• El paso de la dictadura franquista a la democracia ratificó las bases burguesas del Estado, no trajo la Tercera República y conservó la monarquía restaurada y designada por Franco. Hoy las masivas y enérgicas movilizaciones en el Estado Español exigiendo la liberta de Pablo Hasél vuelven a cuestionar el régimen del 78 y su manto de censura y represión.

Carla Tog

En 1939, la invasión alemana sobre Polonia daba paso a la Segunda Guerra Mundial. Poco antes, con la caída del frente republicano ante las tropas franquistas, finalizaba la guerra civil española (1936-1939). Sobre la base de esa derrota, el triunfo del general Franco, “El Caudillo”, significó la instauración de una larga dictadura basada principalmente en el poder militar del Ejército y la represión a toda oposición (ilegalización de los partidos políticos y sindicatos, persecución, etc.) y a las libertades civiles y democráticas, a la vez que colaboró con la Alemania nazi de Hitler, y duró hasta la muerte del dictador en 1975.

Tras unos años de eliminación física y sometimiento absoluto de toda protesta, el régimen dictatorial vio nacer en su seno un potente movimiento obrero y popular. Las huelgas mineras y de las grandes concentraciones industriales, la protesta universitaria, las acciones de masas de Euskadi, la solidaridad de los trabajadores del resto del Estado con la lucha vasca y con cualquier conflicto obrero fueron incubando un panorama altamente alarmante para la burguesía y su régimen. Los sindicatos verticales estaban absolutamente infiltrados por dirigentes obreros, clandestinos muchos de ellos afiliados al PCE (Partido Comunista de España). Los partidos políticos socialistas y comunistas ilegales crecían sin cesar alcanzando puestos de la administración, los sindicatos y organizaciones obreras también ilegales y perseguidas extendían su influencia por todas las fábricas, las huelgas ilegales eran masivas y cotidianas. La única base de sostenimiento del régimen era la represión.

Muerto el dictador, el rey (jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas), nombrado por Franco, ratifica en su cargo de presidente del gobierno a Carlos Arias Navarro, sucesor de Carrero Blanco, asesinado por ETA. Este gobierno intenta continuar durante unos años el régimen franquista sin Franco. Es uno de los períodos de mayor represión (los muertos de Vitoria, la matanza de los abogados de CC.OO. en Atocha, la militarización del metro y los transportes en Madrid, de las comunicaciones en Barcelona, los estados de excepción…) y a la vez de mayor protesta obrera y popular. Los partidos políticos continúan ilegalizados, la huelga y las manifestaciones eran ilegales, los sindicatos seguían siendo verticales de afiliación obligatoria y dirigidos por el jefe del estado.

La crisis económica, la imposibilidad de acabar con la protesta popular, el auge imparable del PCE que capitalizaba esta protesta, los sindicatos dirigidos clandestinamente por CC.OO. (el sindicato del PCE), y la dificultad por parte de la Unión Europea de admitir este régimen claramente antidemocrático y altamente inestable en su seno, obligaron a la burguesía y las propias instituciones del régimen a modificar las bases de éste. Su intención no era la democracia sino acabar con la protesta para garantizar la extracción ordenada de la plusvalía. A partir de entonces se inicia la transición democrática que culmina en 1978 con la promulgación de la Constitución.

La historia oficial se refiere a la Transición como un período de inestabilidad social, política y económica del cual se pudo salir gracias a la buena voluntad, predisposición y a los valores democráticos del rey y de las principales fuerzas y figuras políticas y sindicales del momento, para encarar el camino hacia democracia. Así, se resalta el papel clave y progresista de un rey como iniciador del camino hacia la democracia. Y lo pudo hacer en “buenos términos” gracias a “grandes hombres” como Adolfo Suárez (ministro franquista y dirigente de la Unión de Centro Democrático) y Santiago Carrillo (secretario general del PCE) por delante de todos.

Sin embargo, no todo fue color de rosa. Los años previos a la Transición y la Transición misma fueron especialmente duros, ya que continuó operando la ferocidad y la represión del franquismo sin Franco. El estado de excepción (la militarización), el toque de queda (prohibición de circulación y reunión), las persecuciones, las torturas, los secuestros, los asesinatos, la cárcel, los fusilamientos y un largo y horroroso etcétera permanecían.

Era la respuesta de un régimen perforado y desbordado por la lucha de un movimiento obrero y de masas contestatario que se levantaba y quería acabar con la dictadura y que se expresaba en huelgas, en asambleas, en ocupaciones de fábricas, de minas y de universidades, en manifestaciones, sabotajes, boicots, ataques a la policía y otro largo etcétera en un contexto de crisis económica y galopante inflación. Este fue el trasfondo político y social en la Transición, el de un régimen cada vez más insostenible por la presión de la lucha de clases.

El paso de la dictadura franquista a la democracia ratificó las bases burguesas del Estado, no trajo la Tercera República y conservó la monarquía restaurada y designada por Franco.

Durante la Transición se negoció y se consensuó entre el gran capital, el rey y los partidos una salida por arriba ante la evidente crisis del régimen. Los Pactos de la Moncloa prepararon y diseñaron los términos de ese acuerdo y la Constitución del 78 selló el pacto social. Un pacto que “concilió a todos los españoles”, salvando culpas y responsabilidades (la amnistía) y que a la vez heredaba y reciclaba mucho de las estructuras e instituciones del franquismo.

Efectivamente, el franquismo no cayó producto de la acción independiente de las masas. El franquismo se replegó bajo el amparo y la protección del consenso y el pacto burgués. El actual Estado monárquico es descendiente directo del franquismo y, más precisamente, es producto de la infame capitulación del PSOE, el Partido Comunista Español y los partidos “nacionalistas” (catalanes, vascos, gallegos, etc.) a la monarquía designada por Franco para sucederlo y a su personal político reciclado en lo que hoy es el PP.

El papel del PCE y su política de reconciliación nacional fue clave pues era la referencia indiscutible de la lucha antifranquista. Santiago Carrillo fue el hacedor de esta capitulación, promovió el fin de las críticas a la monarquía, la sustitución de las banderas rojas por las rojas y gualdas de la España franquista, y se ofreció como garante del orden burgués a cambio de su legalización renunciando a la ruptura democrática por una ruptura pactada que tenía menos de ruptura que de pacto. El PCE pagó con una crisis sin fin estas concesiones, su producto actual IU (Izquierda Unida, “pantalla electoral” del PCE) no ha podido todavía revertir esa crisis.

Para el cambio de régimen, tres eran las principales tareas a resolver: la crisis económica en la que desde 1973 se encontraba España, aprobar una Constitución y solucionar el problema regional, complicado por el terrorismo de ETA. Resolvió los dos primeros a través de la llamada “política del consenso”, es decir, por acuerdos negociados entre los principales partidos que, luego, serían ratificados por las Cortes. Otro consenso fue la elaboración y aprobación por las Cortes de una Constitución. En ella se reconocían los derechos fundamentales y libertades públicas, se establecía la monarquía parlamentaria, se declaraba aconfesional y se creaba el Estado de las autonomías.

La Constitución fue ratificada en referéndum en diciembre de 1978 (aprobado por el 87% de los votos emitidos) siendo posteriormente sancionada por el rey y publicada en el Boletín Oficial del Estado. Con la promulgación de la Constitución se da por finalizada la Transición Española: el régimen del 78 había nacido.

Este régimen se basaba en determinados pilares:

Quizá el más importante era el mantenimiento del orden económico capitalista basado en la explotación del trabajo asalariado, pero a través de la forma político-económica del llamado “Estado del bienestar”. Un acuerdo social entre trabajo y capital en el que a cambio de la concertación laboral y una serie de derechos sociales y políticos se garantizaba una paz social que no pusiese en peligro la extracción de plusvalía. Este Estado del bienestar garantizaba una educación digna, gratuita y universal, una sanidad universal y gratuita, unas pensiones y jubilaciones dignas, una baja tasa de paro y una cobertura del desempleo, un derecho a la vivienda reconocido incluso constitucionalmente. Éste era probablemente también el sustento ideológico de este régimen al garantizarle la adhesión de las clases medias y trabajadora.

El carácter monárquico del Estado. La monarquía no tiene un papel puramente simbólico sino que es el árbitro de las disputas interburguesas, con un poder político real garantizado por la Constitución y su carácter de jefe de los ejércitos. Este papel del rey se basaba también en una especie de invisibilidad de su poder, que lo preservaba de los riesgos de deslegitimación que le supondría una práctica política cotidiana. Junto con el rey, claro heredero del franquismo, ha pervivido un aparto policial y judicial claramente represivo (audiencia nacional, legislación antiterrorista, etc.)

Un sistema de partidos políticos que ha generado el llamado bipartidismo en el que PSOE y PP se han alternado periódicamente en el poder tanto central como autonómico, sin que sus programas ni prácticas políticas tuviesen grandes diferencias. Este bipartidismo se ha venido a denominar imperfecto porque no siempre ha habido mayorías absolutas y tanto el PSOE como el PP han llamado en su auxilio a otros partidos para ejercer un gobierno de mayor estabilidad. Así el PP gobernó con el apoyo del PNV (Partido Nacional Vasco) y CiU (Convergencia i Unió, partido de la burguesía catalana) y el PSOE gobierna en Andalucía con el apoyo de IU.

El llamado Estado de las Autonomías, en el que a cambio de una determinada descentralización administrativa, política e incluso financiera el nuevo régimen se garantizaba el apoyo de sectores y fracciones que el franquismo sólo reprimía y trataba de eliminar. Otro elemento de grave crisis para el actual régimen político del estado español es la cuestión nacional. Comencemos admitiendo que existe una cuestión nacional en el Estado Español, es decir, que bajo el régimen estatal, su monarquía, su gobierno y sus instituciones, hay una serie de nacionalidades históricas con personalidad propia integradas más o menos a la fuerza. Esto, que era claro durante la segunda república, fue falsamente escondido por la fuerza de la represión bajo el franquismo y mal arreglado con la Constitución de las Autonomías bajo la transición. Es lógico que cuando el régimen empieza a dar señales de crisis y el pacto constitucional se agrieta, la cuestión nacional recobre fuerza. Sin embargo es preciso reconocer que en la actualidad la cuestión nacional representa diferentes características a como se manifestaba durante el franquismo y los primeros años de la transición.

Bajo el franquismo la cuestión nacional era protagonizada por la lucha del pueblo vasco, sus ansias de independencia y las acciones de ETA, un conjunto que puso muchas veces en jaque a la totalidad del régimen franquista y que gozaba de la solidaridad del conjunto del pueblo del Estado español. El nacionalismo catalán también existía pero ni mucho menos poseía la fuerza o el poder de atracción del independentismo vasco. La derrota de la transición, la política de la burguesía vasca (PNV) y la derrota y finalmente cuasi-rendición de ETA y sus variantes políticas cambiaron la situación y hoy la lucha nacional del pueblo vasco pasa prácticamente desapercibida. No ocurre así con el nacionalismo catalán, que ha existido desde antes pero ha cobrado una inusitada fuerza desde hace pocos años (ver anexo Catalunya).

La adhesión a la Unión europea que se presentaba como garantía de democracia, derechos sociales y crecimiento económico.

A los escasos años de su nacimiento, este régimen sufrió una gravísima crisis con el golpe de Estado del 23F (1981). La Guardia Civil asaltó el Congreso y secuestró a los diputados, los tanques tomaron Valencia y las unidades blindadas se prepararon para ocupar Madrid

El golpe de Estado de 1981 se encuentra estrechamente relacionado con los acontecimientos vividos durante la Transición Española. Cuatro elementos generaron una tensión permanente, que el gobierno de UCD no logró contener: los problemas derivados de la crisis económica, las dificultades para articular una nueva organización territorial del Estado, las acciones terroristas protagonizadas por ETA y la resistencia de ciertos sectores del ejército a aceptar un sistema democrático.

En la madrugada del día 24 de febrero, el rey intervino en televisión y vestido con uniforme militar y en su calidad de comandante en jefe, defendió la Constitución española y llamó al orden a las Fuerzas Armadas. A partir de ese momento, el golpe se da por fracasado. Tejero (teniente coronel de la Guardia Civil y uno de los principales cabecillas del golpe) fue arrestado, y los diputados liberados. El resultado del golpe militar no fue un refuerzo de las libertades democráticas sino un fortalecimiento de la figura del rey, hasta entonces discípulo del dictador y a partir del golpe ensalzado como garante de la democracia. Una democracia que cada vez se ha visto más mermada con las leyes antiterroristas, el mantenimiento de la audiencia nacional, sucesora del antiguo tribunal central de orden público franquista, las leyes de extranjería,… hasta la Ley Mordaza de nuestros días.

Toda la creciente conciencia anticapitalista, antifascista, realmente democrática y combativa que se vino forjando durante la agonía del franquismo sufrió una grave derrota con la Transición. En ella la conciencia ampliamente republicana se trocó en defensora de la monarquía, presentada como garante de la democracia. La combatividad y autoorganización obrera mutó poco a poco en el pactismo de los grandes sindicatos; la pertenencia a la Europa de Maastricht y Schengen se confundió con la culminación de las libertades democráticas, mientras el ejército, la policía y hasta el rey nombrado por el dictador se cubrían de un nuevo manto de democracia y pluralidad.

 


 

Este artículo es un fragmento de «Podemos: La cura del cáncer con aspirinas«, publicado originalmente en la revista Socialismo o Barbarie n°29 en mayo del 2015.

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