La actual administración impone medidas de ajuste a lo interno de la universidad, el año pasado aceptó que se hiciera un recorte al FEES y un redireccionamiento de 35 mil millones a gastos de capital. Para este año la Contraloría hizo otro recorte dejando a las universidades con un presupuesto, incluso, inferior al del 2019. Por su parte la rectoría inició el año desmantelando la Acción Social con recortes a programas como Kioskos Socioambientales, el Programa Integral para la Persona Adulta Mayor (PIAM), entre otros; y cuando las comunidades llegaron a las puertas de rectoría a manifestarse contra estos recortes nadie se dignó a atenderles.

A raíz de la actual pandemia entre las primeras medidas que tomaron las autoridades se encontraba la virtualización de cursos y el desalojo –de forma inhumana- de las residencias estudiantiles universitarias, dando cuenta del grado de deshumanización de las autoridades. Por ejemplo, para el desalojo no se tomó en cuenta si el estudiante podía volver a su hogar, si era una persona en riesgo, si en su hogar hay conexión a internet o la posibilidad para poder desarrollar los cursos virtuales.

Para la virtualización es repudiable que la universidad no valore las condiciones socioeconómicas del estudiantado, las cuales con los despidos y la paralización de la economía empeoran (tanto para quienes estudian y trabajan como para quienes proceden de núcleos familiares en condición de pobreza); quienes no tienen acceso a dispositivos electrónicos, a conectividad de internet, a espacios tanto físicos como psicológicos para desarrollar el proceso de aprendizaje (tampoco toman en cuenta los cursos que no pueden virtualizarse), y mucho menos se toma en cuenta la recarga en las labores domésticas y de cuido que recaen sobre las estudiantes y docentes. Es inadmisible y repudiable que la política de la rectoría sea el “sálvese quien pueda”, así como lo hace el gobierno y los neoliberales.

Por si fuera poco, hace unos días la Fundación UCR (FUNDEVI) anunció la suspensión del pago en horas estudiante, asistente y graduado para quienes lleven proyectos de vinculación remunerada. Aunado a esto la OBAS en el último depósito redujo los montos de beca socioeconómica aunque cuente con el contenido presupuestario para hacer los pagos negándole este derecho a la población estudiantil. En temas laborales las autoridades universitarias estuvieron a punto de congelar los contratos con SELIME S.A, dejando a unas 350 trabajadoras y trabajadores sin empleo. Otro caso se da en la Sede del Pacífico donde a raíz de la reducción de ingresos por la ley 8436 (Ley del Atún) se despedirá a 9 personas de dicha sede.

En este panorama de emergencia desde nuestra organización apoyamos críticamente la medida de la cuarentena como prevención, sin embargo, al ser una situación de disgregación social ha sido aprovechada por el gobierno y la rectoría para continuar con sus planes de recortes. Es por esto que debemos prepararnos ante los ataques que se pueden venir al presupuesto de la educación superior con la excusa de la crisis económica profundizada por la pandemia, por lo cual se hace necesario que una vez terminada la emergencia, volvamos a nuestras estructuras de organización a preparar y articular las luchas que se vienen dentro y fuera de la universidad.

Ante esto desde ¡Ya Basta! Planteamos:

  • Extendemos un llamado a las distintas corrientes estudiantiles de izquierda y sindicales para organizar -una vez concluida la cuarentena- un Encuentro Universitario de Lucha en Defensa del FEES y del modelo de universidad pública.
  • Nos oponemos a las medidas neoliberales impulsadas por la rectoría y el gobierno y nos posicionamos críticamente frente a la virtualización excluyente de los cursos a costa de la educación y la baja en la calidad de los planes de estudio.
  • Nos oponemos a la reducción en los montos de las becas y el no pago de horas asistente, estudiante y graduado que golpean a los sectores más empobrecidos.
  • Llamamos a reajustar el calendario universitario y sus contenidos posterior a la emergencia, de manera que podamos volver a clases y a nuestras estructuras organizativas para preparar las luchas que se vienen.
  • Exigimos el fortalecimiento de la acción social, que además en este momento podría estar jugando un papel central en la atención de la emergencia.
  • Exigimos un aumento real del presupuesto para la educación superior, mediante la creación de nuevos impuesto a actividades lucrativas como la producción de piña o de las zonas francas.

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