Gobierno quiere recortar más en educación, preparemos una gran lucha

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    En días recientes varios medios de comunicación publicaron las intenciones del gobierno por seguir recortando la educación pública, mediante un oficio del ministro de hacienda Nogui Acosta, hacia la ministra de educación Katharina Muller, para darle a conocer que el presupuesto de esta cartera en 2025 debería ser de 65.000 millones menos que este año.

    El anuncio de los recortes al MEP le impone un “techo de gasto” al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y a los salarios, que bajo criterio del ministro:los cambios que se produzcan como resultado de la aplicación de las escalas salariales, los debe asumir la institución con el monto máximo que se está comunicando. Además, debido a la situación fiscal y sin excepción, no se incrementarán los montos de gasto presupuestario máximo comunicados, ni se autorizará la creación de plazas (…) similar ocurre con el monto asignado al FEES, pues una vez que esté definido y si este fuera superior al monto indicado, el MEP deberá realizar el ajuste para darle financiamiento a la diferencia dentro del monto máximo comunicado. (1)

    En resumen, el gobierno pretende imponer que el presupuesto total del Ministerio de Educación, incluyendo las universidades, tenga una reducción de 65.000 para 2025, que representaría apenas un escandaloso 4,7% del PIB cuando la constitución determina un 8% para educación (3). Quiere decir que un crecimiento del FEES restringiría aún más el presupuesto de primaria y secundaria, un planteo que lo que busca es amedrentar y marcar la cancha a la lucha por el FEES que se avecina o que prácticamente ya empezó.

    Asimismo, el comunicado del gobierno busca aplanar el terreno en la discusión de que no habrá aumentos salariales, ni tampoco apertura de nuevas plazas. Una clara política contra la clase trabajadora que merece aumentos salariales por encima de la inflación, así como una reducción de las cargas de trabajo. También condena a las personas trabajadoras más jóvenes, pues si no hay nuevas plazas se aplica el interinazgo crónico, que en el sector público es una condición laboral precarizada con muy pocos derechos.

    Un gobierno enemigo de la educación que busca proteger los intereses del sector educativo privado, pues es conocido que la ministra mencionada tiene vínculos directos familiares con altos jerarcas de algunas de estas (X). Privilegian así las ganancias empresariales antes que resolver la profunda crisis educativa que estamos atravesando; una lógica que atenta contra el modelo de educación, el acceso y la permanencia de los sectores más empobrecidos, de los territorios más alejados, o de los barrios más conflictivos. Seguir recortando en educación es una política contra la clase trabajadora y los sectores de abajo.

    El panorama puede parecer complicado pues el gobierno está a la ofensiva contra todos los derechos; recortes y ataques en salud, educación, ambiente, electricidad, agua, servicios sociales, derechos democráticos, etc. Sumado a esto, el Frente Amplio fundamenta su oposición en “la defensa de la institucionalidad y el Estado social de derecho”, línea que en buena medida también están siguiendo las burocracias de las dirigencias sindicales, ambos sectores enquistados en el papeleo legal y el parlamento y nada en convocar acciones de lucha para pararle la mano al gobierno subordinado al FMI.

    Ese panorama complicado puede cambiar, en la medida que opongamos una fuerza social que consiga otra alternativa mediante la política de la calle, desde abajo mediante la movilización masiva y permanente, junto a la clase trabajadora, el estudiantado de secundaria y el movimiento estudiantil universitario. Hay que salir con una campaña por la defensa de la educación pública, el FEES y todos los derechos, proponer un plan desde abajo en unidad trabajadores-estudiantes y que se plante contra la política de ataques del gobierno. Hacemos un llamado a las federaciones, asociaciones, organizaciones y partidos estudiantiles a empezar a organizarnos, en conjunto con sindicatos independientes y combativos, trabajadores, docentes, interinos y tercerizados.

    Alentamos a construir espacios amplios de discusión, debate y toma de decisión, como asambleas, reuniones, foros, debates. Hay que exigir que se respete el mandato constitucional del 8% del PIB para educación y el 1.5% para el FEES pues hay enormes problemáticas, en becas, infraestructura, sedes regionales, comedores, transporte, acceso a tecnología, sobrecarga laboral e incluso cosas básicas como agua, luz o acceso a internet, entre muchas otras. Para este año se calcula que un 5,27% del PIB se destinó para educación, y el año que más alto ha llegado fue el 2017 con poco más del 7% del PIB, y desde ese año lo han recortado de forma sostenida.

    Además, hay que plantear la discusión de las enormes ganancias que se producen en el país y no pagan impuestos, actividades que se ven enormemente beneficiadas por el conocimiento y las capacidades que genera la educación pública. Que paguen impuestos de sus enormes ganancias para financiar becas, acción social, sedes regionales, infraestructura en escuelas y colegios, la educación pública en general que tanto beneficio ha traído al pueblo trabajador.

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