Programa Político de ¡Ya Basta! Elecciones FEUCR 2019

La Universidad de Costa Rica (UCR) cuenta con un modelo de financiamiento que versa sobre dos grandes categorías: los fondos corrientes y los fondos de vínculo externo (venta de bienes y servicios por parte de la universidad), lo que representa, en términos porcentuales un 84,23% y el 15,77% respectivamente del presupuesto total de la institución en el 2018. (Vicerrectoría de Administración, 2019).

El Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) como subvención del Estado está contemplado dentro de la categoría “fondos corrientes”, representando para el 2018 el 79,75% de dicha categoría (y el 67,17% del presupuesto total de la universidad), de manera que el restante 20,25% del presupuesto bajo dicho rubro es producto de los recursos obtenidos por diversidad de leyes específicas destinadas también a la financiación de la educación superior pública en el país.

Por lo tanto, es importante recalcar la importancia de este fondo en tanto se constituye como la mayor fuente de financiación de la educación pública universitaria (dicho fondo se divide entre la UNA, TEC, UNED y la UCR) y se encuentra estipulado en los artículos 78, 84 y 85 de la Constitución Política, que establecen lo siguiente:

Artículo 78: En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución.

TRANSITORIO I.-

El gasto público en educación podrá ser inferior al ocho por ciento (8%) durante los períodos fiscales anteriores al año 2014. Sin embargo, en ningún caso el porcentaje del producto interno bruto destinado a la educación podrá ser más bajo que el del año precedente.

Artículo 85: El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones.

De manera que en desacato a la norma constitucional, entre el 2014 hasta el 2018, el porcentaje destinado a la educación en general siempre se presupuestó por debajo del 8% constitucional, además de incumplir también el acuerdo tomado en el último convenio de financiamiento 2011-2015 de las universidades públicas del 1,5% del PIB para el FEES que, a su vez, fue a partir del 2017 que dicho porcentaje empezó a negociarse a la baja.

Sin embargo, es a partir del 2018 que el gobierno “cumplió” de manera artificial con el mandato constitucional mediante el artículo 29 de la ley N° 9635 “Fortalecimiento de Las Finanzas Públicas”, el cual incluye al INA y las redes de cuido a cargo del IMAS con su respectivo presupuesto como parte del sector educación, inflando con ello por encima del 8% el presupuesto destinado al sector educativo en detrimento de la educación general y superior pública. Aunándose a esto una serie de disposiciones que agravan la ya de por si crítica situación presupuestaria de la Universidad.

A partir de la década de los años 80 el FEES se firmaba en plazos quinquenales (cada 5 años), lo que permitía con ello la posibilidad de crecimiento a mediano plazo. Sin embargo, posterior al vencimiento del convenio de financiamiento 2011-2015, en el 2016 el FEES empezó a firmarse cada año, afectando por ello la posibilidad de proyección e inversión, y abría un portillo para el recorte sistemático en la financiación universitaria, aspecto que se confirmó en el 2017 cuando se negoció el presupuesto a la baja en términos porcentuales.

A esta problemática situación de recortes sistemáticos al presupuesto educativo, hay que sumarle una medida aún más agravante, la cual es la ley N° 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” (conocida cómo Combo Fiscal), misma que, en su acápite de la regla fiscal, contempla un límite de crecimiento determinado para el presupuesto de las instituciones públicas en general (contemplada la U, debido a lo ya mencionado cómo “fondos corrientes”) en razón de la deuda del gobierno central que, para este año, alcanza el 53,4% según el Ministerio de Hacienda. Esto condena a la institucionalidad pública al congelamiento presupuestario, representando un ataque directo a las condiciones de estudio y trabajo de toda la comunidad universitaria.

De modo que, si consideramos la deuda actual del gobierno del 53,4% (que se agrava con la proyección de crecimiento raquítico nominal del PIB de un 2,2% al término de este año y un 2,6% para el 2020) según el diario El Financiero, aplicaría el inciso c) del artículo 11 sobre la regla fiscal, mismo que contempla lo siguiente:

Artículo 11: inciso c) Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla fiscal, sea igual o mayor al cuarenta y cinco por ciento (45%) del PIB, pero inferior al sesenta por ciento (60%) del PIB, el crecimiento interanual del gasto corriente no sobrepasará el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio del crecimiento del PIB nominal

Así, según las declaraciones de Rocío Aguilar y los datos del Ministerio de Hacienda, para el año 2020 el gasto corriente no podrá exceder el 4,67% de “crecimiento” (que constituye el 75% promedio), y de mantenerse el actual nivel de inflación del 3%, que las instituciones tienen que incorporar en sus presupuestos el pago del IVA y el continuo aumento del pago de los intereses de la deuda, se está ante un escenario  de no crecimiento anual presupuestario a nivel nacional.

Dichas cifras coinciden con el FEES presupuestado para el 2020 mismo que, si bien es cierto presenta un supuesto aumento del 2,32% con respecto al FEES 2019, dicho aumento toma de referencia el presupuesto universitario con el recorte incluido de 10.000 millones de colones realizado por la Asamblea Legislativa el año pasado, de manera que, el crecimiento real del FEES (esto es tomando de base el presupuesto sin recorte presupuestario), sería de un 0,32%, pasando con ello del 1,35% del PIB durante este año, a un 1,33% para el año entrante.

Lo anterior evidencia las consecuencias de la regla fiscal para el crecimiento del presupuesto público y por ende la institucionalidad pública, lo cual para el caso de la educación superior  dichas medidas evidencian lo lejos que se está cada vez más del acuerdo tomado según el último convenio de un 1,5% para su financiación y, por el contrario, se produce un retroceso año tras año, sin obviar a esto la posibilidad de un nuevo recorte al FEES 2020 por parte de la Asamblea Legislativa e inclusive la modificación de la Constitución Política en los artículos referidos al presupuesto para la educación (lo cual requeriría cumplir el procedimiento de reforma constitucional).

A dicho recorte se le debe sumar, a partir del 2020, la derogación de los artículos 3 y 3 bis de la ley N.° 6450 (producto de la ley N° 9635), en la cual se presupuesta doscientos sesenta millones de colones para la universidad: setenta y cinco millones de colones para la Sede de Paraíso de Cartago y ciento ochenta y cinco millones de colones restantes para programas de desarrollo, además de ciento sesenta y dos millones, ochocientos mil colones presupuestados para el FEES en general, lo que afecta el desarrollo de las Sedes y Recintos Regionales de la universidad, su posibilidad de desarrollo e inversión. Recorte que, en la actualidad, se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa bajo el expediente N°21277.

Este retroceso, tanto del presupuesto universitario cómo del recorte desde el ámbito legislativo, se enmarca en la ascensión de un gobierno de unión nacional de los de arriba contra los de abajo, el cual mediante el argumento del déficit fiscal y la falacia de “ajustarse todos el cinturón”, recorta la inversión social del país. Así, con la complicidad de las rectorías aliadas al gobierno (y el silencio/pasividad de las Federaciones Universitarias, incluyendo la FEUCR), negociaron el FEES a puertas cerradas, en vacaciones cuando el movimiento estudiantil tiene menos oportunidades de defenderse.

En ese sentido la rectoría demostró alineación con las políticas de este gobierno, la Vicerrectoría de Administración financiera asumió una serie de disposiciones dentro del ámbito universitario que afectan directamente las condiciones de estudio y trabajo de la comunidad universitaria. Así, según lo establecido por el vicerrector de Administración Carlos Araya, la Universidad de Costa Rica realiza una diversidad de medidas de ahorro (léase ajuste) producto del recorte al FEES del año pasado.

Por ejemplo, el 31 de julio del año 2018, Administración Financiera presentó ante el Consejo Universitario (CU) 11 rubros y 9 medidas en materia de contención al gasto, entre las que se encuentran el recorte a la masa salarial, la dedicación exclusiva, el pago de horas extra, restricciones de suplencia, recorte por mérito académico y la restricción en la creación de plazas docentes y administrativas, ahorrándose con ello, según declaraciones de Carolina Calderón -directora la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU)- 5000 millones colones. (Programa “Diálogo Abierto”, 2019)

Por su parte, Carlos Araya indica que, para el año 2018, aparte de esas medidas llevadas a cabo, se realizaron dos medidas relevantes dentro de la convención colectiva de los trabajadores universitarios: reformar la fórmula de reconocimiento de aumento salarial por costo de vida para que este aumento se limite al crecimiento de la inflación, así como la eliminación por fallo constitucional del denominado incentivo de escalafón docente.

La implementación de estas medidas responde, según Araya, a la situación de corto y mediano plazo producto del recorte de presupuesto a nivel nacional, así como a largo plazo con el presupuesto en su totalidad, ya que según esta debido al gasto permanente (por ejemplo, en salarios) podría crecer de manera exponencial, lo que podría derivar en un déficit financiero en el presupuesto universitario.

Más allá de lo establecido en dichas aseveraciones (sin obviar lo grave de la situación de la universidad) hay un elemento objetivo, la rectoría acata sin cuestionar las medidas impuestas por el gobierno, y no escatima en pasarle la factura de su capitulación a los trabajadores y trabajadoras de la comunidad universitaria, demostrando la alianza existente entre la cúpula de la rectoría y el gobierno, cúpula que en la actualidad decide restringir el crecimiento de la educación pública antes de defenderla; basta solo recordar la supuesta manifestación “pacífica” por las aceras convocada por la rectoría el año pasado y su contraste con las medidas en materia de recorte a finales de julio del año pasado.

Dichas medidas constituyen un claro ataque a las condiciones de vida de las personas trabajadoras de la universidad, mismas que se les recortó sistemáticamente diversidad de partidas salariales en años anteriores que, además de esto, son en términos presupuestarios insignificantes (5000 millones ahorrados en contraposición a 10000 millones recortados fácilmente por la Asamblea Legislativa) y, como lo refiere Carlos Araya, esto apenas es el inicio de la diversidad de reformas que se deben hacer para mantener un presupuesto sano en el marco de la situación fiscal del país.

Al respecto Araya plantea la necesidad de una nueva estructura salarial, la cual plantee un salario base mayor y competitivo, pero a la vez una reducción en términos de incentivos salariales, para reducir la brecha entre salarios según la categoría laboral (profesorado, administrativo, seguridad…), la restricción del pago de la anualidad a no más de 25 o 30 años, el pago de 12 salarios por concepto de cesantía (la convención de trabajo señala 15) y la acumulación de los otros 3 por pagar, cambios que afectarían a las nuevas personas trabajadoras.

En lo que refiere a la FEUCR su posición no es diferente, por ejemplo junto con la FEUNA y el FEITEC (está más que decir que las tres federaciones están bastante deslegitimadas dentro de las universidades) asume una posición claramente reaccionaria y alineada a los mandatos del gobierno, en tanto cuestionan el manejo del presupuesto universitario (que por sí mismo no está mal) pero sin contemplar o contextualizar la situación país, lo que deriva en una crítica sin fundamento por la derecha, que valida la inquisición contra la educación pública por parte de este gobierno.

Así, la presidenta de la FEUCR Andrea Chacón, exclama al diario La Nación (2019) la necesidad de que la gestión universitaria esté alrededor de los estudiantes, ya que estos cómo los centros de la educación pública se han perdido, es decir están en segundo plano y por ello, a nivel interno se debe establecer una autocrítica en la inversión de recursos.

Esta declaración, si bien al principio puede parecer inofensiva, carga con un claro componente ideológico y político en el marco de la actual coyuntura, pues plantea que la educación universitaria no está orientada hacia el estudiantado, lo que favorece aún más el cuestionamiento de la universidades públicas y su financiamiento, obviando desde esta perspectiva lo referente a nivel país y al recorte sistemático de la educación superior, la importancia de los salarios para las personas trabajadoras, la inversión en infraestructura, acción social, entre otras.

De ahí que los directorio federativos (producto de la alternancia de PROGRE-ALTERNATIVA en los últimos años), en la actual coyuntura evidencie de manera más clara su vinculación con el gobierno actual, ya que demuestra el desgaste de un discurso “progresista” en el marco de una coyuntura marcada por la lucha de clases, lo que en la actualidad incide en la posición de la FEUCR, es decir, asumir un discurso de derecha que cuestiona a la educación pública, con claro carácter populista en tanto obvia el contexto y dirige sus ataques a conveniencia, bajo la consigna de defender al sector estudiantil y el presupuesto universitario.

Lo interesante de esta última afirmación es precisamente la falta de compromiso y participación de la FEUCR en la lucha por la defensa de FEES, ya que inclusive en la actualidad refuerza su papel de contención de lucha que se evidenció en la ausencia de las marchas que denominamos “ marchas efemérides” (es decir realizadas solo para legitimarse electoralmente, castradas de todo componente político y sin ser realmente una acción de lucha) y una clara ausencia en la participación de la diversidad de Asambleas Autónomas realizadas a mediados del semestre pasado.

Así, el pensar en problemas de becas, cupos, de infraestructura, de oferta de carreras en Sedes Regionales, de problemas en las franjas horarias se hace inadmisible en tanto el recorte presupuestario está a la orden del día solamente que, de manera solapada, acciones respaldadas tanto por rectoría como por la FEUCR bajo la dirección de PROGRE y ALTERNATIVA, que a través de la diversidad de sus gestiones, se caracterizaron por desmovilizar e irrespetar los espacios democráticos establecidos por la comunidad estudiantil, no hacerle frente al accionar de las rectorías y, por el contrario, esperar a ver qué decisión toman, para solamente emitir un comunicado “oponiéndose” a sus decisiones. Siendo en última instancia un órgano de contención en la organización independiente del sector estudiantil.

Por lo tanto esta serie de medidas de recortes llevadas a cabo tanto a nivel nacional como institucional en conjunto con el aval de la rectoría y la FEUCR, son preocupantes en tanto las universidades públicas son un gran pilar en materia de ciencia y tecnología, investigación y acción social, además de ser la opción de miles de estudiantes de bajos recursos para acceder a una educación superior de calidad, para lo cual se ocupa infraestructura, una verdadera regionalización, un sistema de becas eficientes y de otorgamiento de cupos, entre otras tareas, para lo cual se ocupa evidentemente presupuesto.

Por lo anterior desde ¡Ya Basta! Proponemos:

1. Exigir del cumplimiento 1,5% para el FEES
2. Demandar la firma quinquenal del FEES, como forma de inversión a mediano plazo y las posibilidades que esto brinda.
3. Exigencia de la no aplicación de la regla fiscal en respeto a la autonomía de la Universidad.
4. El restablecimiento de las leyes especiales para el financiamiento universitario
5. Impulsar la alianza obrera-estudiantil y el establecimiento de un plan de lucha para derrotar el ajuste del gobierno y de los organismos internacionales.
6. Conformar un Encuentro Universitario de Lucha por la Defensa del FEES y la Autonomía Universitaria, articulado entre el sector estudiantil y trabajador.