Por Heidy Valencia Espinoza

Hoy, 28 de mayo, Día Internacional por la Acción para la Salud de las Mujeres, reclamamos nuestro derecho a la salud integral, especialmente la salud sexual y reproductiva de todas las mujeres, trans y niñas que se ve constantemente amenazada por las políticas neoliberales del gobierno y los sectores conservadores.

La conmemoración de esta fecha se remonta a 1987, cuando la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) hizo la propuesta de instaurar un día de acción global a favor de la salud de las mujeres, y en 1988 se conmemoró por primera vez.

Un 28M por la salud y los derechos de las mujeres

Este año, en el marco de la emergencia por la pandemia del COVID-19, con más razón es necesario exigir nuestro derecho a la salud integral y a nuestros derechos sexuales y reproductivos porque su restricción afecta aún más a las mujeres, niñas y trans de la clase trabajadora y sectores populares.

La actual crisis sanitaria y el confinamiento muestran que la pandemia para las mujeres tiene efectos más brutales por las cargas históricas y patriarcales. Sin lugar a dudas, el confinamiento es una medida necesaria para atender la emergencia por el COVID-19, pero tiene consecuencias negativas para la salud y vida de las mujeres como es la mayor exposición a violencia patriarcal, la recarga de trabajo doméstico y de cuido, así como la precarización ante los despidos y recortes salariales.

Todo esto aunado a las medidas económicas del gobierno de Carlos Alvarado dirigidas a proteger a las grandes empresas, pero en detrimento de las mujeres de abajo, genera más desempleo y pobreza que afecta en primer lugar y en mayor medida a las mujeres. Por si fuera poco, el gobierno recorta el presupuesto de algunas instituciones públicas, entre ellas el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), clave para las políticas públicas y atención de la población más afectada y vulnerabilizada en tiempos de pandemia.

Cuidemos a quienes nos cuidan

En cuanto al sector salud que hace frente a la pandemia mundial, las mujeres están en primera línea. A nivel mundial, las mujeres representan el 67% del personal de salud, el equivalente a 156.8 millones de mujeres que cuidan la vida y la salud de la humanidad. Por eso, es necesario cuidar a quienes nos cuidan -no solo en el marco de la pandemia- con la entrega de suministros esenciales para su protección, salarios dignos y derechos laborales.

Asimismo, como han demandado los y las trabajadoras del sector salud, se requiere fortalecer la salud pública. La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es una conquista social, por lo que no podemos permitir su desmantelamiento ni privatización, de esa manera repudiamos que el gobierno no salde la deuda que tiene el Estado con la CCSS. Justamente la pandemia evidenció la necesidad de sostener y fortalecer a esta institución y toda la seguridad social.

También, se prevé que la pérdida de empleos y la crisis económica producto de la pandemia de COVID-19 golpearán directamente a la CCSS, que se financia precisamente a partir de los salarios con el aporte de trabajadores, trabajadoras y patronos, entonces hay más motivos todavía para exigir el cobro inmediato a quienes adeudan a la CCSS, así como la generación de empleos, con prioridad a las mujeres jefas de hogar en situación de desempleo.

¡Defendamos nuestros derechos sexuales y reproductivos!

A sabiendas de que las mujeres con nuestro trabajo sostenemos la economía, cuidamos a nuestras familias y a la humanidad, exigimos que la emergencia por COVID-19 no sea pretexto para evadir nuestros derechos sexuales y reproductivos porque nuestros derechos son prioridad, no pueden esperar.

Tras la presión del movimiento de mujeres que se movilizó en varias ocasiones para exigir la firma de la norma técnica ante un gobierno que manifestó reiteradamente que los derechos de las mujeres no son prioridad, por el contrario, los utilizó como moneda de cambio para alianzas con sectores conservadores y fundamentalistas religiosos con el propósito de avanzar en una agenda neoliberal, finalmente el 12 de diciembre Carlos Alvarado firmó la norma técnica del aborto impune establecido en el artículo 121 del Código Penal para interrumpir embarazos cuando la vida o salud de las mujeres y personas gestantes corre riesgo.

Aunque valoramos que el texto es insuficiente, no acorde a los más altos estándares de derechos humanos, consideramos que la norma técnica es necesaria para garantizar la salud y vida de las mujeres. Por eso, es importante no bajar la guardia, exigir que el protocolo indispensable para regular la implementación del procedimiento en los centros de salud de la CCSS esté a tiempo, dado que el plazo establecido para su entrega al Ministerio de Salud vence el 17 de junio, 6 meses después de su publicación en La Gaceta.

¡Por el acceso universal e inmediato a anticonceptivos gratuitos y de calidad!

También, denunciamos el acceso limitado a anticonceptivos en la salud pública debido a que el primer nivel de atención en la CCSS, o sea, las sedes de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS), están dirigidas a la atención de la emergencia del COVID-19, por lo que únicamente realizan la renovación de recetas médicas, medida que si bien busca evitar la conglomeración en momentos de pandemia, no deja de ser preocupante para garantizar la atención a nuevas solicitudes de anticonceptivos, justamente en este periodo que la educación sexual recibida en centros educativos está virtualizada, en el mejor de los casos.

Por todo lo anterior, exigimos un protocolo para que la CCSS brinde este servicio a mujeres y adolescentes. También, es necesaria una campaña para que puedan tener toda la información al alcance y así garantizar el acceso universal a anticonceptivos gratuitos y de calidad. No obstante, la restricción ya generada en el acceso a anticonceptivos conducirá a una gran cantidad de embarazos no deseados.

Según el Fondo de Población de la ONU el impacto podría ser catastrófico en la vida de las mujeres al generar 7 millones de embarazos no deseados en los próximos meses. Además, si la interrupción del derecho al acceso a anticonceptivos continuara por un año podría tener graves consecuencias para las mujeres, a lo cual calculan hasta 15 millones de embarazos no deseados.

Aunado al impacto catastrófico que tiene para las mujeres más vulnerabilizadas ante la imposibilidad de usar anticonceptivos, sus condiciones sociales y económicas se verán aún más agravadas con la recesión económica acelerada por la pandemia. Esta situación les condena a embarazos no deseados cuando se incrementará la pobreza y el desempleo (tasas ya de por sí encabezadas por las mujeres) es decir, sus condiciones de vida serán más precarizadas.

La pandemia: abusos sexuales y violaciones a niñas

Otra problemática agravada durante el periodo de distanciamiento físico son los abusos sexuales, según reportes del Hospital de Niños (y niñas) hubo incremento de atenciones. En el primer trimestre se contabilizaron 12 casos y en la última semana de marzo hubo una seguidilla de abusos sexuales cometidos por familiares durante el confinamiento. Por eso, aunque las denuncias en la Fiscalía hayan disminuido, esto no es sinónimo de reducción de la violencia porque se trata de familiares agresores y las personas menores de edad no tienen manera de externar las agresiones.

Según datos del Observatorio de Violencia de Género del Ministerio Público, en cuanto a las violaciones a menores, la cifra es de 430 durante el primer cuatrimestre, al igual que el año anterior, sin embargo, dado que las instituciones educativas se encuentran cerradas y las personas menores por el momento no tienen ese apoyo externo para manifestar las situaciones de violencia sexual, es muy posible que haya muchos más casos sin denunciar.

Por todo lo anterior, en el marco del Día Internacional por la Acción para la Salud de las Mujeres exigimos al gobierno de Carlos Alvarado el acceso inmediato a anticonceptivos gratuitos y de calidad. Hacemos un llamado a fortalecer la lucha por el aborto libre legal, seguro y gratuito en este contexto donde el acceso a anticonceptivos es limitado, la educación sexual está truncada, los abusos a menores se disparan y las condiciones de vida de las mujeres son más precarizadas con la recesión económica.

Las Rojas hacemos un llamado a organizaciones y activistas feministas a sumarse al movimiento Aborto Legal Costa Rica para construir el proyecto que nos permita concretar y dirigir la lucha por nuestro a decidir.

¡No bajemos nuestros pañuelos ante el gobierno neoliberal y patriarcal ni ante el conservadurismo!

¡Luchemos por nuestro derecho el aborto libre, legal, seguro y gratuito!