Por Graciela Mora Padilla

El día de hoy se realizó una manifestación en defensa de los Programas de Acción Social de la Universidad de Costa Rica (UCR) ante las medidas arbitrarias que las autoridades universitarias están tomando en contra de estos programas y las personas funcionarias de cada uno, estas debilitan la acción social y violentan los derechos laborales de las compañeras y los compañeros docentes. Se contó con la participación de diferentes sectores de la universidad como de las comunidades donde los diferentes programas inciden.

Bajo la consigna “Universidades para las Comunidades” estudiantes, personas trabajadoras y miembros de las comunidades de Pérez Zeledón, Palmar Sur, Puntarenas, Sixaola, Limón, entre otras, levantaron la voz en exigencia a la administración, principalmente a Yamileth Angulo como vicerrectora de Acción Social, de garantizar la estabilidad laboral, así como la continuidad de los procesos de acompañamiento en las comunidades y evitar dejar a estas poblaciones a la deriva sin ninguna responsabilidad institucional y social.

Desde 2019, se está impulsando reglamentos para darle caducidad a los distintos programas de acción social, además, la creación de estas propuestas no se basan en un proceso participativo y pretenden descentralizar la acción social en miras de debilitar cada proyecto y reducir el trabajo en las comunidades.  Y con esto, se han reducido las cargas académicas de las personas docentes y se ha creado una incertidumbre sobre la situación laboral a futuro.

Todo esto se enmarca en el recorte que se realiza al presupuesto de las universidades públicas por parte del gobierno de Carlos Alvarado, respaldado por las autoridades universitarias. Quienes han decidido atacar de manera directa los sectores más vulnerables de la universidad y también, de las comunidades del país.

La acción social, es uno de los pilares de la institución encargada de vincular a la universidad con las comunidades promoviendo la inclusión, justicia y solidaridad. Esta área cuenta con la participación de  una cantidad de personas funcionarias en condición de interinazgo que, actualmente, corren el riesgo de ser cesados o cesadas por estas políticas arbitrarias. Además, los programas de acción social inciden en una gran cantidad de comunidades, donde se impulsan diversos procesos para la transformación y desarrollo social, desde un trabajo multidisciplinario y en dialogo con las personas residentes de estas comunidades, pero ante estas medidas quedan en riesgo de quedar a la deriva sin que la institución asuma la responsabilidad correspondiente.

Extendemos toda nuestra solidaridad con las compañeras y compañeros trabajadores de estos programas de acción social y con las comunidades afectadas por estos recortes a la acción social. Consideramos la importancia de hacer un llamado a un Encuentro Universitario de Lucha para tomar acciones en contra de los recortes que las autoridades están implementando. Es necesario seguir en organización en defensa de la acción social, los derechos laborales.

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