Por Sthefanny Zúñiga

Dentro del modelo capitalista actual, la educación pública (particularmente la universitaria) se convirtió en un bien mercantil, profundizándose una transformación de derecho democrático a un producto meritocrático, orientando las políticas educativas hacia lo privado (véase los recortes) o el “fanatismo” por graduar rápidamente al estudiante, como máquinas expendedoras de títulos.

En el caso costarricense, la OCDE lleva la batuta de las exigencias privatizadoras de la educación superior. Por ejemplo, el documento “Análisis de la OCDE Acerca de las Políticas Nacionales para Educación…” (2017)[1], propone una reforma estructural a la educación pública y trae “instrucciones” que fueron acatadas por las direcciones universitarias y el gobierno, e incluso en ocasiones incurre en falsedades como aseverar que el FEES tuvo un “rápido crecimiento desde el 2000 y llegó a estar sobre el 1.5%”, algo inexistente.

También aboga por una reestructuración del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y priorizar la atención en primera infancia reduciendo el presupuesto universitario (Red de Cuido); en cuanto a las becas recomiendan: incluir a estudiantes de universidades privadas (a las universidades deberían decir) en el “subsidio generoso” del FEES y, para finalizar, recomiendan aumentar paulatinamente la matrícula universitaria para “mejorar las becas”, algo aplicado por el ITEC[2].

Aunque no todas las medidas mencionadas (existen más) se aplicaron, estos lineamientos representan la hoja de ruta que exigen a golpe de tambor la OCDE y la Asamblea, que aplica la Rectoría y que los directorios federativos solapan.

Una intensa temporada de recortes que asfixia a las universidades

Como reseñamos anteriormente, el presupuesto del FEES lo redujeron en relación al PIB y, relacionado consigo mismo, el crecimiento es casi nulo. Según el último Estado de la Educación (p. 152) el total del financiamiento a las universidades (UTN incluida) se redujo luego del convenio 2015, pasando de un 1.40% a un 1.36% en el 2019[3]. Tomando solo los datos del FEES (sin la UTN), en el 2016 se destinó un 1.42% y para el 2019 se estableció un 1.35%[4], siendo un duro golpe para las finanzas universitarias, pues al decrecer en relación al tamaño del país, en términos económicos, no importa si crece en relación a sí mismo, pues no será capaz de solventar demandas cada vez mayores.

Si relacionamos el crecimiento del FEES consigo mismo el panorama tampoco es alentador, pues este aumento se redujo desde el 2017, pues para el 2018 únicamente creció un 1% y, para 2019, el crecimiento real (crecimiento nominal menos la inflación) se mantiene en un 0% con una alta probabilidad de crecer negativamente, pues la meta inflacionaria es del 3%.

Ante este panorama quedan claras dos cosas: primero, el Gobierno PAC fue el primero en recortar el FEES y, segundo, ese mismo gobierno cuenta con el beneplácito de autoridades internas y los directorios de la FEUCR (PROGRE como juventud del PAC y Alternativa como juventud del FA, según corresponda).

Hace un año estaba en marcha la huelga contra el Plan Fiscal, el cual dentro de sus puntos regresivos incluye derogaciones a los artículos para financiar Sedes y Recintos; en cuanto a esto, si bien se aprobó una suerte de remiendo (vía por acuerdo político) el riesgo de desfinanciamiento persiste. Según la oración que se agregó en primer lugar, los  artículos continúan derogados y luego, al quedar sujeto al artículo 23 de la Regla Fiscal se deja a criterio de la “disponibilidad de recursos financieros” si se le da financiamiento o no (inciso g).

En esa línea, Hacienda de forma autoritaria pretende imponer recortes y limitar el crecimiento total al 4.67%, a pesar de ser inconstitucional[5] su aplicación a las universidades por contar con la autonomía. La ministra señala como justificante que las transferencias las hace Hacienda y está supeditada a la Regla Fiscal. Pero ella obvia por completo que Hacienda es la institución encargada de las transferencias de presupuesto. Sumado a eso: la Constitución (y hasta cierto punto la Sala Constitucional) están por encima de ella, por lo cual quiera o no debe atenerse a estas dos últimas y desobedecerles sería totalmente autoritario en los marcos del ordenamiento jurídico del Estado burgués.

Recortes internos: pierden estudiantes y el sector trabajador

Hace varias semanas, Rectoría dio a conocer por medio de un comunicado, una serie de medidas que afectan a la comunidad universitaria en su conjunto. El “ahorro” implementado por estas medidas vendría a representar un 1.09% del FEES aprobado actualmente, lo cual deja ver que, por un lado, los recortes tienen un grado de afectación muy amplio y sus supuestos “beneficios” no son significativos.

Las medidas se dividen en dos grupos; el primero corresponde a las ya aplicadas y el segundo las que están por aplicarse. Dentro del primero podemos mencionar: reajuste salarial no mayor al costo de la vida, reducciones de plazas vacantes, horas extra, viajes al exterior, capacitaciones, en la UCR: reducción de contrataciones especiales, disminución de la anualidad, dedicación exclusiva sólo para quienes tienen la licenciatura y “según el interés” institucional. El segundo grupo está constituido por las siguientes medidas: reducción de cargas académicas para la asignación de jornadas, reducción de cuartos de tiempo adicional en académicos, suplencias sólo para licenciaturas, reducción de remuneraciones extraordinarias, entre otras[6].

Estas medidas, en su conjunto, además de atacar fuertemente al sector trabajador universitario, también afectan al estudiantado. Por ejemplo, al rebajar las cargas académicas o los tiempos, esto tiene una implicación directa en la apertura o no de más grupos y, la tendencia de la universidad para intentar subsanar la no apertura de más grupos, es saturar los existentes con más estudiantes –esto para subir la matrícula y graduar más personas- hasta llegar el punto de tener estudiantes en hacinamiento. Por otra parte, a nivel laboral esta medida implicaría, incluso, despidos al personal en condición de interinazgo, o sea, hablamos de personas con familias a las cuales mantener que estarían perdiendo o reduciendo sus fuentes de ingresos.

PROGRE y Alternativa son partidos que no representan un cambio, por ello resulta importante que el movimiento estudiantil desplace a estas dos fuerzas pro-gobierno de la Universidad y del directorio federativo; a diferencia de esas dos organizaciones desde ¡Ya Basta! queremos incidir en el movimiento estudiantil para luchar contra los recortes y por una FEUCR anticapitalista, feminista y ecologista, funcional a los intereses de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud. También reiteramos la necesidad de un Encuentro Universitario por la Defensa del FEES y la Autonomía Universitaria (ENUL) articulado entre estudiantes y el sector trabajador, para frenar los recortes y las medidas autoritarias de este gobierno: la ley anti huelgas y preparar la lucha por la defensa del FEES.

[1]  OCDE 2017. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.oecd.org/education/school/La-Educacion-en-Costa-Rica-Resumen-Ejecutivo.pdf&ved=2ahUKEwjQtrGIoLfkAhUE11kKHfmpDvoQFjAAegQIBxAC&usg=AOvVaw2A_CswW-0-0fuKlirUg4Lj

[2] La Universidad como Mercancía: un Modelo de Privatización. En https://izquierdaweb.cr/titulares/nacional/la-universidad-como-mercancia-un-modelo-de-privatizacion/

[3]Estado de la Educación 2019. Capítulo V

[4]Informático. Mercantilizar o no la Educación: Tema de Fondo sobre las Finanzas de las Universidades Públicas. Rita Meoño. https://www.informa-tico.com/10-06-2019/mercantilizar-no-educacion-tema-fondo-finanzas-universidades-publicas

[5]Proyecto para Presupuesto Nacional 2020. Hacienda.

[6]Rectoría UCR.https://www.ucr.ac.cr/noticias/2019/08/27/contencion-del-gasto-realizado-por-las-universidades-publicas-y-el-conare-genera-un-ahorro-de-mas-de-47-000-millones.html