Las Rojas
Hace más de 6 meses que Allison Bonilla está desparecida, la joven de 18 años que iba de regreso a su casa en Cartago la noche del 4 de marzo. La demora y negligencias en la investigación de desapariciones, agresiones y femicidios por parte del Poder Judicial nos violenta y nos somete a una alerta permanente en detrimento de nuestra dignidad y libertad.
Pareciera que las fuerzas policiales están más preocupadas en demostrar que “cumplen bien su función” que, en hacerlo realmente. Se han dedicado sistemáticamente a mediatizar las investigaciones para legitimarse ante la opinión pública. Las declaraciones de director del OIJ, Walter Espinoza, al igual que en el caso de Luany están cargadas de misoginia y prejuicios hacia la víctima que intentan justificar su asesinato. A esto se le suma que el único imputado por la desaparición de Allison ahora está exigiendo su libertad, ya que denuncia haber declarado el femicidio bajo coerción policial.
Desconfiamos de la investigación del OIJ que en vez de buscar viva a Allison se demoró 6 meses para luego, bajo una dudosa declaración, darle por muerta como material descartable en un basurero en el que no fue encontrada. Repudiamos el accionar del Poder Judicial que juega con el dolor de una familia desesperada y exigimos la inmediata aparición de Allison Bonilla.
El movimiento feminista continúa expresando en las calles su dolor y furia ante tanta violencia e impunidad. Desde Las Rojas venimos impulsando una Coordinadora Feminista contra la Impunidad y los Femicidios, un espacio amplio de organización y lucha que reúne agrupaciones, colectivas de mujeres, familiares de víctimas y activistas independientes. Consideramos que solo nuestra fuerza colectiva puede lograr que haya justicia y ponerles freno a los machistas.
Exigimos que el gobierno de Carlos Alvarado haga una Declaratoria de Emergencia Nacional por Femicidios, para que el Estado invierta presupuesto en políticas preventivas para combatir la violencia patriarcal. También resulta indispensable para que ningún caso quede impune, que el Poder Legislativo amplíe la carátula de femicidio bajo los criterios que reconoce la Convención Belén Do Pará. Por último, exigimos la destitución de Walter Espinoza y de todos los jueces y funcionarios que amparen a femicidas y violentos.
Hacemos un llamado a seguir manifestándonos por una vida libre de violencia, por Ni Una Menos y castigo a los femicidas y violentos, para que sean ellos los que tengan miedo.
