Sthefanny Zúñiga

En este artículo abordaremos los elementos histórico-políticos más globales que condicionaron al pueblo colombiano. Se hará especial énfasis en el desarrollo del conflicto armado entre las guerrillas, el narcotráfico, el Estado y los paramilitares, del cual sus principales víctimas fueron los sectores populares y oprimidos. Esto como un primer acercamiento al país cafetero y sus dinámicas.

El conflicto armado: un baño de sangre histórico

El conflicto armado en Colombia es uno de los períodos más estudiados, esto por las profundas repercusiones que tuvo -y tiene- en la configuración social, política y económica del país.

En la década de los 60, los partidos Liberal y Conservador comenzaron a construir su proyecto de Estado. Esto se llevó a cabo por medio del Frente Nacional, de forma tal que, para los años 70, ya los partidos dejaron las disputas y las agresiones. A la par del proyecto de estas élites, algunos sectores se sintieron excluidos, lo cual dio paso al surgimiento de nuevos grupos guerrilleros.

El Frente Nacional “fue tachado de ser un régimen autoritario, en el que el Ejército adquirió un gran poder y el Estado de sitio (…) se convirtió en práctica cotidiana para debilitar a la oposición”ⁱ, lo cual dio pie a que el conflicto social discurriera por vías más confrontativas.

Mientras tanto, durante los 60 y 70, Colombia tuvo un cambio demográfico debido al aumento de la población; esto provocó una transición hacia lo urbano y la emergencia de algunas regiones industriales y otras vinculadas al agro. En el Cauca se dio el cultivo de caña de azúcar, al igual que en Cali, además de la llegada de la industria de agroquímicos y se mejoró el puerto, fortaleciendo el comercio, industria y finanzasⁱⁱ. De esta forma, se configuró el proceso de industrialización en Colombia impulsado por el Frente Nacional?

Sin embargo, los goces de este modelo de desarrollo no llegaron a toda la población; de hecho, excluyó a la gran mayoría, lo cual provocó mucho descontento y movilizaciones de distintos sectores, como el sindical y el estudiantil. Además, este proceso trajo consigo un debilitamiento del bipartidismo entre los barrios.

Asimismo, en los 60 se conformaron dos de las principales guerrillas colombianas: las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estas dos se constituyeron como guerrillas rurales. En el caso de las FARC su orientación pasaba más por obtener tierras para el campesinado, mientras el ELN a pesar de ser rural buscó construirse en algunos centros urbanos y su orientación pasaba más por buscar tomar el control del poder estatal. En los 70 aparecería una guerrilla de constitución urbana, el Movimiento 19 de Abril, M-19 la cual se construyó en centros urbanos y universidadesⁱⁱⁱ.

En cuanto al narcotráfico, para mediados de los 70 ya era en un problema para los gobiernos. Por ejemplo, en 1973 “por su aeropuerto [ciudad de Leticia S.Z] salían cada año 1.200 kilos del alcaloide [cocaína S.Z]. En esta ciudad operaban organizaciones de contrabandistas que ya traficaban con droga”^iv. En su primer desarrollo aparecieron varias familias que tomaban control de cada región, posteriormente comenzaron a aparecer organizaciones agrupadas en cárteles. Uno de los más importantes fue el de Pablo Escobar, quien tuvo lazos con los gobiernos (dio apoyos económicos a candidatos conservadores) y llegó a ocupar puestos de elección popular.

Con el ascenso de ambos grupos -y el viraje de las guerrillas hacia el tráfico de drogas para financiarse- se dio un periodo de disputas territoriales en tres frentes: Estado-narco-guerrillas (principalmente contra estas últimas). Ya en los 80 la violencia escaló desproporcionadamente contra la población en general, lo cual se manifestó con oleadas de secuestros, reclutamientos forzados, ataques con bombas las ciudades, etc.

Un ejemplo de este baño de sangre fue la masacre en la Universidad Nacional, cuando la policía invadió el campus universitario -con el previo asesinato y tortura de un líder estudiantil, Jesús León, en Cali-, para lo cual se ampararon en la “excusa” de que había personas infiltradas del ELN. En total, 81 personas fueron detenidas y torturadas. Esto se dio en el marco, también, del resurgimiento de enfrentamientos entre liberales y conservadores^v.

Para los noventa, el Estado buscó la desmovilización de las guerrillas, lográndolo con el M-19 y, para crear la ilusión de un “ambiente de paz”, se propuso una nueva constituyente con la cual se cedieron algunos derechos democráticos, además de reconocer a Colombia como una nación multicultural. La constitución aprobada tuvo elementos formalmente progresivos, pero no se tradujeron en una democratización real del país, el cual siguió marcado por la explotación, la violencia y opresión social, por lo cual no cerró las fracturas que atravesaban el tejido social colombiano. Eso explica que Colombia ingresó al siglo XXI arrastrando los problemas sociales que no pudo resolver en el siglo anterior, los cuales son el trasfondo de la actual rebelión popular.

De cara al nuevo siglo: Plan Colombia, ESMAD, Falsos Positivos y la firma del acuerdo de Paz.

En los noventa, Colombia se sumó a los países que aplicaron la receta del Consenso de Washington, lo cual impuso un viraje en el modelo económico del país, el cual pasó de un modelo de exportaciones (que venía desde los 60) a uno de importaciones, cuyo resultado fue el debilitamiento del proceso de industrialización: por ejemplo, con la reducción de aranceles “el escaso tejido industrial que se había construido se debilitó y en muchos casos desapareció, y el perfil exportador terminó volcándose hacia los recursos naturales (sobre todo, carbón y petróleo).”^vi

Además, Colombia comenzó a presentar problemas financieros y en su crecimiento económico; a diferencia de los años 80 cuando era usual que se mantuviera sobre el 2%, “desde 1991 ha habido cinco años con crecimiento por debajo del 2%, incluida la que, antes de la pandemia, había sido la peor recesión de la historia económica de Colombia desde que existen datos: el año de 1999 (-4,2%). Además, en el último quinquenio el crecimiento promedio se ha reducido a 2,3% (con lo que el crecimiento per cápita es prácticamente nulo).” ^vii

Este panorama ya daba cuenta del fracaso del modelo neoliberal. Junto a esta perspectiva económica, prosiguió el viraje militarista del Estado colombiano, sentando las bases que condicionaron el desarrollo actual. A esto se sumó el desarrollo de otros dos procesos: la creación de grupos paramilitares y el Plan Colombia.

En 1999 se crean los CONVIVIR, unas “cooperativas para la autodefensa” que son el modelo de las agrupaciones paramilitares en la actualidad^viii. Estas tuvieron su origen en Medellín, gracias a Álvaro Uribe, quien, en su enfrentamiento con las guerrillas, optó por impulsar medios más violentos y por fuera de la legalidad. Igualmente, a finales de los 90 se creó el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) que, en adelante, se constituyó en el grupo de choque del Estado para reprimir las protestas y sembrar el terror con sus incursiones en los barrios populares. Todo esto acentuó la militarización del conflicto social -que ya no era nada raro-, apoyado por una fuerte entrada de fondos estadounidenses.

Este impulso militar tuvo su raíz en el Plan Colombia, un acuerdo bilateral entre este país y los Estados Unidos en el marco de la “guerra contra las drogas”. Mediante este plan se otorgaron fondos (860.00 millones de dólares), principalmente para los militares y la policía (cuyo monto de ambos asciende a más de 600 millones de dólares) y una serie de armamentos de corte militar:16 helicópteros Blackhawk y 30 UH-1H Huey, además de equipos de combate y comunicación^ix.

Con estos desarrollos militaristas para abordar el conflicto en los 2000 salieron a la luz los Falsos Positivos, los cuales consistieron en secuestros, tortura y asesinatos de civiles a manos de militares para hacerles pasar por “guerrilleros” capturados y reclamar incentivos monetarios (entre 2002 y 2008 el gobierno pagó “comisiones” a los soldados por cada cuerpo que presentaba).

Las principales víctimas de esta violencia fueron las personas jóvenes de los barrios empobrecidos; en total, según el Justicia para la Paz, se reportaron poco más de 6400 víctimas entre el 2002 y el 2008^x. Vale resaltar que esta es una práctica que se ejecutaba desde, por lo menos, los años 80, pero que en este periodo tuvo un gran incremento por el incentivo económico.

Otra de las formas de violencia normalizada es contra las mujeres y niñas, principalmente en las manifestaciones, pues las fuerzas represivas consideran que cuerpos de las mujeres se ven como un objeto a ser usado y castigado. Esto sucede en la actual rebelión, como se desprende de los relatos de mujeres detenidas por la policía: “Yo estaba muy paniqueada (asustada), tenía miedo de lo que me pasará. Uno de esos policías se descuidó y abrió un poquito el circulo en el que me tenían y yo logré coger fuerzas y correr. Corrí como 10 minutos, estaba muy asustada”^xi.

Sobre esto se debe señalar que la policía cuenta con “métodos” para separar a las mujeres de los grupos, lo cual denota que conscientemente emplean la violencia sexual como parte de su “protocolo” represivo. De acuerdo a la organización Temblores, entre 2018 a 2019, se dieron 241 denuncias por violencia sexual contra la fuerza pública; en medio de las manifestaciones, incluso, las comisarías se convierten en lugares sumamente violentos^xii.por un prusiano

El inicio del siglo XXI trajo consigo el desgaste del bipartidismo colombiano, pues en este periodo aparecieron varios partidos pequeños. De acá lo que interesa es la aparición del partido de la U, fundado por Álvaro Uribe tras su salida del partido liberal; esto facilitaría la emergencia de Uribe como “hombre fuerte” para enfrentar a la guerrilla, por lo cual se incrementó la violencia estatal para aplacar el conflicto social. Este partido luego sería tomado por el “Santismo” y el presidente Juan Manuel Santos impulsaría un acuerdo de Paz con las FARC, el cual se concretó después de un referéndum en el 2016, a pesar de la oposición Uribista y de los sectores de extrema derecha. Por su parte Uribe salió del partido de la U y fundó el Centro Democrático, partido que llevaría a la presidencia a Iván Duque en 2018.

Colombia post acuerdo de Paz y previo a la rebelión 2021

El Conflicto Armado en Colombia dejó alrededor de 9 millones de personas desplazadas internamente, a lo que se suma un sin número de historias sobre la violencia que ejercían los bandos, por demás de un gran número de personas asesinadas.

Una vez estuvo en pie el Acuerdo de Paz, las FARC comenzó su desmovilización (a día de hoy sólo quedan pequeños grupos) y su transición a partido político. Por su parte, el Estado siguió con una espiral de violencia, demostrando que no hubo interés por parte de la burguesía de frenar la violencia política.

Por este motivo, continuaron los asesinatos a personas líderes sociales y, desde el 2016 hasta la fecha, se produjeron 1039 asesinatos, de los cuales 234 son contra ex-combatientes (9). Además, hay unas 800 mil personas desplazadas^xiii. Desde la llegada de Duque a la presidencia, el gobierno se encarga de entorpecer la ejecución de los Acuerdos.

Por su parte, las cifras macroeconómicas más actualizadas, desvelan a una Colombia profundamente desigual y empobrecida. Por ejemplo, el país reportaba en 2020 un déficit del 8.9% del PIB y una deuda pública del 61%^xiv. En cuanto al empleo, en el 2020 un 16.8% de la población se encuentra desocupada (a nivel latinoamericano sólo está por debajo de Costa Rica) y el desempleo se fue del 14.7% (con un 20.1% para las mujeres y un 25% para las personas jóvenes)^xv.

La pobreza alcanzó a un 42% de la población (21 millones) y la pobreza extrema a un 15.01% (17 millones)^xvi. Mientras por abajo se tiene este panorama, el gobierno impulsa reformas que atacan directamente la calidad de vida de las personas, por lo cual no es de extrañar que haya bronca. En cuanto a las “Reformas” –en realidad contrarreformas- de Duque se encuentran^xvii.

A. Una contrarreforma laboral que, entre otras cosas elimina el salario básico, propone que la juventud sólo gane un 75% del salario mínimo, que el salario sea diferencial por regiones y contratación por horas.

B. Reforma Pensional y Reforma de salud: para eliminar el derecho a pensión y privatizar Colpensiones. En salud adoptar un modelo semejante al de Estados Unidos.

C. Reformas tributarias: ya en el 2019 el gobierno aprobó una reforma tributaria que hacía cargar al pueblo trabajador con el peso de la crisis, llevaba el IVA al 19% y no tocaba a las grandes empresas y fortunas, lo cual desató un primer levantamiento. Ahora en 202, el gobierno propone otra reforma que no toca a los sectores burgueses pero sí al pueblo trabajador, por ejemplo sacando algunos productos de la Canasta Básica.

D. Los reclamos contra el incumplimiento con los Acuerdos de Paz.

Por otra parte, también se debe reconocer el aporte tanto de la rebelión chilena de 2019, pues instaló un cuestionamiento al modelo capitalista de un país “exitoso” del neoliberalismo, igualmente pasó con la policía (Carabineros) y su inquebrantable apoyo a las políticas estadounidenses^xviii, colocando a las amplias masas trabajadoras, de la juventud y las mujeres en las calles cuestionando todo esto. Cuestiones que son similares en Colombia: salida en masa a las calles, cuestionamiento al Uribismo y a los cuerpos de represión (ESMAD).

Notas