Por Sthefanny Zúñiga

Ayer se anunció un nuevo golpe al presupuesto universitario, pues, la Contraloría General de la República (CGR) archivó el presupuesto acordado para el 2020. Ante lo cual el presupuesto vigente para el próximo año sería el acordado para el 2019, o esa unos 501 mil millones.

Dicho recorte, en términos prácticos dejaría el crecimiento universitario sin ningún tipo de crecimiento. Según se indicó en pasados artículos con el convenio FEES pactado para el 2020 no se permitía un crecimiento real; ahora, con esta decisión de la CGR tampoco se permitiría un crecimiento nominal.

Sumado a lo anterior se debe tomar en cuenta que el crecimiento del FEES en relación al PIB desde el 2017 tomó una tendencia decreciente “pasando de un 1,45% en el 2017 (equivalente a ₡479,570 millones) a un 1,33% (equivalente a ₡512,781 millones) en el 2019 [se debe tomar en cuenta que, con la nueva resolución este porcentaje sería menor S.J]”^[1] esta tendencia a desfinanciar la Educación Superior hace que las finanzas universitarias corran cada vez más riesgo de entrar en situación crítica.

Se debe recordar que este golpe se enmarca en una serie de ataques que se han realizado en miras de privatizar y mercantilizar la Educación Superior, entre ellos tenemos por ejemplo que el presupuesto del 2019 cuenta con un recorte de 10 mil millones y para el 2020 el presupuesto pactado estaba condicionado a destinar 35 mil millones a gastos de capital, re-direccionamiento que, a pesar de violentar la autonomía universitaria fue avalado por la Sala Constitucional. Tampoco se debe olvidar que estos recortes se han dado en las administraciones Solís y Alvarado que son promotores de estas políticas.

A nivel interno es patente como las Rectorías acatan sin miramientos las políticas de ajuste, es por ello que aceptan presupuestos austeros y amañados, aceptan que se viole la autonomía universitaria y sacrifican en primera instancia la acción social, las Sedes y Recintos Regionales y el sector interino, con recortes de presupuesto, cierres de carreras, no pago de horas extra, cierres de programas, entre otras medidas.

En esta ocasión los Rectores de las universidades tienen la responsabilidad por este nuevo golpe, pues en primer lugar hace un año cuando se discutía el plan fiscal ellos decidieron darle la espalda al movimiento social y capitalizar a favor del gobierno e incluso impidiendo que la Universidad se uniera a la huelga. En segundo lugar hace unos meses con las movilizaciones, las tomas de edificios y los cuestionamientos del Movimiento Estudiantil hacia el re-direccionamiento y mala distribución interna del presupuesto los Rectores y la administración le dieron la espalda y criminalizaron el movimiento, cerrando con otra capitulación a favor del gobierno, esto junto a la FEUCR de Progre.

Esto da paso a actitudes cada vez más autoritarias por parte del Ejecutivo -principalmente en lo referente a la Regla Fiscal- las cuales dejan como resultado este “congelamiento” del presupuesto universitario.

Por último es reseñable que todas estas medidas se corresponden a directrices de organismos internacionales, tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE organismos que promueven un modelo corporativo y privatizador de universidad y centran sus medidas en desmantelar la Educación Pública.

Ante esto es necesario que el movimiento estudiantil continúe organizándose para afrontar y plantarse ante este gobierno neoliberal, tal como lo hace el sector estudiantil y los distintos movimientos sociales en la región y el mundo.

^[1] Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/universitarias/sin-crecimiento-real-del-fees-presupuesto-ucr-seria-insuficiente-a-partir-del-2021/