La fracción legislativa en pleno de Nueva República, capitaneada por Fabricio Alvarado, le exhortó al gobierno que firme y suscriba la “Declaración de Ginebra: Consenso sobre el fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia”.

Esta es una declaración lanzada en 2020 e impulsada por el exsecretario de Estado de Trump, Mike Pompeo. Bajo la fachada de “la defensa del derecho de las mujeres a los más altos niveles posibles de salud”, la proclama aboga por fomentar el modelo de familia tradicional (bajo la perspectiva burguesa y religiosa) y atacar el derecho al aborto.

El texto señala “que no existe un derecho internacional al aborto, ni recae sobre los Estados una obligación internacional de financiar o facilitar los abortos”. Además, indica que “en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia”.

El documento es claro es que “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, sin embargo, tal definición no aplica en casos de que la vida de la persona gestante corra riesgo por un embarazo: “mejorar y garantizar el acceso de las mujeres a los avances en materia de salud y desarrollo, en particular de salud sexual y reproductiva, que siempre deben promover una salud óptima, el grado máximo de salud que se pueda lograr, sin incluir el aborto”.

Hasta el momento solo unas decenas de países han suscrito la declaración, pero, entre sus partidarios están Brasil, Egipto, Hungría, Indonesia, Uganda, Bielorrusia, Arabia Saudita, Baréin, Emiratos Árabes, Iraq, Sudan o Libia. Todos países con legislaciones sumamente restrictivas hacia el aborto y la mayoría están en el top 20 de los peores países para ser mujer del Índice de Mujeres, Paz y Seguridad de la Universidad Georgetown. En Latinoamérica recientemente lo firmaron Colombia y Guatemala.

Esta solicitud se da tan solo unos pocos días después de que Rodrigo Chaves se reuniera en Casa Presidencial con los obispos católicos y anunciara una “revisión” de la norma técnica sobre el aborto terapéutico. De eso no se puede esperar ninguna modificación progresiva que mejore la normativa, por el contrario, Chaves y la iglesia católica son detractores a ultranza de este derecho.

Ante esta avalancha de ataques de los sectores conservadores y antiderechos es pertinente que se contrarreste con la movilización en las calles y fortaleciendo la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. No hay que permitir ningún retroceso y, por el contrario, hay que seguir luchando por todos los derechos.