Sobre las declaraciones de la Ministra Guerrero en NC ONCE

0
1

 

Marcela Ramírez

El 18 de enero participé en el noticiero NC Once, conducido por Alexis Rojas. En un espacio de discusión con Marcela Guerrero, actual Ministra de la Condición de la Mujer y jerarca del INAMU, expresé el malestar del movimiento de mujeres por las “Guía de buenas prácticas de seguridad en las operaciones turísticas” elaboradas por Consetur, las cuales reproducen la cultura machista al responsabilizarnos de provocar las violaciones. Asimismo, denuncié la falta de acciones del actual gobierno contra la violencia hacia las mujeres, por lo cual planteé la necesidad de una declaratoria de emergencia nacional para atender estas situaciones. Por último, denuncié la hipocresía de la administración de Carlos Alvarado que, a la vez que dice “defender” a las mujeres, bajo su mandato está a punto de cerrarse el Centro Operativo de Atención a la Violencia Intrafamiliar (COAVIF) del 911, ante lo cual el Estado no garantiza ninguna solución para su continuidad a partir del 31 de enero del presente.

Ante mis planteamientos, la ministra Guerrero reaccionó tildando mis afirmaciones como “tendenciosas”; alegó que ya existía una declaratoria de emergencia y que era falso que el gobierno recortó presupuestos para el servicio COAVIF, el cual lo pagaba el ICE. Por el carácter del espacio no conté con el espacio para replicar sus argumentos, los cuales transcribo a continuación:

  1. Ciertamente, el ICE decidió retirarse por su cuenta del convenio tripartito –junto con el INAMU y el 911- que actualmente permite el funcionamiento del servicio COAVIF, alegando razones de conveniencia legal, estratégica, financiera, operativa y comercial. Pero esto no implica que el gobierno no tenga responsabilidad en eso; por el contrario, la decisión del ICE es una consecuencia directa de la agenda de ajuste fiscal y recortes presupuestarios impulsados por la actual administración, en particular con la aprobación de la regla fiscal, un mecanismo que, de forma automática y sin que medie ninguna discusión democrática, impone recortes abruptos en el presupuesto de las instituciones estatales. Por ello, la política de ajuste fiscal de la administración de Carlos Alvarado, es la causa de fondo que explica el retiro del ICE de dicho convenio, tal como denunció el sindicato ASDEICE cuando dio a conocer esta situación en noviembre pasado.
  2. Por otra parte, si bien el ICE es una institución descentralizada, también es cierto que la presidenta ejecutiva Irene Cañas, fue designada en el cargo por el presidente Alvarado desde mayo de 2018. En ese sentido, las decisiones del ICE no están desvinculadas totalmente del gobierno, pues al frente de la institución se encuentra una figura de confianza del presidente, la cual tiene la potestad de remover cuando considere que sus decisiones no se ajustan a los objetivos del gobierno.
  3. Ante mis cuestionamientos, la ministra Guerrero señaló que “el servicio –del COAVIF- está respaldado en la Asamblea Legislativa”, en referencia al proyecto 22860 que presentó a finales de diciembre para reformar la ley n° 7801 (conocida como Ley INAMU), con el fin de integrar el personal a cargo de dicho servicio al INAMU. Es decir, para la señora Guerrero la “solución” ante el inminente cierre del servicio programado para el 30 de enero, radica en que, la actual Asamblea Legislativa -plagada de diputados y diputadas conservadores que sostienen el cierre del INAMU para crear el Ministerio de la Familia- aprueben en cuestión de doce días el proyecto de ley que presentó. A todas luces, eso no va suceder; la ministra presentó ese proyecto de forma tardía para tener algo en que escudarse ante el movimiento de mujeres y la opinión pública, alegando que hay una propuesta y, en caso de que no sea votada, será responsabilidad de la Asamblea Legislativa.
  4. Por último, la ministra sostuvo que ya existía una “declaratoria de emergencia” ante la violencia contra las mujeres desde 2018. Eso es falso, pues lo que se promulgó fue “Declarar de interés prioritario la intervención, la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres”. Aunque la diferencia de palabras es muy sutil, en realidad tiene muchas implicaciones políticas, pues la “declaratoria de interés prioritario” del gobierno no garantiza los recursos necesarios para atender las situaciones de violencia patriarcal y, a lo sumo, plantea medidas organizativas de coordinación interinstitucional en torno al INAMU, las cuales son insuficientes para afrontar las causas estructurales de la violencia, así como sus consecuencias. Además, la Declaratoria de Emergencia Nacional que proponemos supone medidas preventivas, mientras que la Declaratoria de prioridad Nacional actual sólo se aboca a la limitada atención de la violencia.
  5. Por último, en la intervención de la ministra Guerrero hubo un “hilo conductor”, que, básicamente, consistió en achacar los problemas a otras autoridades. Por ejemplo, alegó que lo sucedido con las guías fue responsabilidad de Consetur y, con relación al tema la línea COAVIF, no paró de repetir que era responsabilidad exclusiva del ICE. Esa excusa no es de recibo, pues la Ministra de la Condición de la Mujer y jerarca del INAMU, es la responsable directa del accionar de las instituciones públicas en su sector. De hecho, eso se desprende del mismo decreto de “interés prioritario la intervención, la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres” del gobierno, el cual, en su numeral segundo plantea:

Artículo 2º—Coordinación interinstitucional. El Instituto Nacional de las Mujeres será la institución encargada de coordinar las acciones necesarias en toda la Administración Pública para intervenir y atender la situación actual de violencia contra las mujeres, así como para ejecutar actuaciones de su competencia con organizaciones no gubernamentales y sociedad civil que contribuyan a implementación del presente decreto. Todas las instituciones de la Administración Central deberán ponerse a la disposición del INAMU para el logro de los objetivos de este decreto.

Visto lo anterior, es inaceptable la actitud de la Ministra Guerrero, la cual no asume sus responsabilidades sobre el tema de las guías y el eventual cierre del servicio de atención del COAVIF, aunque es la responsable política de “coordinar las acciones necesarias en toda la Administración Pública para intervenir y atender la situación actual de violencia contra las mujeres”.

Nuestros planteamientos en torno al INAMU van en el sentido de defenderlo y a la vez exigir que el Estado brinde una mejor cobertura para la prevención y atención de la violencia hacia las mujeres.

Sumate a la discusión dejando un comentario:

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí