- A tres años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y en el marco de la exigencia de aparición con vida de Facundo Castro, presentamos el documental dirigido por Tristán Bauer. El mismo relata la desaparición del activista político durante la sangrienta represión a cargo de la Gendarmería Nacional en el Pu Lof Cushamen, situado en la Patagonia Argentina.
Martine Luxemburgo y Santiago Damiani
Bajo la orden del entonces Gobierno Nacional a cargo Mauricio Macri, y en complicidad de la ministra de seguridad Patricia Bullrich y el gobierno provincial de Chubut, la Gendarmería Nacional irrumpe a fuerza de disparos en el Pu Lof Cushamen, territorio adquirido por el Grupo Benetton, que actualmente se encuentra habitado por la comunidad mapuche. A partir de este hecho, el documental reconstruye, mediante el testimonio de miembros de la comunidad, amigos y familiares de Santiago, el desencadenamiento del caso y el inicio de un proceso de lucha masivo. El director de esta cinta es el multipremiado Tristán Bauer, realizador de Iluminados por el Fuego, Cortázar y Después de la tormenta, y cuenta con la narración del también premiado actor internacional Darío Grandinetti. Presentando un formato de documental clásico, con imágenes de archivo intercaladas con entrevistas y excepcionales tomas de los paisajes de la Patagonia, el mismo fue alabado por su maestría técnica a nivel de imagen, edición y sonido.
La lucha que originó el caso de Santiago Maldonado logró despertar gran sensibilidad en amplios sectores de la sociedad que se tradujeron en inmensas manifestaciones exigiendo su aparición inmediata con vida, alzando la voz al grito de “¡Fuera Bullrich!”. Convirtiéndose así en un caso emblemático de la lucha en defensa de los derechos humanos, que permite vislumbrar que el mismo no forma parte de un hecho aislado, sino que tiene vinculación estrecha con el rol que a lo largo de la historia despliegan las fuerzas represivas, en complicidad de funcionarios políticos que contribuyen a su encubrimiento. También pudo evidenciar que la represión es transversal e intrínseca a las fuerzas de “seguridad” y los distintos gobiernos, incluso democráticos. Un claro ejemplo de ello son los casos más significativos que, producto de la lucha aún siguen vigentes, entre ellxs Julio López, desaparecido forzadamente dos veces: durante la dictadura militar y en plena democracia bajo el gobierno de Néstor Kirchner, Marita Verón, desaparecida por redes de trata con fines de explotación sexual, Luciano Arruga, desaparecido y asesinado en manos de la policía bonaerense y la reciente desaparición de Facundo Castro, quien fue visto por última vez en un operativo policial y lleva desaparecido más de 100 días.
La violencia institucional hacia los pueblos originarios tampoco es algo nuevo en este país. Gran parte de su historia se construyó, justamente, en relación al sometimiento de estos grupos, siendo un clarísimo ejemplo el genocidio y etnocidio llevado a cabo durante la Conquista del Desierto. Esta expansión del Estado subyugó a los originarios a la acultración, a la pérdida de sus tierras ancestrales y al trabajo forzado. Proceso que hoy en día sigue adelante por parte del mismo Estado como por grandes multinacionales capitalistas. Por eso no es de extrañar que muchos funcionarios del gobierno de Macri fueran descendientes directos de algunos de los más importantes perpetradores de esta Campaña militar y hayan continuado reprimiendo y negándoles la identidad a estos pueblos, a través de las fuerzas armadas. Haciendo de este uno de los sectores más oprimidos de nuestro país a lo largo de los años.
Sin embargo, esto no comenzó ni terminó con el gobierno de Mauricio Macri. La megaminería impulsada por los sucesivos gobiernos kirchneristas es una muestra del carácter capitalista de los mismos, dado que esta actividad no solo avanza contra la soberanía territorial de los originarios, sino que les quita y envenena sus aguas, en beneficio de grandes grupos económicos extranjeros. No podemos olvidar el veto a la ley de protección de glaciares por parte de Cristina debido a la presión de la minera Barrick Gold, a pesar de haber obtenido el voto unánime del Congreso. Y hoy en día cabe destacar las leyes promulgadas para permitir el uso de sustancias peligrosas en Mendoza, aprobadas por la complicidad entre el kirchnerismo y Cambiemos, pero finalmente derogadas gracias a la movilización popular.
En el país del Nunca Más, donde los movimientos sociales y Organismos de Derechos Humanos mantienen en alza la bandera por la Memoria, Verdad y Justicia, aún continúa vigente la lucha por la aparición de lxs compañerxs desaparecidxs y el esclarecimiento absoluto de todos los casos. Esto deja de manifiesto que la verdadera presión que ha permitido avanzar en materia de derechos humanos a lo largo de los años y en la exigencia de justicia a todos los responsables de los distintos eslabones del poder, ha sido producto de la lucha política independiente desplegada en las calles contra la impunidad de ayer y hoy de las fuerzas represivas y la complicidad directa de los distintos gobiernos responsables.
