Mientras Brasil ya transita la campaña para el balotaje del próximo 30 de octubre entre el mandatario Jair Bolsonaro y el expresidente Lula da Silva, el debate económico se vuelve uno de los principales temas de la campaña electoral. Uno de los aspectos del debate tiene que ver con el endeudamiento en Brasil.

Mientras Lula centró su campaña en la primera vuelta en los «logros económicos» de sus mandatos (cuidándose de no incluir los gobiernos de su sucesora y aliada, Dilma Rousseff), Bolsonaro también ha hecho lo propio en el último tramo de la campaña.

El bolsonarismo ha salido a instalar la idea de un supuesto «éxito económico» durante el mandato del actual presidente. Se basan en una serie de datos parciales, tergiversados o manipulados a conveniencia. Por fuera de los indicadores más técnicos, los índices socioeconómicos son demoledores para Bolsonaro: durante su gobierno prácticamente se triplicó el porcentaje de personas que sufren hambre, y aumentó de manera sideral el porcentaje de personas que sufren inseguridad alimentaria.

Además, el salario mínimo en dólares continuó en picada y aumentó la informalidad y precariedad laboral, a pesar de que las sucesivas reformas laborales neoliberales prometían lograr justamente lo contrario.

Pero si nos centramos en los datos más duros que miran los economistas, la gestión del ex capitán del ejército no sólo no expresa ningún «éxito económico», sino que continuó y en algunos casos empeoró los problemas que ya habían empezado durante los últimos años de Dilma y que se profundizaron con Temer. El caso testigo de esto es el endeudamiento.

Desde el año 2014 hasta hoy, la deuda pública de Brasil ha sufrido un aumento sideral. Y los cuatro años del gobierno de Bolsonaro no han sido la excepción.

Para decirlo sencillamente, Brasil está entre los países con mayor monto de deuda del mundo. En 2020, la deuda total, que incluye la del gobierno federal, los gobiernos estaduales y municipales, superó los 1.4 billones de dólares (U$S1.429.452 millones).

Con vaivenes, este número ha ido escalando progresivamente durante más de una década, incluido el actual gobierno de Bolsonaro.

Las proporciones del progresivo endeudamiento pueden verse mejor si se mide la deuda pública en relación al PBI del país. Cuando Dilma Rousseff asumió su último mandato en 2014, la deuda pública de Brasil representaba el 62,3% del PBI del país. Ese porcentaje no paró de crecer y llegó a estar en el 98% con Bolsonaro.

Cuando Dilma fue eyectada de la presidencia a través del impeachment, la deuda pública ya había dado un salto hasta el 72,5%.

Con el gobierno de Temer, donde comenzó una fuerte política de ajuste y de privatizaciones, la deuda siguió aumentando, alcanzando el 83,6% del PBI en 2017.

Los dos años de Bolsonaro antes de la pandemia siguieron aumentando la relación deuda/PBI. En 2018 llegó al 85,6% y en 2019 al 87,8%.

En este punto, es importante destacar que de la mano de Bolsonaro ya habían comenzado las privatizaciones (e incluso antes con Temer), cuyo uno de sus objetivos explícitos eran reducir tanto el déficit fiscal como el endeudamiento.

Las privatizaciones se centraron en el sector energético. Ya con Bolsonaro, en 2018 el Estado vendió seis distribuidoras que eran propiedad de Eletrobras, la empresa nacional de energía, por entonces también estatal. En ese año se privatizaron Cepisa, del estado de Piauí, y Ceal, del estado de Alagoas, a Equatorial Energia; Eletroacre (Acre) y Cerón a Energisa; y Roraima Energia (Roraima) y Amazonas Energia (Amazonas) al consorcio Oliveira Energia.

Eso no evitó que la deuda pública continuara en aumento, tal como venía sucediendo ya desde la última época de Rousseff y luego con Temer.

Pero el gran salto del endeudamiento vino con la pandemia. En 2020 la deuda pública brasileña llegó a su máximo histórico en relación a su PBI, alcanzando un 98,6%, es decir, prácticamente un PBI entero de deuda. Ese año las privatizaciones no se detuvieron: por ejemplo, el Estado vendió Companhia Energética de Brasília-Distribuição (CEB-D) a Neoenergia por US$488 millones.

En 2021 y lo que va del 2022 el porcentaje bajó luego del pico del 98%, por una serie de razones. En primer lugar, porque el PBI sufrió el típico «rebote» luego de una fuerte caída durante la pandemia, lo que «normalizó» relativamente los ratios deuda/PBI. Pero, además, porque Bolsonaro pisó el acelerador en el ajuste y las privatizaciones para pagar deuda.

El año pasado el gobierno agilizó las privatizaciones de empresas energéticas. Companhia Elétrica do Amapá (CEA), fue comprada en junio de 2021 por Equatorial Energia por 50.000 reales; y la empresa estatal de transmisión de Goiás, CELG-T, adquirida por EDP en una operación de 1.980 millones de reales.

En el sector de hidrocarburos, Compass Gás e Energia de Cosan adquirió el 51% de la empresa de gas Sulgás, perteneciente al estado de Rio Grande do Sul, en 2021 por 1.000 millones de reales.

Todas estas ventas de empresas fueron preparando el terreno para el gran zarpazo privatizador de este año, cuando Bolsonaro vendió la empresa estatal madre Eletrobras, la más grande de América Latina en su rubro.

Tras la privatización de este gigante, el Estado recaudó más de 6.000 millones de dólares, a cambio de dejar en manos de empresas extranjeras (de Singapur y Canadá principalmente) la más importante empresa de distribución eléctrica a nivel nacional.

Un mes después, en julio, algunos Estados hicieron lo propio con sus compañías estaduales, como en Rio Grande do Sul. La Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica (CEEE-G) de ese Estado fue vendida por U$S 157 millones.

En caso de derrotar a Lula en la segunda vuelta y obtener un segundo mandato, el actual oficialismo ya ha manifestado abiertamente su voluntad de avanzar con la que sería la privatización de la empresa estatal más importante de Brasil: Petrobras.

Entre la recuperación del PBI, las privatizaciones y las políticas de ajuste, el endeudamiento en Brasil se ha moderado luego del pico histórico de la pandemia. Sin embargo, si se lo pone en perspectiva con los últimos gobiernos, la gestión de Bolsonaro representa una continuidad en las políticas de endeudamiento sideral de la última década. Para peor, el endeudamiento ha ido de la mano de las políticas neoliberales de privatizaciones y venta de los activos del Estado (sobre todo en un área tan sensible como la energía y los hidrocarburos), retrayendo enormemente la capacidad del Estado de intervenir soberanamente en esas actividades.

En resumen, los cuatro años de gobierno de Bolsonaro sólo pueden considerarse un «éxito» para los grandes empresarios nacionales y extranjeros que han hecho negocios con las privatizaciones, el capital financiero que vive del endeudamiento sideral de países y los capitalistas que se beneficiaron de las medidas de ajuste y contrarreformas laborales para maximizar la explotación contra el pueblo trabajador de Brasil, que sufre niveles récords de hambre y pobreza. Una eventual reelección de Bolsonaro significaría un fuerte impulso a estas políticas criminales.