impulsando la Corte Suprema es la prisión y inhabilitación política de Cristina K con el reaccionario objetivo de acallar un sector de la voluntad popular, y es sobre ese hecho sobre el que hay que posicionarse. Porque lo que está en juego, en definitiva, no es Cristina, sino la voluntad popular de los sectores que simpatizan con su figura (guste o no).

Por su parte, el PTS encara una defensa sin delimitación del kirchnerismo. En su portal, afirman que no se pudo probar un vínculo directo de Cristina Kirchner con los hechos de corrupción (un abordaje legalista que esmerila la delimitación frente a hechos que hablan por sí mismos).

Por otra parte, compartimos el planteo de juicios por jurados y la denuncia de la figura de asociación ilícita para Cristina K (¡hasta Pichetto la rechaza!), pero al plantear que no está probada la corrupción se pierde elementos fundamentales de delimitación e independencia.

Existió la corrupción pero ese no es el centro: el centro es su utilización como excusa para un intento de proscripción de la voluntad popular (algo que se ha hecho en el pasado desde la embajada yanqui frente a gobiernos “nacionalistas-burgueses” como el de Getulio Vargas en Brasil, años 50, o los gobiernos que nacionalizaron el petróleo en Bolivia a finales de los años 30).

De lo que se trata, justamente, es de rechazar esta avanzada reaccionaria sin cederle un centímetro a las corrientes capitalistas. Cristina Kirchner está impulsando a estas horas, junto a Alberto, Massa y todo el Frente de Todos, un durísimo ajuste contra los trabajadores y sectores populares. Enfrentando el ajuste, debemos levantar un programa alternativo que se oponga rotundamente, tanto al peronismo como a los planes reaccionarios de la oposición de derecha.

Ningún arbitraje reaccionario va a allanarnos el camino a la izquierda para convertirnos en una fuerza de masas. Una derrota superestructural, por derecha, del kirchnerismo, solo puede representar un empeoramiento en las condiciones de las masas para luchar y defenderse de ataques más graves que los actuales.

El desborde desde la izquierda enfrentando el ajuste y también cualquier manotazo reaccionario, es el camino que enseña la historia y la tradición del socialismo revolucionario hacia ganarse la confianza de la clase trabajadora.