Redacción

La Sala Constitucional falló a favor de una mujer trans que exigía que la información de “sexo” contenida en su pasaporte correspondiera con su identidad autopercibida.

Se trata de un caso en que Dirección General de Migración y Extranjería le emitió un pasaporte a la mujer con su nombre correcto pero consignado como “sexo masculino”, vulnerando su derecho a la autodeterminación y en un acto abiertamente discriminatorio.

La institución se escuda en que su sistema de emisión de pasaportes técnicamente no permite realizar el cambio, ya que registra la información establecida en el Registro Civil. Además, por el momento solo existe una expectativa de la implementación de un nuevo sistema informático que solucione el problema.

Esto a pesar que desde 2017 existe legislación que ordena respetar la identidad de género en todos los documentos, registros y trámites de la Administración Pública. 

A pesar de la actitud discriminatoria de la institución y de las múltiples ordenanzas legales que protegen a la población trans, la Sala Constitucional extendió la aplicación de la sentencia por cuatro meses, mientras se logra el cambio tecnológico.

Justamente parte de este problema radica en los recortes y la política de ajuste del gobierno que limita el gasto de las instituciones y los primeros en sufrir las consecuencias son las clases más oprimidas. A esto se suma un Estado que es transfóbico y encuentra cualquier excusa para perpetuar prejuicios.

No hay que confiar en el gobierno, por lo que el movimiento feminista, acuerpando a las compañeras trans, debe exigir en las calles un alto a la homo-lesbo-bi-trans fobia.