Argentina: ¡El agua de Mendoza no se negocia! Primer llamado de atención para Alberto Fernández

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A poco más de dos semanas de asumidos los gobiernos de Alberto Fernández a nivel nacional, como expresión de rechazo al ajuste de Macri y derrota de este gobierno por la vía electoral, y de Rodolfo Suaréz en Mendoza, una de las pocas victorias de cambiemos en el país, en la provincia cuyana se ha desatado un gran proceso de movilización que ha devuelto la política a la calle.

Sólo separada por la Cordillera, en la provincia se siente el peso de la rebelión chilena, donde hace más de 70 días las calles son un hervidero de acciones contra el gobierno de Piñera y ejemplo de organización y lucha para todo el continente y el mundo[1].

 

Fernandez se posiciona a favor de las empresas multinacionales millonarias

El 18 de diciembre, en una reunión con la AEA, el recién asumido presidente Alberto Fernández declaró que “en Mendoza hemos logrado que salga una ley para que se involucre en la explotación minera (…) allí está nuestra riqueza”, dejando sentada una posición política y económica que afecta al conjunto del territorio nacional.

No se hicieron esperar las repercusiones: en pocos días se bajó la retención a las petroleras de un 12% a un 8%, se reivindicó a Vaca Muerta como modelo de explotación, se anunció la casi inminente oficialización del sanjuanino Hensel como Secretario de Minería (impulsor de la Mina Veladero en San Juan y responsable de la contaminación del río Jáchal y que hoy cuestiona la Ley Nacional de Protección de territorio Glaciar y Periglaciar), se intentó modificar la ley 5001 en Chubut que prohíbe la actividad minera a cielo abierto y con uso de cianuro, y en Mendoza, Suaréz junto a la oposición del PJ-Frente de Todos, aprobaron la modificación de la ley 7722, transformándola en la 9209, que habilita el uso de cianuro y ácido sulfúrico en la actividad minera.

Mendoza sufre la emergencia hídrica desde hace mas de una década y la megaminería a cielo abierto implica un doble problema: usa millones de litros de agua por día para funcionar e implica un riesgo permanente de contaminación de los ríos y las napas de agua[2].

 

La organización y la lucha en la calle como respuesta popular

La bronca de los vecinos y vecinas se hizo sentir en las calles, con impactantes y masivas movilizaciones, con caravanas que recorrieron kilómetros en “la marcha más grande de la historia de Mendoza”, con la tenacidad de un pueblo que no está dispuesto a entregar así como así, lo que denominan como sus bienes comunes, a los intereses de las grandes empresas megamineras.

Es que el pueblo mendocino se organiza hace años en defensa del agua. En 2007 esa lucha conquistó la sanción de la ley 7722. En ese momento, surgieron asambleas populares por el agua en cada departamento de la provincia desde las cuales se organizaban las acciones. Esas asambleas con sus activistas históricos se nuclean actualmente en la AMPAP, Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura.

Hoy contra la 9209 se suman nuevos actores que desbordan las calles con sus convocatorias espontáneas, barriales, departamentales. Surgen así nuevas asambleas y espacios de organización. Este fenómeno progresivo pone en primera plana la necesidad de la coordinación entre las organizaciones que surgen al calor de la lucha y las que ya existen, como AMPAP y otras organizaciones de trabajadores, jóvenes, del movimiento feminista, etc.

El 23 de diciembre luego de la aprobación de la 9209 quienes marchaban se nuclearon en la Asamblea del Pueblo de Gran Mendoza por el Agua y votaron la conformación de una Coordinadora en Defensa del Agua y los Bienes Comunes, que aúna a organizaciones sociales, políticas, sindicales, ambientalistas, etc. En el departamento de San Carlos, surge la Asamblea de Les Pibes Autoconvocades, en su mayoría jóvenes que vienen de otros procesos de organización y lucha en la calle, como la pelea por la legalización del aborto. El sábado 28 inició la coordinación entre estos espacios, en el marco de la una asamblea de AMPAP en Uspallata, a la cual asistió una delegación de la Coordinadora y de la asamblea de San Carlos. El desarrollo de este proceso tiene enormes potencialidades para fortalecer la lucha.

Consignas como “Suárez basura, queremos agua pura” ; “Olé olá la Cordillera que linda está y si la tocan que quilombo se va a armar” ; “No se negocia el agua de Mendoza” recorren las calles y las paredes de las plazas.

El pueblo mendocino ha hecho que Suárez “retroceda en chancletas” frente a la movilización, teniendo que llamar a una sesión extraordinaria en la legislatura para derogar la ley y diciendo que “no hay licencia social” para la explotación megaminera, aunque sabemos que está pelea sigue abierta.

Fernández y Suárez argumentan que ante la profunda crisis económica que sufre el país y el endeudamiento ante acreedores como el FMI, el modelo extractivista viene a resolver el problema del desempleo y la pobreza y a hacer crecer las economías provinciales y nacional.

Pero en estos días en las diferentes asambleas que se han llevado adelante en Mendoza, hemos escuchado en reiteradas oportunidades, que nadie se cree ese verso. En cuanto a la actividad de la mineria metalifera, se estima que tan solo ha generado unos 10.000 puestos de trabajo en todo el país y que particularmente en Mendoza esta actividad solo tributa un 0,28% del presupuesto anual provincial. “Ningún país ni provincia que se dediquen al extractivismo son ricas. Ahí están desde África hasta San Juan para corroborarlo” argumentaba una compañera en la asamblea, y otro activista reforzaba que “es mentira que van a poder controlar a empresas multimillonarias para evitar la contaminación y el saqueo. Los accidentes de derrames de lodo en Brasil, aun contando con una legislación supuestamente de la más avanzada a nivel mundial, son muestra de esto”.

La desconfianza en los gobiernos de turno se respira en cada asamblea. Es que el negocio es descarado: mientras las empresas multimillonarias expolian nuestra naturaleza con el aval de los funcionarios de turno, el presidente pide “solidaridad” a jubilados y trabajadorxs y que renunciemos a nuestros ya precarios derechos laborales.

El pueblo mendocino tiene un norte claro: “No compremos espejitos de colores. Hasta que la derogación no sea oficial, no abandonamos la calle. Y luego, iremos por todo. Contra el fracking, por la democratización del acceso al agua para los sectores más vulnerables, contra el proyecto minero de San Jorge en Uspallata y Polvaredas”.


[1]     Referencias a cómo organizar “la primera línea” que se enfrenta con la policía en las movilizaciones, los perros “matapacos” de la calle y la propia denominación de la caravana del domingo 22 como “la marcha mas grande la historia de Mendoza” están a la orden del día.

[2]     La megaminería a cielo abierto implica dinamitar la corteza terrestre, amontonarla en pilas de tierra y volcar en ella toneladas de agua con químicos como cianuro o ácido sulfúrico, para que el mineral se separe de la tierra y se lo pueda “colar” y recoger. Los restos de lodo contaminado, van a piletones de contención, donde los “accidentes” o derrames son permanentes y de difícil control por la cantidad de lodo que contienen y que al suceder contaminan agua y tierra a su paso.

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