Coordinadora Feminista contra Femicidios e Impunidad 

El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles 17 de marzo en segundo debate la Ley Nº 21.793 que reforma la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, Ley Nº 8589 (LPVcM). Esta iniciativa fue presentada por la diputada Aida María Montiel Héctor del Partido Liberación Nacional. 

La reforma acuña en la normativa penal costarricense uno de los tres escenarios del denominado “femicidio ampliado” creado a partir de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como “Convención de Belem do Pará”. Así, el ámbito de aplicación incluye las figuras del noviazgo, matrimonio, convivencia o unión de hecho, aun cuando estas relaciones hayan finalizado, por divorcio, separación o rompimiento de la relación. Además, se amplía la cobertura de la Ley Nº 8589 a todas las mujeres, incluyendo las menores de edad. 

En primer lugar, nos unimos a la celebración de dicha reforma porque constituye un avance en la ampliación de la penalización del femicidio al reconocer que la expresión extrema de violencia contra las mujeres no solo proviene de sus parejas en el momento del femicidio. Sin embargo, señalamos sus limitaciones porque no alcanza para reconocer la violencia de género en los demás escenarios posibles contemplados por la Convención de Belem do Pará aprobada desde 1994, por lo que continúa la deuda histórica del Estado costarricense para procurar el más alto estándar de protección a las mujeres. 

Además, estas reformas se concentran en lo punitivo, ángulo muy reduccionista que no conduce a la eliminación ni disminución de la violencia contra las mujeres. Los femicidios son la expresión extrema y más visible de la violencia patriarcal que es mucho más cotidiana y sistemática, por lo que un real combate a la violencia patriarcal requiere de políticas institucionales, recursos y medidas con miras a la prevención y a la eliminación de las condiciones que posibilitan dicha violencia. 

En segundo lugar, reconocemos que dicho avance en la legislación no es atribuible a la labor de una diputada ni de la Asamblea Legislativa ni del Gobierno, sino al movimiento feminista que viene desde hace tiempo manifestándose en las calles de todo el país al grito de “Ni una menos, Vivas y libres nos queremos”, exigiendo una Declaratoria de Emergencia Nacional contra la violencia patriarcal, alto a la impunidad, la destitución de Walter Espinoza y todos los funcionarios que amparan femicidas y agresores, así como justicia para todas.

Según el último análisis de la Subcomisión Interinstitucional de Prevención del Femicidio (17 de febrero de 2021), el año pasado en el país hubo 19 femicidios, de los cuales 12 son femicidios según estaba establecido en el artículo 21 de la LPVcM, es decir cometidos por parejas y 7 fueron femicidios ampliados, según lo establecido en la Convención Belem Do Pará. En lo que va del 2021, al 17 de febrero, de un total de 11 muertes violentas de mujeres ocurridas, se ha registrado 1 femicidio ampliado y 1 homicidio, las 9 muertes violentas restantes están pendientes de ser clasificadas.

Asimismo, en el último periodo se hizo más evidente la impunidad que el Poder Judicial le otorga a los femicidas, abusadores y agresores. Sistemáticamente, diferentes jueces y funcionarios del Estado buscan bajar la condena o incluso dejar en libertad a los violentos. También, con la desaparición de mujeres se comprueba la negligencia y el sesgo patriarcal de las autoridades del Ministerio Público para desarrollar e implementar protocolos de búsqueda, así como de garantizar justicia oportuna y efectiva.

Aunado a lo anterior, existen condiciones estructurales que reproducen la violencia contra las mujeres y que en esta coyuntura se profundizan, tal como la crisis económica, la cual golpea de forma particular a las mujeres, niñas y diversidades, por lo que rechazamos la agenda neoliberal del Gobierno de Carlos Alvarado, así como las negociaciones con el FMI. Estos planes y ataques al empleo público vienen a empeorar las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras y golpea con más fuerza a las mujeres, ya que no contempla las desigualdades existentes.  

Desde la Coordinadora Feminista contra Femicidios e Impunidad los y las invitamos a sumarse a la lucha contra la violencia y la justicia patriarcal que hoy impacta a nuestro país. Celebramos este pequeño avance, pero continuamos con fuerza nuestra organización y movilización, así podemos ejercer presión para que el gobierno y el Estado tomen medidas preventivas contra la violencia patriarcal, para exigir la total tipificación de los femicidios ampliados y por justicia para todas.