• Empresarios presionan para que se apruebe la flexibilización laboral para extender las jornadas laborales sin pagar horas extra.
• Gobierno se declara a favor de facilitar la suspensión de los contratos de trabajo.

 Por Víctor Artavia Quirós

Los gobiernos y cámaras de empresarios aprovechan la crisis desatada por la pandemia de COVID-19 para imponer medidas antidemocráticas (como la suspensión de derechos constitucionales en Honduras) o avanzar con las política de ajuste contra la clase trabajadora bajo la excusa de proteger a la población: el temor que cunde entre la población y la desmovilización social provocada por la situación de cuarentena facilita este operativo de los de arriba.

Costa Rica no es la excepción, tal como demostró la Unión de Cámaras Costarricenses (UCCAEP) en la conferencia de prensa que realizó en la mañana del 17 de marzo, con el objetivo de presentar sus exigencias al gobierno ante la crisis abierta económica por la pandemia. Palabras más, palabras menos, sus planteamientos se acoplan a la perfección a la frase “socializar las pérdidas, privatizar las ganancias”, pues todas sus medidas apuntan a resguardar las ganancias capitalistas a costa del bienestar de la clase trabajadora.

Entre las medidas sugeridas por la cámara patronal destacó la flexibilización laboral, mediante la cual se reformaría la legislación laboral para permitir jornadas continuas de doce horas por cuatro días a la semana. Esta propuesta es de larga data y, meses atrás, los empresarios la promocionaban como una alternativa para aumentar el empleo, así como para garantizar que las personas trabajadoras compartieran más con sus familias (sic) o tuvieran más días libres para hacer trámites y estudiar. Ahora, de manera oportunista, sostienen que es una medida preventiva para enfrentar la pandemia del COVID-19…¡pues reduciría el número de días que los trabajadores y trabajadoras salen a laborar!

La extensión de la jornada a doce horas diarias representa, en los hechos, la eliminación del pago de horas extras, lo cual abarata los costos de producción de los empresarios, pero a un costo humano muy elevado para la clase trabajadora, pues jornadas de tal extensión repercuten de manera negativa sobre la salud física y emocional. Diversos estudios señalan que las jornadas mayores a ocho horas producen efectos nocivos entre las personas trabajadoras: disminución del estado de alerta, caída en la eficiencia durante el trabajo, falta de atención a las medidas de seguridad, trastornos del sueño (insomnio inicial y poca calidad recuperadora del sueño con dificultad para despertar), aumento del riesgo de infartos del miocardio, aparición del síndrome metabólico, etc[1].

No pasaron muchas horas de la conferencia de prensa para que el gobierno mostrara su anuencia a parte de las exigencias patronales, pues en horas de la tarde anunció que trabaja en una serie de modificaciones reglamentarias para acortar los plazos para suspender los contratos de trabajo, una medida que permitiría a los empresarios mandar a los trabajadores y trabajadoras a casas sin pago de salario por el tiempo que dure la pandemia. De acuerdo al artículo 74 del Código de Trabajo: “Son causas de suspensión temporal de los contratos de trabajo, sin responsabilidad para el patrono ni para los trabajadores…b) La fuerza mayor o el caso fortuito, cuando traiga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo”.

Aunque presentan esta medida como una forma para proteger los empleos, en realidad es una vía más por la cual se traslada el costo de la crisis sobre los hombros de las personas trabajadoras, quienes durante el tiempo de suspensión tendrán que hacerle frente a todos los gastos de manutención cotidianos (alimentación, pago de servicios, alquileres, préstamos, etc.), pero, importante detalle, ¡sin salario!

Las organizaciones sindicales (mayoritariamente del sector público) tienen que pronunciarse de inmediato contra este intento de precarizar a la clase trabajadora del sector privado. No se puede permitir que el costo de la crisis económica de la pandemia se traslade sobre las trabajadoras y trabajadores, mientras los empresarios resguardan sus riquezas y reciben apoyo desde el gobierno. Los empresarios acumularon fortunas (por años o décadas) a partir de la explotación de las personas trabajadoras y, a la primera señal de crisis, no dudan en buscar proteger sus fortunas aunque el costo social se traslade hacia quienes tienen menos.

Desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) planteamos la prohibición de los despidos durante la emergencia por el COVID-19; la clase trabajadora solo cuenta con su salario para afrontar los gastos básicos de manutención.

[1] Calderón Devandas, Paula. 2008. “La flexibilidad laboral y su repercusión en el derecho al descanso de las personas trabajadoras del sector privado costarricense”. Tesis para optar por el grado de Licenciatura de la Universidad de Costa Rica. En http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/07/LA-FLEXIBILIDAD-LABORAL-Y-SU-REPERCUSION-EN-EL-DERECHO-AL-DESCANSO-DE-LAS-PERSONAS-TRABAJADORAS-DEL-SECTOR-PRIVADO-COSTARRICENSE.pdf (Consultada el 17 de marzo, 2020).