- Que el gobierno no entregue la totalidad de recursos para becas es un crimen que condena a miles de estudiantes a ser excluidos de la educación.
Johan Madriz
La Contraloría señaló en un informe que el gobierno no ejecutó ₵1.900 millones en becas durante el primer semestre del año. Estos recursos son parte de los presupuestos del Ministerio de Educación (MEP) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y debían ser asignados a personas de bajos recursos para mantenerles dentro del sistema educativo.
Según el informe hubo una reducción en la ejecución de 5.6% con respecto al año pasado y en términos globales solo se ejecutó el 40.8% de los recursos.
Esta situación se da mientras el país vive una verdadera crisis educativa no solo por el hecho de la afectación en el proceso de enseñanza producto de la virtualidad, sino, también, por la enorme exclusión que está generando el sistema de miles de estudiantes.
La exclusión estudiantil tiene dos aspectos económicos centrales. El primero es la afectación de las familias por la pandemia, los altos niveles de desempleo e informalidad y su consecuente efecto en los ingresos y el otro, estrechamente relacionado, es la falta de conectividad, reflejado en las limitaciones de acceso a internet o de dispositivos.
Solo el año pasado 91 mil estudiantes “abandonaron” el sistema educativo. Estos números son de quienes no atendieron las llamadas, no enviaron las guías de trabajo o dejaron de conectarse a las sesiones virtuales. Además, unos 215 mil estudiantes no tenían acceso a internet o equipos y al momento la tramitología gubernamental no ha logrado subsanar el problema.
En este panorama que el gobierno no entregue la totalidad de recursos para becas es un crimen que condena a miles de estudiantes a ser excluidos de la educación. Es responsabilidad del gobierno no solo asignar y entregar las becas sino asegurarse de que cada persona del país tenga acceso real a la educación, que el mandato constitucional de universalidad y gratuidad sea real. La agenda de ajuste y recortes del gobierno, el desfinanciamiento de las universidades públicas y los ataques contra las y los trabajadores de la educación van en sentido contrario a esto.
