• Un juez del Supremo Tribunal decidió anular todas las condenas contra Lula. Habían quedado fuertemente en entredicho luego de que se hicieran públicas mensajes intercambiados entre jueces y fiscales responsables de la causa contra el ex presidente en el que decían abiertamente que lo condenaban para que no pudiera participar de las elecciones de 2018.

Federico Dertaube

El líder petista fue preso en 2018 en el marco de la megacausa Lava Jato, que sacudió la vida política del país y abrió una crisis de proporciones históricas en la legitimidad de las instituciones brasileñas. Específicamente, Lula fue condenado por presuntamente haber recibido de parte de la constructora OAS un departamento en São Paulo como soborno por haber sido beneficiada la empresa durante las licitaciones de Petrobras.

Preso entre 2018 y 2019, antes de las elecciones que consagraran a Bolsonaro como presidente Lula medía como el candidato que por lejos más chances tenía de triunfar. Así fue que ordenan su detención a pesar de que las leyes brasileras no permiten la prisión hasta que se agotaran todas las instancias. La intención era que el principal candidato el país no pudiera participar y así el Poder Judicial se superpuso a la voluntad popular, poniendo ellos los resultados antes de que el primer sobre entrara en la primera urna.

Lula fue condenado en primera instancia por el juez Oscar Moro, quien luego fue Ministro de Justicia del archireaccionario Jair Bolsonar. A partir de ahí, el Poder Judicial en su conjunto encabezó un ataque duro contra el PT y todas sus banderas “progresistas” que decía defender. No solo encarcelaron a Lula, sino que lo proscribieron y, ante la pasividad del PT y la CUT, esa situación le abrió las puertas al triunfo de Bolsonaro.

La legitimidad del juicio en su contra ya estuvo fuertemente cuestionado a partir del 2019. El sitio Intercept hizo públicos mensajes intercambiados de 2015 a 2017 entre el ex juez federal y actual ministro de Justicia Sergio Moro, el fiscal del Ministerio Público Federal (MPF) Deltan Dallagnol y demás fiscales, en los que reconocían abiertamente que el juicio contra Lula era para sacarlo de la carrera presidencial. El objetivo primordial era imponer la victoria de la derecha en las elecciones de 2018.

La Operación Lava Jato

Su nombre viene de que las primeras pesquisas se dieron en torno a operaciones de lavado de dinero en una empresa de Lavado de autos –quien haya visto la serie Breaking Bad puede nuevamente certificar que la realidad y la ficción tienen una relación orgánica que a veces las hace indistinguibles-. A partir de ahí se destaparía un entramado de fraudes el Estado centrados en la empresa Petrobras que irían ganando en escala día a día. Los cambistas responsables del lavado de dinero fueron los primeros en caer, y la pieza clave para que se vincule a éstos con la política sería Alberto Youssef. De los vínculos entre él y el expresidente de Petrobras, Paulo Costa, saldrían a la luz los vínculos entre el lavado de dinero y la administración de la petrolera estatal.

De ahí en adelante, la causa sería llevada a cabo a partir centralmente de los testimonios de Costa y Youssef, sumado a las investigaciones y evidencias previas. En sus inicios, quienes se vieron más afectados por Lava Jato eran miembros de partidos opositores al PT y funcionarios del anterior gobierno del PSDB. Según las declaraciones, el esquema de corrupción había comenzado con el gobierno de Henrique Cardoso a fines de los 90’. Casi no había nadie limpio en la mega-causa. A partir de los testimonios quedaron bajo la lupa la propia Dilma, su contendiente en las elecciones del 2014 Aécio Neves, el presidente del PSDB José Serra y el mismísimo Michel Temer. Con la investigación a su cargo, Moro ordenó la detención de Lula en 2014. ¿Cómo acusado? No. Pasarían otros dos años antes de que Lula fuera procesado. El ex presidente había sido llamado a declarar como testigo y en calidad de tal es que Moro ordena su detención. La misma duró poco, con otros jueces acusándolo de parcialidad e inconstitucionalidad e incluso la policía no aceptando sus órdenes por la evidente maniobra política que había detrás de su ejercicio de la justicia.

En medio de la vorágine de la investigación, con un gobierno del PT debilitado por el descontento y el deterioro económico, se desataron las movilizaciones masivas de la clase media exasperada que comenzaron a exigir en la calle cosas como “¡intervención militar ya!”.

Como vemos, el resultado electoral que dio el triunfo a Bolsonaro surgió de todo un proceso previo. Las elecciones son el resultado distorsionado de una determinada correlación de fuerzas entre las clases construida extra-electoralmente. Para lanzar una ofensiva reaccionaria capitalista contra las amplias masas brasileras en la que no tuvieran peso alguno la base social de trabajadores y las tradiciones “progresistas” del PT, para hacer pasar un ajuste sin límites, el aparato del Estado de Brasil, apoyado en un movimiento proto-fascista de clases medias, dirigió todo su poder a desbaratar el peso del PT.

El Poder Judicial, con Moro entre sus más destacados miembros, lanzó golpe tras golpe al PT descabezando su organización, desmoralizando a sus miembros y aislándolo de amplias capas de oprimidos y explotados. Por su parte, el lulismo aceptó las reglas del juego de los jueces y los dejó avanzar una y otra vez. Primero, les regaló la calle; luego, aceptó el encarcelamiento de Lula. Con un PT indefenso y una burocracia sindical sin iniciativas, amplios sectores de trabajadores que ya venían decepcionados de su gobierno giraron a la derecha arrastrados por la ola reaccionaria de las clases medias cebadas por personajes como Bolsonaro.

Más que Temer, más que el Congreso, más que el PT, más que las propias elecciones, el verdadero poder recayó sobre los jueces. Ellos atribuyeron poderes políticos y proscribieron candidatos según las necesidades del giro reaccionario y de ajuste de la clase dominante. Jugaron así un rol bonapartista por encima de la institucionalidad clásica de gobierno “republicano”, y Moro fue uno de los principales responsables y cabeza de ese cuasi gobierno de jueces con el títere de Temer en la banca presidencial. Intentaron luego institucionalizar esa alianza con el ingreso de Moro al gobierno de Bolsonaro, pero fracasaron.