Programa Político de ¡Ya Basta! Elecciones FEUCR 2019

El gobierno de Carlos Alvarado, en alianza con los principales partidos de derecha y conservadores en la Asamblea Legislativa, impuso la ley N° 9635 de “FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” (conocida como Combo Fiscal), compuesto por una serie de medidas fiscales regresivas, como la conversión del impuesto de ventas en impuesto al valor agregado (IVA), además de golpear conquistas salariales históricas de la clase trabajadora del sector público.

Veamos algunas de las principales medidas que contrajo esta ley:

  • Instauró el impuesto al valor agregado (IVA) del 13%. Con el IVA todos los productos y servicios pasaron a estar tasados con el 13% (con una tasa diferenciada del 1% para la canasta básica), provocando un aumento generalizado en el costo de la vida. Es un impuesto regresivo, porque pone a pagar por igual a una trabajadora de la maquila o a un gran empresario piñero, por dar un ejemplo.

Pero además es poco efectivo para afrontar el déficit fiscal del país, pues un estudio de la Universidad Nacional determinó que con la transformación del impuesto de ventas en IVA la recaudación aumentaría apenas un 0,5%, muy poco si se toma en consideración que el déficit proyectado para el 2019 será del 6,2% del PIB.

Con respecto a las anualidades en dicha ley ahora se calculan de forma nominal sobre el salario base (no porcentual como se hacía anteriormente), estableciendo un  monto nominal fijo para cada escala salarial que permanecerá invariable (artículo 50).

Además el proyecto fiscal estipula que la dedicación exclusiva dejaría de ser un complemento salarial generalizado, convirtiéndose en un contrato entre el ente administrador (institución del Estado) y el trabajador, cuya duración será de un año mínimo a cinco años máximo (artículo 28). Además se redujo sustancialmente, pasando del 50% al 25-10% del salario base.

Para camuflar este ataque a los derechos adquiridos, el gobierno impulsa un tope para los salarios del sector público, cuyo máximo será de veinte salarios mínimos (según la tabla del Servicio Civil), excepto en el caso de instituciones con competencia en el mercado o para funcionarios en el servicio diplomático. ¡Para los altos jerarcas del Estado se garantiza que sigan devengando salarios multimillonarios!

  • Una draconiana regla fiscal. La regla fiscal es un mecanismo de ajuste profundamente antidemocrático, según la cual los gastos corrientes no pueden superar los ingresos corrientes, dándole la potestad al Poder Ejecutivo de imponer recortes automáticos (sin necesidad de realizar un debate y votación en la Asamblea Legislativa) sobre el presupuesto para el pago de salarios, pensiones y financiamientos de los servicios públicos.

Citamos en extenso el artículo 11 la ley N° 9635:

“ARTÍCULO 11- Rangos de deuda que deben considerarse para determinar el crecimiento del gasto corriente El gasto corriente de los presupuestos de los entes y los órganos del sector público no financiero crecerá según los siguientes parámetros de deuda del Gobierno central:

  1. a) Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario anterior al año de aplicación de la regla fiscal no supere el treinta por ciento (30%) del PIB, o la relación gasto corriente-PIB del Gobierno central sea del diecisiete por ciento (17%), el crecimiento interanual del gasto corriente no sobrepasará el promedio del crecimiento del PIB nominal.
  2. b) Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla fiscal, sea igual o mayor al treinta por ciento (30%) del PIB, pero inferior al cuarenta y cinco por ciento (45%) del PIB, el crecimiento interanual del gasto corriente no sobrepasará el ochenta y cinco por ciento (85%) del promedio del crecimiento del PIB nominal.
  3. c) Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla fiscal, sea igual o mayor al cuarenta y cinco por ciento (45%) del PIB, pero inferior al sesenta por ciento (60%) del PIB, el crecimiento interanual del gasto corriente no sobrepasará el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio del crecimiento del PIB nominal.
  4. d) Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla fiscal, sea igual o mayor al sesenta por ciento (60%) del PIB, el crecimiento interanual del gasto total no sobrepasará el sesenta y cinco por ciento (65%) del promedio del crecimiento del PIB nominal.”

Esto abre el portillo para que el gobierno de turno decrete congelamientos salariales y promueva despidos, además de aplicar recortes a las instituciones estatales que se le antojen y, por los debates sobre el presupuesto estatal en los últimos años, no dudamos que sectores como educación (en especial las Universidades) o el PANI encabezarían la lista de afectados.

  • Golpear el presupuesto para la educación pública. Aunado al combo fiscal, está la propuesta de incorporar al presupuesto educativo los recursos destinados al INA y la Red de Cuido, para artificialmente cumplir el mandato constitucional del 8% del PIB para la educación y no invertir más en el sistema educativo público. Esta es una medida sugerida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organismo financiero internacional que sostiene la agenda neoliberal imperialista.

Esto se inscribe en una campaña de ataques contra el presupuesto para la educación superior (FEES); por ejemplo el 17 de octubre del 2018, la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó una moción del diputado Jonathan Prendas para recortar 10.000 millones de colones del presupuesto FEES, dinero que fue re-direccionado para el pago de la deuda pública. Este ajuste representó el 1,95% del 3% de “aumento” que se firmó para el FEES del año 2019, evidenciándose de esta manera la orientación del actual gobierno y la Asamblea Legislativa[1].

Lo anterior no deja duda sobre el carácter regresivo del combo fiscal, el cual recarga el costo de la crisis fiscal sobre los hombros de la clase trabajadora y los sectores populares. La única medida “progresiva” que impone es la tasa de 15% sobre las ganancias de capital (artículo 31 ter; utilidades resultado de venta de activos, bonos, bienes inmuebles o dividendos), la cual es una medida insuficiente, pues el combo fiscal no toca los intereses de los grandes empresarios nacionales y transnacionales, sectores que gozan de enormes exoneraciones fiscales y además son los principales responsables de la evasión y elusión fiscal, la cual alcanza el 8% del PIB (superior al déficit fiscal). Además resulta insuficiente para cubrir el hueco en las finanzas estatales, el cual se calcula que generaría ingresos por un 1.9% del PIB cuando el déficit ronda el 6.2% y va continuar creciendo en los próximos años.

Aunado a ello, las últimas investigaciones realizadas por el Instituto de Investigación de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE) estima que sólo en lo que refiere al IVA dicha medida producirá una cifra de 4000 nuevas familias pobres o, lo que lo mismo, 18.000 nuevas personas que se encuentren en el umbral de la pobreza.

Si bien es cierto dicho instituto aprueba la reforma bajo el discurso de que es la única opción, fundamenta la progresividad de la misma según porcentajes donde el 20% de los costarricenses más pobres (decil 1 y 2) aportarán un 7,68% del PIB, mientras que los sectores más adinerados (decil 9 y 10) pagarán un 43,85% de los ingresos[2].

Sin embargo, lo que no menciona dicho estudio es la regresividad que per se representa el IVA en tanto que, independientemente de la clase a la que pertenezcan las personas, deberán pagar lo mismo en el consumo de la canasta básica, el impuesto sobre el agua, la luz, medicamentos y demás servicios, donde la diferencia porcentual del gasto es evidente según el poder adquisitivo de las personas, afectando de manera directa a las clases medias, bajas y populares.

Es importante destacar que este aumento en la cantidad de personas en condición de pobreza responde a la implementación del IVA según el IICE, por lo que si a eso se le suman las declaraciones de la Ministra de Hacienda Rocío Aguilar sobre la necesidad de cierre de instituciones y venta de activos del Estado[3], la regla fiscal y los recortes que plantea a la institucionalidad pública, entre ellos el FODESAF (fondo del cual dependen instituciones del sector social) y el recorte a la educación, la cifra de personas que caerán en condición de pobreza superarán dicha cantidad; evidencia clara de la regresividad de un gobierno orientado a beneficiar a los que más tienen en detrimento de las condiciones de vida de la clase trabajadora y populares.

El Directorio FEUCR debe impulsar la lucha por la derogación de la ley N° 9635

Por todo lo anterior, desde ¡Ya Basta! planteamos que la FEUCR debe luchar a fondo contra todas estas medidas fiscales regresivas impulsadas por el gobierno Alvarado e impulsar medidas fiscales progresivas y anticapitalistas, que pongan a pagar a los de arriba: los grandes empresarios, los banqueros y los evasores fiscales.

En ese sentido, planteamos las siguientes propuestas fiscales progresivas, para que los de arriba paguen más:

  1. Derogación de la ley N° 9635 de “FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, por ser una normativa regresiva que afecta a la clase trabajadora, los sectores populares y atenta contra el financiamiento de las instituciones públicas de orientación social.
  2. Contra el cobro del IVA a las universidades e instituciones públicas.
  3. Cobro inmediato a los empresarios morosos al fisco. La evasión y elusión fiscal equivale a un 8,2% del PIB y bastaría con cobrarles a los evasores para solucionar el déficit fiscal. Este robo cometido por los grandes empresarios representa una pérdida para el Estado de casi 8 mil millones de colones por día, 332 millones de colones por hora.[4]
  4. Supresión inmediata de todas las exoneraciones al capital que beneficien a los grandes empresarios. Las exoneraciones representan un 5,8% del PIB, o lo que es lo mismo, ¢5.800 millones al día o ¢243 millones por hora. Además de ser los principales evasores fiscales, los grandes empresarios son beneficiados con estos privilegios fiscales.
  5. Reinstaurar impuestos a las exportaciones de Zona Franca. El último impuesto a las exportaciones se creó en 1978. Desde entonces los gobiernos neoliberales recetaron exoneraciones para los grandes grupos exportadores nacionales y transnacionales, quienes amasan fortunas pero sin retribuir algo a las arcas del Estado.
  6. Instauración de la Renta mundial: los Panama Papers demostraron que la evasión también se produce a nivel internacional. Mediante este mecanismo el Ministerio de Hacienda contaría con herramientas para calcular el pago del impuesto de la renta según el total de riqueza generada tanto dentro como fuera del país.
  7. Instauración de la renta global: que se establezca el pago del impuesto de renta según la renta global, es decir, sumando los ingresos de todas las actividades para evitar la evasión resultado de la fragmentación de declaraciones.

El problema de la deuda y la asfixia sobre el presupuesto nacional

La deuda externa es uno de los principales mecanismos de expoliación que emplean las potencias capitalistas contra los países semicoloniales o subdesarrollados. Básicamente consiste en prestar dinero o comprar bonos a cambio de recibir altas retribuciones en intereses, dinámica que se transforma en un círculo vicioso que estrangula financieramente a los países acreedores de esos recursos. Agreguemos que estos préstamos son manejados por los gobiernos de los empresarios en beneficio de sus intereses y no del conjunto de la clase trabajadora y la población.

Debido al elevado déficit fiscal y la urgencia para conseguir dinero ante los problemas de liquidez para hacerle frente al pago de salarios, aguinaldos, pensiones u otros similares, la administración de Luis Guillermo Solís endeudó aún más al país con la venta de bonos, una “salida” rápida que no resuelve los problemas estructurales de la economía nacional, lo cual requeriría una reforma fiscal progresiva que ponga a pagar a los grandes grupos capitalistas, los banqueros y los corruptos que evaden sus responsabilidades fiscales.

De acuerdo al IEN (2016), durante el período 2010-2015 la deuda del gobierno central pasó del 28% al 42% del PIB, principalmente por el aumento del endeudamiento externo que pasó del 6% al 10%. Además se proyecta que para el 2021 alcanzará el 61%, sobrepasando el límite de endeudamiento sostenible del 50% del PIB para las economías “emergentes” (léase países semicoloniales o subdesarrollados).

Por eso Costa Rica tiene el segundo mayor porcentaje de pago de la deuda externa en América Latina, la cual representa un 10% del PIB. Además el gobierno destina otro 3,3% del PIB para el pago de intereses por año. Solamente en 2017 el gobierno pagó ¢577 mil millones por deuda (luego de que se redujera a la mitad por una renegociación), y para el primer semestre  del 2018 se pagarán ¢336 millones de deuda externa y ¢1,2 billones a acreedores internacionales[5].

Por este motivo, el gobierno de Luis Guillermo Solís presentó el proyecto de reforma a los artículos 176 y 184 de la Constitución Política, con el fin de aplicar la denominada regla fiscal, según la cual los gastos corrientes no pueden superar los ingresos corrientes, dándole la potestad al Poder Ejecutivo de imponer recortes automáticos sobre el presupuesto para el pago de salarios, pensiones y financiamientos de los servicios públicos. Agrega, además, que estas medidas también pueden adoptarse cuando la deuda del gobierno supere el 50% del PIB, escenario que se puede materializar durante el 2018[6].

Por todo esto, desde ¡Ya Basta! planteamos:

  1. No al pago de la deuda externa. Por día se pagan 24 mil millones de colones por intereses de la deuda[7] que van a parar a las arcas de los organismos imperialistas expoliadores. Estos recursos deben invertirse en obras sociales, infraestructura y generación de empleo desde el gobierno.
  2. Derogatoria inmediata de la regla fiscal, por ser un mecanismo antidemocrático que facilita la implementación automática de recortes presupuestarios.
  3. Ante problemas de liquidez, el gobierno debe priorizar cumplir con el pago de salarios, pensiones y garantizar la inversión social.

[1] https://semanariouniversidad.com/pais/diputados-recortan-%C2%A210-000-millones-al-fees-para-pagar-amortizacion-de-deuda/

[2]https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/reforma-fiscal-es-progresiva-pero-18-000-personas-caerian-bajo-la-linea-de-pobreza/

[3] https://www.larepublica.net/noticia/cerrar-o-vender-instituciones-siguiente-paso-en-reforma-fiscal

[4]“50 mil millones versus 2 billones 870 mil millones”. En https://anep.cr/article/50-mil-millones-versus-2-billones-870-mil-millones/. (Consultada el 17 de junio de 2018).

[5]“¡La crisis de liquidez es la excusa para avanzar con el ajuste fiscal!”. En www.npssob.com

[6]Comisión de Regla Fiscal dictaminó afirmativamente la reforma constitucional”. En www.presidencia.go.cr

[7]Sindicatos contra “gobierno sordo”. En http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/361615/sindicatos-contra-gobierno-sordo. (Consultada el 17 de junio de 2018).

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