Por ¡Ya Basta!

 

El martes se realizó la gran marcha universitaria contra el re-direccionamiento de 70 mil millones de colones del FEES como “transferencias de capital” para utilizar exclusivamente en obras de infraestructura y equipamiento, el cual realizó la Ministra de Hacienda en el proyecto de presupuesto nacional que se votará próximamente en la Asamblea Legislativa. Debido a esta medida, las universidades se verían impedidas de utilizar esos recursos en gastos corrientes, tales como pago de salarios, financiamiento de becas, proyectos de investigación o acción social[1].

Esto, además de representar un golpe directo contra la autonomía universitaria, pone en jaque el funcionamiento de las universidades estatales. Por eso, no resulta extraño que la movilización de ayer fuera multitudinaria, con una participación que superó las 20 mil personas.

Más importante aún, este ataque generó una respuesta del movimiento estudiantil desde abajo mediante la toma espontánea de facultades en la UCR y la UNA, tanto en el campus central como en las sedes regionales. De esta forma, se instaló un clima de rebelión estudiantil que no se apreciaba hacía muchos años en las universidades, en gran medida por el “dique de contención” que desempeñaron los directorios federativos en los últimos años con su orientación pro-gobiernos del PAC (en el caso de la UCR, esto fue garantizado por Progre y Alternativa).

También es importante destacar que sectores de trabajadores y trabajadoras universitarias, al calor de la rebelión estudiantil, comenzaron a reorganizarse sindicalmente para luchar por sus derechos; por ejemplo con la reorganización de seccionales del SINDEU (como sucedió en Sociología) y la vistosa columna de Personas Interinas en la marcha del 22 de octubre.

Por lo anterior, el gobierno, las rectorías agrupadas en el CONARE y la FEUCR, tenían prisa por desactivar la lucha estudiantil, pues desde un principio asumió como parte de sus denuncias las inequidades a lo interno de las universidades y la denuncia de los directorios federativos pro-gobierno.

Esto se reflejó en el acuerdo firmado con el gobierno en Casa Presidencia el 22 de octubre, el cual caracterizamos como ambiguo en cuanto a su alcance real y complaciente con el gobierno de Alvarado dado sus reiterados ataques contra la educación superior pública.

Por ejemplo, en el considerando #6 se indica que: “El Gobierno de la República es respetuoso de la autonomía universitaria consignada en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política de acuerdo con la jurisprudencia existente en esta materia”, pero esto no se condice con las políticas de la actual administración que, en año y medio de mandato, lanza ataques contra el presupuesto y la autonomía universitaria. De hecho, a pocas horas de firmarse el acuerdo, el gobierno (en alianza con el rector Salom) envió la Fuerza Pública a reprimir la protesta al frente de la rectoría de la UNA, incluso lanzando gases dentro del campus universitario y apostando decenas de policías en las entradas de la universidad.

Otra concesión al gobierno es la legitimación del supuesto crecimiento del FEES para 2020 en un 2,32% (considerando #4), para lo cual se toma como punto de partida el monto del presupuesto universitario luego de que la Asamblea Legislativa realizara un recorte de 10 mil millones de colones al acuerdo firmado entre gobierno y CONARE. Esta “contabilidad ingeniosa” oculta que, si se toma como base el presupuesto del 2019 sin el recorte presupuestario, el crecimiento real del FEES 2020 sería de un 0,32%, pasando con ello del 1,35% del PIB durante este año, a un 1,33% para el año entrante.

 

En cuanto a los acuerdos, se mantiene el redireccionamiento de recursos del FEES como transferencias de capital y, en el #2, se indica que “las universidades estatales realizaron una revisión conjunta de sus presupuestos, la cual permite reclasificar las diferentes partidas de gasto que actualmente están consideradas como gastos corrientes para contabilizarlas como gastos de capital”. Este punto genera muchas dudas por su ambigüedad, porque no queda claro como al persistir el redireccionamiento (del cual no hay garantía del monto que se vaya a votar en la Asamblea Legislativa) no se produzca una afectación a los gastos corrientes (becas, salarios, acción social, etc.); además si lo único que se ocupaba era una reclasificación de partidas desde el CONARE, ¿por qué los rectores atizaron el conflicto desde un inicio? Por último, de la redacción se interpreta que gastos corrientes van a procesarse como gastos de capital, algo que a todas luces es ilegal y que faculta para que la Contraloría General de la República se traiga abajo el acuerdo en unos meses, tal como hizo con el que firmó la CCSS y sindicatos del sector salud en la última huelga.

Por último, el acuerdo no dice nada sobre las sedes y recintos, las cuales se vieron afectadas con el veto presidencial de Carlos Alvarado al proyecto de ley que garantizaba el ingreso de recursos para la Universidad de Costa Rica, mantiene preocupadas a las autoridades de ese centro de enseñanza superior

Ante esto, la pregunta que surge es ¿qué hacer con la lucha? Desde nuestra perspectiva no hay que defender este acuerdo, el cual fue firmado por los rectores y directorios federativos que no representan el verdadero sentir de la lucha estudiantil y los reclamos de trabajadores y trabajadoras universitarias por mejores condiciones laborales. Además, el FEES ahora está sujeto a lo que suceda en la Asamblea Legislativa, donde se votará el proyecto de presupuesto nacional a más tardar a finales noviembre.

De ahí que llamemos a sostener la lucha en defensa del FEES, aunque consideramos que debe redireccionarse contra la Asamblea Legislativa, impulsando un plan de lucha regionalizado de cortes de rutas y movilizaciones. En este marco, sostener las tomas de facultades es algo táctico (aunque pareciera que son muy importantes para mantener latente la lucha) que deben discutir las y los estudiantes, valorando la capacidad de mantenerlas (pues requieren un enorme esfuerzo físico y mental) y buscando las mejores formas para reagrupar a la comunidad estudiantil para informarle lo ambiguo de este acuerdo y prepararla para la lucha.

Además, es fundamental que se avance en la coordinación política y de acciones entre los sectores en lucha del movimiento estudiantil en todas las universidades, sedes y recintos, en unidad con los trabajadores y trabajadoras universitarios (en el caso del SINDEU acordaron una huelga este miércoles 30 de octubre); así como llamando a la unidad de otros sectores sociales en defensa del FEES.

[1] “El Ministerio de Hacienda redirecciona 70 000 millones del FEES”, en https://www.ucr.ac.cr/noticias/2019/10/14/el-ministerio-de-hacienda-redirecciona-70-000-millones-del-fees.html (Consultado el 14 de octubre de 2019).

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