• UCCAEP impulsa impuesto contra el salario de la clase trabajadora del sector público.
• Dirigencias sindicales y Frente Amplio callan ante los ataques de los de arriba.

Por Víctor Artavia Quirós

El 23 de marzo, la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP), anunció a través de su presidente Álvaro Saénz, que impulsaría un proyecto de ley para instaurar un impuesto “solidario” a los trabajadores y trabajadoras del sector público. Pocas horas después, el diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC) Rodolfo Peña, presentó el proyecto de ley “Contribución solidaria de funcionarios públicos con altas remuneraciones y de las pensiones para la atención del COVID-19”, para que en los próximos días sea discutido en el plenario legislativo.

Este es un proyecto cuyo énfasis es recargar el costo de la crisis abierta por la pandemia de COVID-19 sobre la clase trabajadora. Esto queda patente al inicio del texto, donde se fundamenta la propuesta de la siguiente manera: “Pedirle a otros segmentos de la población que deben contribuir, es una necesidad y un compromiso para preservar el Estado Social de Derecho que disfrutamos…En ese sentido, el objetivo de este proyecto de ley es trasladarle al Gobierno Central un contribución solidaria obligatoria de los funcionarios del sector público”.

Esas pocas líneas bastan para reflejar el cinismo de la burguesía agrupada en la UCCAEP, la cual apela a la solidaridad, pero no de sus agremiados que cuentan con enormes fortunas acumuladas durante años de explotación de la clase trabajadora, sino que la traslada hacia los trabajadores y trabajadoras del sector público. Más adelante agregan que el cobro del impuesto no sería de “una manera indiscriminada, sino equitativa aplicando una contribución a los pensionados y funcionarios que no están viendo amenazado su empleo, que no pertenecen a los estratos sociales de pobreza, pobreza extrema y alta vulnerabilidad, por el contrario, recaería sobre aquellos que reciben una alta remuneración o pensión”.

En el articulado del proyecto se delimitan los sectores que estarían sujetos al cobro del impuesto “solidario”. En el numeral 2° se indica que aplicaría para la administración central (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, TSE y órganos auxiliares) y la adminstración descentralizada (instituciones autónomas y semi-autónomas, empresas públicas del Estado y municipalidades).

A continuación se establece quienes serán sujeto del impuesto de acuerdo a los ingresos salariales: a) los “funcionarios públicos con “remuneraciones totales cuyo monto mensual final después de aplicar las deducciones de renta y cargas sociales, sea mayor a un millón quinientos mil colones” (artículo 3°), así como “las personas que reciban jubilaciones y pensiones; y se incluyen las pensiones que, sumadas cuyo monto mensual final, sea igual o mayor al millón quinientos mil colones” (artículo 4°). En ambos casos el “monto que exceda a dicha cantidad, se considerará la base para la aplicación de la tasa de contribución solidaria obligatoria, que será de un veinticinco por ciento”.

Este es un ejemplo más la forma en que los de arriba aprovechan la crisis económica y la desmovilización social provocada por la pandemia de COVID-19, para avanzar en la implementación de medidas de ajuste contra la clase trabajadora y, en otros casos, cercenar los derechos democráticos con medidas de Estado de sitio. Esto explica la reciente aprobación del proyecto de ley que reduce las jornadas de trabajo y suspenden los contratos de trabajo, medidas que condenan a la miseria a cientos de miles de personas trabajadores del sector privado.

Debido a esto, resulta escandaloso el papel desempeñado por las dirigencias sindicales burocráticas hasta este momento, las cuales a lo sumo se han pronunciado sobre temas muy específicos de sus respectivos gremios, pero callan ante el avance de los ataques impulsados por el gobierno y los partidos de los empresarios. De igual manera, es desastroso el papel de José María Villalta del Frente Amplio en esta coyuntura, cuyo eje “conciliador” llegó al extremo de votar a favor del proyecto de reducción de las jornadas de trabajo impulsado por el gobierno y la UCCAEP, demostrando así que el FA traicionó a la izquierda (y la clase trabajadora) y es un apéndice del gobierno de Carlos Alvarado (algo que ya era claro con la entrada de Patricia Mora al gobierno como ministra).