• Alberto Fernández anunció que se abriría una querella criminal contra la administración de Macri por el acuerdo de deuda con el FMI. Horas después, el Banco Central había abierto la causa penal… pero el gobierno quiere pagar la deuda. Los capitalistas que se llenaron los bolsillos nunca pierden.

Federico Dertaube

Tomando nota de que el macrismo había comenzado la campaña electoral con sus movilizaciones, el gobierno decidió aprender de sus tácticas y lanzar su propia ofensiva judicial.

“Endeudar al país de ese modo, permitir que los recursos que ingresaron solo hayan posibilitado la más asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra y que la toma de semejante crédito haya sido resuelta entre gallos y medianoche, sin intervenciones jurídicas y técnicas previas, con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso Nacional, no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado” dijo Fernández. Y concluyó con que presentarían “una querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.

Las cosas fueron a los hechos rápidamente. El Banco Central había ya preparado un informe sobre las irregularidades del acuerdo y lo presentó a la Oficina Anticorrupción, que ya lo analiza. La causa judicial ya está abierta.

En efecto: la política financiera y de endeudamiento del macrismo fue un inmenso fraude a los trabajadores y el pueblo argentino. La prometida «lluvia de inversiones» fue más bien una tormenta de especulación y fuga.

La Argentina de 2015 era una que ya venía acumulando signos crecientes de crisis. El problema: los capitalistas no ganaban lo suficiente. El gobierno macrista quiso solucionar la crisis económica asegurándose de que los empresarios podían exprimir a los trabajadores y la economía nacional hasta dejarlos secos.

La situación de cuasi bonanza de la era K se fue erosionando al compás de la caída de los precios internacionales de las “commodities”. Un país “competitivo” es uno con cierto nivel tecnológico y productividad. Pero los únicos privilegiados con semejante realidad son los países centrales, la “competitividad” del subdesarrollo pasa por salarios de hambre, jornadas laborales de esclavitud y poca o nula inversión. Los CEO’s del gobierno macrista querían «acomodar» la tasa de explotación de los trabajadores argentinos a su condición de país subdesarrollado… y la resistencia obrera no se los permitió. Los capitalistas (locales o extranjeros, lo mismo da) saben muy bien que Argentina es un país donde se pone poca plata para sacar mucha y ninguno de ellos quiere cambiar esa realidad, donde los ricos se hacen mucho más ricos sin poner ni un peso (a lo sumo se pone algún parche) en máquinas, productividad, etc.

Con el ajuste brutal que intentó implementar (y no logró consumar hasta sus últimas consecuencias), trató se asegurar las estabilización de la economía por dos vías: una, bajar el déficit fiscal (echando trabajadores del estado, eliminando subsidios a los servicios, la reforma jubilatoria, rebajando salarios, etc.); dos, elevar la explotación de los trabajadores (con reformas laborales, rebajas salariales, etc.).

Para que ese plan fuera mínimamente «viable» (aunque fuera una estafa, era necesario que sea una «viable») era necesaria cierta estabilidad cambiaria: que el dólar se moviera lo menos posible, que los capitalistas invirtieran en los pesos que debían garantizarles iguales ganancias que los dólares.

Mientras se encaminaba en ese objetivo, quiso «atraer fondos» con tasas por encima de las de mercado en las LEBAC (y luego otros bonos similares). Esto es, el Estado emitía deuda en pesos con una ganancia a corto plazo mucho más alta que la del mercado para que los “inversores” opten por los pesos y así “aplanar” la inflación. Digámoslo sin vueltas: le regalaban plata del Estado a los más necesitados, los pobres empresarios y especuladores bursátiles, las principales víctimas del populismo. La deuda en LEBAC superaba ya, antes del acuerdo con el FMI, la base monetaria en circulación… entregando así intereses por encima de lo producido en la economía real.

El macrismo impulsó también un sistemático giro de recursos del estado a los ricos. Mientras subían la deuda, les bajaban impuestos a los ricos para mejorar «el clima de negocios». La eliminación de las retenciones a la mayoría de los productos de exportación fue sólo el primer paso. En 2017, el gobierno macrista terminó con la obligatoriedad de liquidar las divisas de las exportaciones en el Banco Central. Se trataba ésta de una ley de 1966, relativamente proteccionista, aprobada bajo el mandato de Onganía. En éste aspecto parcial, Macri estuvo a la derecha de la política económica… de una dictadura militar. Nos explicamos: los exportadores (de soja, por ejemplo) estaban obligados a venderle sus dólares al Estado para así mantener cierta estabilidad cambiaria. El macrismo hizo que tal obligación deje de existir, los sojeros podían llevarse sus dólares a una cuenta suiza sin tener que pisar el sucio suelo argentino que los había producido.

Mientras tanto, el macrismo implementaba un brutal ajuste que, de todas maneras, era demasiado lento e insuficiente para cumplir sus objetivos. Los grandes capitalistas comenzaron a sospechar de que Macri no iba a ser capaz de pagar su deuda y en mayo de 2018 se dio una corrida de fuga de capitales como hacía mucho no se veía. El peso se derrumbó, el dólar subía sin control.

El combo, entonces, fue: endeudamiento con tasas de interés por encima de los producido en la «economía real», permitirle a los capitalistas fugar libremente los dólares que le sacaban al estado argentino, permitir que absolutamente nada de la venta de soja al exterior siquiera se acercara a kilómetros de una cuenta bancaria con radicación local. La receta para una molotov es infinitamente menos explosiva, la corrida cambiaria era un explosivo con una mecha prendida que rápidamente se consumía.

Fue entonces que Macri y Dujovne anunciaron el acuerdo stand by con el FMI, el más grande de la historia del organismo: 57 mil millones de dólares. De ellos, ingresaron efectivamente a las arcas del estado argentino unos 44 mil millones.

Sin embargo, socialmente el ajuste ya era insostenible y aún así era muy insuficiente para los capitalistas. El macrismo quiso contener la fuga de dólares aumentando más y más las tasas de interés, que financió con la deuda contraída.

Terminó, no obstante, siendo también insuficiente y se fueron sucediendo una tras otras las corridas cambiarias que disparaban otra y otra vez la cotización del dólar. Fue entonces que el FMI le permitió al macrismo hacer algo que está prohibido por los estatutos del organismo: usar el dinero prestado para contener la disparada del dólar. Cuando hay una corrida contra el peso, los grandes capitalistas de las bolsas venden sus pesos para llevarse fuera del país, a puerto seguro, los dólares que obtienen. Para que contener las devaluaciones, el macrismo usó dólares del FMI para venderlos más barato que lo que estaban cotizando con la corrida… Literalmente se regaló masivamente dinero de deuda del estado a los grandes bancos y fondos de inversión.

¿El resultado? El macrismo endeudó al estado argentino (entre letras como las LEBAC, deuda con el FMI y fondos privados) por alrededor de 115 mil millones de dólares, de los cuales se calcula que llegaron a fugarse hasta 100 mil millones.

¿Qué hace el gobierno de Alberto Fernández? Con los fondos privados ya cerró sus negociaciones, festejadas por Guzmán y los suyos como un enorme triunfo. El estado argentino deberá pagarles año a año, centavo sobre centavo, dólar sobre dólar, hasta el año 2038. Falta aún cerrar el acuerdo con el FMI, que implicará más y más años de ajustar los cinturones de los trabajadores argentinos para pagar esos 100 millones de dólares que se fueron a engordar las cuentas bancarias de un puñado de multimillonarios.

Pero hay un problema: la bicicleta financiera no es ilegal. En términos capitalistas, son simplemente buenos negocios. La estafa masiva a las masas argentinas, que tengan que pagar miles de millones de dólares por una deuda que no fue a la inversión de ninguna máquina, ningún camino, ningún transporte, ninguna escuela, ningún hospital… es perfectamente legal.

El gobierno, perfectamente capitalista como es, no cuestiona ni una coma de la estafa en sí. Dijo hoy Alberto Fernández sobre la deuda con el FMI: «Este año, la deuda a pagar es de 3.826 millones de dólares. En 2022 esa cifra aumenta a 18.092 millones de dólares. El año subsiguiente el monto asciende a 19.186 millones de dólares. Recién en 2024 el pago de la deuda se cancela abonando 4.921 millones de dólares”. De nuevo, las masas trabajadores empobrecidas de Argentina no vieron ni un dólar de esas sumas monstruosas.

¿No es perfectamente lógico entonces desconocer lo que es tan evidentemente una estafa en gran escala? Ni hablar, el fernandismo dice que el país cumplirá con sus compromisos. La «denuncia» del Banco Central y la querella contra el macrismo tiene completamente otra base, el incumplimiento administrativo requerido para implementar el endeudamiento. La estafa en sí es completamente legal, el macrismo simplemente no cumplió con las formas correspondientes.

Lawfare progresista

La derecha latinoamericana viene usando el bombardeo de causas judiciales contra los funcionarios capitalistas «progresistas» desde hace al menos media década. Su objetivo fue torcer la situación política de manera reaccionaria para que la clase capitalista se saque de encima las administraciones del estado que defendían sus intereses pero con demasiadas concesiones a las mayorías populares. Lo hacían basándose en hechos reales de corrupción o convenientemente inventados, lo mismo daba.

Si lograban meter presos a ex presidentes y funcionarios, tanto mejor, tener que disputar votos es una cosa muy molesta. En el caso en que no, las causas funcionaban de todas maneras como campaña ideológica: las concesiones a las masas eran «para robar», las intervenciones del estado para cierto control de la situación económica era «para seguir robando», los Derechos Humanos eran «un curro para robar», las reformas sociales son «reformas de ladrones», las administraciones progresistas querían simplemente «robarse todo».

Por supuesto que robaron bastante (no «todo», los únicos que se robaron «todo» fueron los fugadores de capitales como hemos visto en la cifras de más arriba) pero el Lawfare servía no para recuperar «lo robado» sino para hacer campaña ideológicas sobre las múltiples maldades del estado populista interventor, de quien los pobres empresarios no serían más que una víctima.

El gobierno fernandista ahora instala una verdadera novedad: un Lawfare progresista, en el que las causas judiciales contra sus adversarios están puestos a disposición de las nobles causas de la soberanía nacional, el desarrollo sustentable, el futuro de la nación y tantas cosas bellas más.

Las causas contra CFK fueron en torno a fraudes en la obra pública. A los grandes capitalistas, a lo más «respetable» de la burguesía argentina, a los dueños del país que vienen siendo parte de esas estafas desde hace décadas y décadas, gobierne quien gobierne, nadie les tocó los bolsillos. A los fondos y bancos que se llenaron de dólares bajo el macrismo con la fuga no sólo no se les saca ni un centavo: se les sigue pagando. Tal vez algún funcionario suelto quede tras las rejas, los capitalistas siguen ganando, gobierne quien gobierne.