Durante la crisis sanitaria por la pandemia de la Covid-19 y la crisis económica del capitalismo patriarcal, la violencia patriarcal se ha profundizado con el aumento de las denuncias, pero también en desapariciones, agresiones y abusos sexuales a mujeres, niñas y diversidades.

En el país ocurren dos femicidios por mes y por día se reportan 132 solicitudes de medidas de protección. Al 2 de julio del 2021, de un total de 27 muertes violentas de mujeres ocurridas durante este año, se ha registrado un femicidio por artículo 21, tres femicidios ampliados y tres homicidios. Las restantes 20 muertes están pendientes de ser clasificadas. La desatención y demora de las investigaciones de los casos, así como la falta de cifras exactas constituye una violencia institucional por parte del Estado.

También, en el último periodo se hizo más evidente la impunidad que el Poder Judicial le otorga a los femicidas, abusadores y agresores. Sistemáticamente las instituciones de justicia buscan bajar la condena o incluso dejar en libertad a los violentos. Por ejemplo, en el caso del femicidio de María Trinidad Mathus Tenorio, la turista mexicana que fue violada y asesinada en Cóbano en el 2018, se absolvió al único imputado y quedó en total impunidad. 

El carácter patriarcal de las instituciones del Estado se evidenció también con las misóginas declaraciones del director del OIJ, Walter Espinoza, quien pretendió justificar el femicidio de Luany Valeria Salazar Zamora.  La inoperancia de las instituciones del Estado en la búsqueda de Allison Pamela Bonilla Vásquez, como en el caso de Luany y Karolay del Carmen Serrano Cordero, donde son las personas familiares quienes tuvieron que encontrar sus restos sin vida, demuestran el carácter misógino y cómplice del Estado. 

Es por eso por lo que el movimiento feminista viene desde hace tiempo manifestándose en las calles de todo el país al grito de “ni una menos, vivas y libres nos queremos”. En el 2020, con la pandemia en curso, Las Rojas y el Nuevo Partido Socialista (NPS) lanzamos la iniciativa de conformar una Coordinadora Feminista Contra Femicidios e Impunidad para aglutinar a diferentes agrupaciones, colectivas, activistas y familiares de las víctimas con el propósito de fortalecer la lucha contra la violencia patriarcal y la impunidad. 

La intención de ese espacio amplio de organización es articular e impulsar nuestras luchas de forma colectiva y programática para conseguir justicia para todas las víctimas, pero también políticas para la prevención de la violencia patriarcal.

Por todo lo anterior, desde Las Rojas y el Nuevo Partido Socialista (NPS) proponemos:

1. Decreto de Emergencia Nacional. Que el Gobierno emita un decreto ejecutivo de emergencia nacional ante la agudización de la violencia contra las mujeres, para así girar recursos y tomar medidas para prevenir los femicidios y todo tipo de violencia patriarcal.
2. Destitución de Walter Espinoza. La inmediata destitución del director del OIJ Walter Espinoza y de toda persona funcionaria que ampare a los violentos o ejerza violencia.
3. Legislación y políticas institucionales para proteger a las mujeres indígenas, líderesas y activistas. El Estado costarricense debe garantizar su seguridad en los procesos de recuperación de sus territorios, además, los asesinatos no pueden quedar impunes.
4. Alto a las leyes misóginas. La no aprobación en la Asamblea Legislativa de medidas que vulnerabilicen más a las mujeres, así como proyectos que son contrarios a la protección de las mujeres, las niñas y los derechos humanos.
5. La investigación de las oficinas de género de todas las instituciones, especialmente el Poder Judicial, para combatir el sesgo machista que reproducen las instituciones, así como la justicia patriarcal.
6. Que el Gobierno tome las siguientes medidas para prevenir y atacar la violencia patriarcal:

1) Albergues. La creación y fortalecimiento de albergues en cada provincia para que las mujeres víctimas de violencia tengan el derecho de estar lejos de su agresor, siendo atendidas por el Estado, así como el cumplimiento inmediato y efectivo de órdenes de alejamiento y de arresto para los agresores.

2) Atención de denuncias. Atención directa y protección a las mujeres que enfrentan violencia, eliminación de trabas al presentar una denuncia, así como la revictimización al contar el motivo de la denuncia a diferentes personas funcionarias públicas, también capacitación en violencia de género al personal encargado de levantar y recibir las denuncias. 

3) Empleo femenino. Opciones reales de trabajo digno para su inserción laboral y autonomía económica, que las mujeres que enfrentan violencia de género tengan prioridad en el otorgamiento de bonos de vivienda.

4) Fortalecimiento del INAMU. Fortalecimiento del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) a través de campañas y el otorgamiento de mayor presupuesto, especialmente en periodo de pandemia cuando las mujeres requieren de mayor atención y apoyo ante la agudización de la violencia patriarcal. Contratación de personal encargado de atención a las mujeres y ejecución de políticas dirigidas a la erradicación de la violencia patriarcal.

5) Prevención de la violencia patriarcal. Medidas preventivas en el ámbito educativo a través de la incorporación de contenidos en los planes de estudio abordados en escuelas y colegios y un eje transversal de la educación para abordar la violencia contra las mujeres y niñas. También, capacitar al personal docente en el tema con sensibilidad de género para promover la prevención de la violencia. Que se incluya en el Ministerio de Educación Pública, en las clases de educación física, el área de defensa personal para que las mujeres puedan contar con herramientas que les permita defenderse de sus agresores.

6) Protocolos de búsqueda e investigación. Que se implementen protocolos para la debida investigación de los casos de femicidios, incluidos los femicidios ampliados y los perpetrados contra las mujeres trans, para que ningún caso quede sin investigar o sin el debido proceso.

7) Publicación de información relativa a derechos humanos. Que todas las instituciones que por mandato son garantes de derechos humanos de las mujeres y las niñas, generen, recopilen y publiquen los datos necesarios para la toma de decisiones eficientes dirigidas al cumplimiento de esos derechos, por parte de todos los sectores de la sociedad.

8) Ley de reparación a las víctimas de femicidios. Es necesaria legislación para sentar la responsabilidad del Estado frente al incumplimiento del deber, al igual que el reconocimiento del sufrimiento ocasionado a las víctimas por acción u omisión. También porque las muertes de mujeres por razón de género son consecuencia del incumplimiento de compromisos adquiridos por el Estado ante la comunidad internacional. Pero nos diferenciamos del proyecto de ley 21.712 presentado por el INAMU porque del presupuesto recaudado se destina un 86% al Ministerio de Seguridad Pública, apenas un 3,5% al INAMU para el estipendio a los hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidios. Es decir, resulta un mecanismo de fortalecimiento de las fuerzas policiales, no está esencialmente orientado a la reparación de las familias víctimas de femicidios. 

A sabiendas de que los femicidios no se acaban de manera inmediata con una declaratoria de emergencia nacional, la propuesta central consiste en la organización de un movimiento de mujeres que luche en las calles por el derecho a vivir libres de violencia para parar a los agresores, violadores y femicidas, así como a los gobiernos que son cómplices de los femicidios por inacción u omisión. No obstante, con nuestra organización y movilización podemos ejercer presión para que el gobierno y el Estado tomen medidas preventivas para evitar los femicidios.

Señalamos como un avance que durante la administración de Carlos Alvarado se consiguió la reforma a la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres para incluir en el artículo 21 los femicidios ampliados, es decir, los perpetrados por cualquier persona a causa de la condición de género. Sin embargo, dicho avance en la legislación no es atribuible al gobierno ni a la Asamblea Legislativa, quienes se han caracterizado por precarizar aún más las condiciones de las mujeres, sino a la organización y lucha que viene levantando el movimiento de mujeres, recientemente de la mano de las familias que sobreviven al femicidio. 

Además, si el Estado solo se enfoca –muy recientemente– en la reparación o penalización, pero no en la prevención (como pretende el INAMU) la violencia patriarcal y los femicidios no son combatidos ni disminuirán porque solo se busca el punitivismo para desmovilizar una lucha que ha tenido un enorme auge.