Argentina, cocaína adulterada: muerte, estigmatización y complicidad estatal

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  • Las muertes producidas por la cocaína envenenada con fentanilo reavivaron el debate acerca del flagelo del narcotráfico. Una situación que requiere respuestas urgentes y un cambio de enfoque por parte del Estado.

Facundo Oque

A estas horas, son 23 las personas muertas tras haber consumido cocaína envenenada. Hubo también 84 internados. Presuntamente, la sustancia habría sido adulterada con fentanilo, una opioide con el que comúnmente se adultera la cocaína en otras latitudes como Estados Unidos, y, según informan revistas especializadas, es más fuerte incluso que la heroína.

En un primer momento fue difícil identificar la adulteración debido a que las convulsiones producidas en los pacientes internados podían ser síntomas de sobredosis de cocaína. El hecho de la obstrucción respiratoria fue clave para identificar la posibilidad de adulteración con fentanilo. Una vez asumida esta posibilidad, se pudo dar con el antídoto para tratar la intoxicación. Las víctimas son en su mayoría vecinos de Hurlingam. El conocimiento de la adulteración de la droga abrió el debate acerca de si se trató de un envenenamiento intencional, o si en un caso de ineptitud fue el descuido de un narco que se excedió en la adulteración de la droga, generando un cóctel mortal que inhibe el sistema respiratorio. En cualquier caso, los muertos son víctimas del narcotráfico y la inacción del Estado frente a su crecimiento en el país.

Según trascendió en los medios, la hipótesis del envenenamiento intencional es la sostenida por el toxicólogo Carlos Damin, profesor de la UBA y jefe de servicio en el hospital Fernández. Según publicó Página/12, declaró: “No hay fentanilo en las calles argentinas como hay en Estados Unidos. Por lo tanto, estamos hablando de una sustancia cara que de ninguna manera se podía usar para estirar o darle más efecto a la cocaína. No sé si es una guerra entre bandas, pero pienso que lo ocurrido fue intencional. No es habitual, además, que se equivoquen en las proporciones de sustancias”.

Sin embargo, desde el gobierno rechazan esta posibilidad, afirmando que sí existe la producción de fentanilo a bajo costo en el país, inclinándose por la hipótesis del envenenamiento inintencional. Descartan además la posibilidad de que el móvil hubiera sido una pelea territorial, dado que en estas pujas rara vez los narcos se meten con los consumidores, más bien escala la violencia entre las bandas. Inmediatamente conocidos los hechos, la Fiscalía General de San Martín difundió un comunicado de prensa para «poner en conocimiento de la población que se ha determinado que circula una sustancia comercializada como cocaína de altísima toxicidad”. Desde el gobierno pidieron que, quienes compraron cocaína en las últimas horas, descarten las dosis.

Según informaron los propios compradores, la droga adulterada fue adquirida en el “Bunker” de Puerta 8. Se trata de un “kiosko” ubicado en un asentamiento de 20 manzanas ubicado en el partido de 3 de Febrero en el que viven alrededor de 200 familias. Una de las cuatro mil de las llamadas “villas miseria” registradas en Buenos Aires, donde sus propios habitantes cuentan el flagelo de tener que convivir con el narcotráfico, el reclutamiento de niños de 10 años como “soldaditos”, y la escalada de violencia producida por el crecimiento del negocio de la droga. Los vecinos ya habían realizado más de 20 denuncias por venta de estupefacientes en 2021 sin obtener ninguna respuesta por parte del Estado.

La indignación con lo acontecido fue tal que, en Hurlingam, se atacó a un patrullero estacionado a las puertas del hospital municipal. Esto reflejó la bronca, pero también la conciencia de la complicidad policial y estatal con el narcotráfico. El mismo Berni declaró que “todos los días tenemos alguna detención de policías vinculados con el narcotráfico”, intentando expresar que se “hace algo”, pero ocultando los miles de vínculos que unen al narcotráfico con la policía y el Estado. Como si esta vinculación implicara sólo a unos pocos policías aislados y no fuera orgánica y sistemática. Como si los narcotraficantes pudieran ingresar toneladas de drogas duras, pasar barreras aduaneras y controles policiales, trasladarla por todo el país y distribuirla sin una orgánica red de corrupción y complicidad estatal, judicial y policial haciendo la vista gorda, facilitando, e incluso participando del negocio.

Los familiares de las víctimas hicieron eje en otro problema: la falta de lugares de atención para los adictos y sus familias, la falta de contención estatal y del sistema de salud para tratar estas problemáticas. ¿A dónde acude un familiar de un adicto en un barrio pobre para pedir ayuda, información o asesoramiento? La inexistencia de esta contención deja a las familias a merced del narcotráfico, sin saber como actuar ni dar respuesta alguna. Estigmatizando a los consumidores y adictos que, en definitiva, son también víctimas del negocio de la droga y la negligencia estatal.

Esta tragedia pone de manifiesto con toda su magnitud el fracaso de la política prohibicionista, que bajo el lema de “guerra al narcotráfico” apunta principalmente contra los consumidores a través de la figura de la “tenencia”. Cada tanto, la policía realiza un operativo y muestra por televisión algunos detenidos y unos cuantos ladrillos secuestrados. Este “show” se realiza por lo general a expensas de consumidores o pequeños vendedores. Cazan algún “perejil” relacionado al narcomenudeo mientras se deja el camino libre a los “peces gordos” del narcotráfico, blindados por sus vínculos con el poder.

La estrategia hoy hegemónica entre los Estados, la llamada “guerra al nacotráfico” tiene su origen bajo Nixon (presidente de EEUU entre 1969 y 1974). John Erlichman, uno de sus principales asesores, confesó el verdadero objetivo de la estrategia prohibicionista en una entrevista de 1994 que fue publicada recién en 2016: la “guerra contra las drogas” en sí misma fue diseñada para apuntar contra los negros y los hippies: “La campaña de Nixon en 1968, y la Casa Blanca de Nixon después de eso, tenían dos enemigos: la izquierda antibelicista y los negros. ¿Entendés lo que estoy diciendo? Sabíamos que no podíamos hacer ilegal estar en contra de la guerra o ser negro, pero haciendo que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y luego criminalizando a ambos severamente, podríamos perturbar esas comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, asaltar sus casas, disolver sus reuniones y vilipendiarlos noche tras noche en las noticias de la noche. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Por supuesto”.

Es decir, la política que es hoy empleada por los Estados para supuestamente “combatir” el flagelo de la droga, en realidad buscaba estigmatizar a los activistas, a sabiendas de que no iba a tener un efecto real sobre el narcotráfico. De la misma manera, este enfoque es utilizado en nuestro país para estigmatizar y recluir a los pobres, a los habitantes de las villas miseria y barrios populares. Es una expresión más de la represión preventiva para aleccionar a los sectores populares operada por la policía y el Estado, junto con el gatillo fácil y la violencia institucional de todo tipo y color.

Muchos expertos afirman que, de lo que se trata es de cambiar el enfoque frente a esta problemática, evitando la demonización de los consumidores y de aquellos que sufren adicción a las sustancias, fomentar la democratización del acceso a la información sobre los daños y efectos que producen las drogas, así como sobre la calidad del producto circulante. También es imprescindible mejorar el acceso al sistema de salud. Una política de reducción de daños también podría contemplar en determinados casos el suministro por parte del Estado, por medios legales, de las sustancias, en una suerte de ”reducción de daños” para evitar el crecimiento del negocio ilegal, la violencia y destrucción social barbárica que conlleva.

El Estado, en lugar de fomentar actividades sociales, culturales y deportivas, así como espacios de información, recuperación y contención para las víctimas, adictos y sus familiares, hace la vista gorda frente al ingreso y producción ilegal de drogas pesadas al país, así como la policía “libera las zonas” para que se desarrolle el narcomenudeo, violentando a los vecinos y empleando como mensajeros y soldaditos a niños de los sectores populares.

Para exigir estas soluciones concretas, es necesaria la organización desde debajo de las propias familias de quienes sufren adicción o son víctimas del narcotráfico, fomentando espacios de contención, concientización y organización, para exigir al Estado que termine con los narcotraficantes, democratice el acceso a la salud pública y a la información, y termine con la estigmatización de los consumidores.

El Estado debe dejar de perseguir a los consumidores, legalizando la marihuana y despenalizando el consumo y tenencia de toda droga para uso personal recreativo. A su vez, todo el peso de la justicia debe caer contra los narcotraficantes, quienes deben cumplir con condena efectiva el daño que causan a la sociedad, y especialmente a los sectores populares, donde las víctimas de este flagelo se cuentan por miles. El estado debe encarar una política de “reducción de daños”, elaborando campañas masivas de información científica sobre los efectos del consumo de drogas y las adicciones, fomentando la presencia en los barrios con actividades recreativas, sociales y culturales, información y contención social para superar las adicciones y asesorar a los familiares de las víctimas. Dado que el consumo de drogas es un hecho ampliamente difundido, quizás también se debería sostener algún tipo de producción legal-sanitaria para combatir al mercado ilegal del narcotráfico.

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