Por Redacción

El SINDEU dio a conocer la resolución dictada por el Juzgado de trabajo del II Circuito Judicial de San José del pasado 27 de setiembre donde se le ordena a la Universidad de Costa Rica (UCR) la reinstalación en su puesto de Luis Diego Jiménez Campos en la Facultad de Educación.

El conflicto inicia cuando Luis Diego Jiménez y Jennifer Bermúdez, conserjes interinos de la facultad, denuncian ante las autoridades universitarias a María Guiselle Garbanzo Vargas, decana de la Facultad de Educación, por hostigamiento y acoso laboral. A ellos se suma como testigo Alexis Granados, encargado de audiovisuales. La decana reacciona con mayor acoso laboral y saca los puestos de Jiménez y Bermúdez a concurso de propiedad.

A raíz de estos hechos, se forma la seccional del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) de la facultad, de la cual los tres involucrados forman parte, esto como evidencia de la necesidad de organizarse para la defensa de los derechos laborales. Alexis Granados asume en la seccional el puesto de Secretario General y, luego de esto, la decana también saca a propiedad la plaza de Granados. A ninguno de los tres se les tomó en cuenta para el concurso, aun cuando tienen años de trabajar en la universidad.

A pesar de que a la Junta de Relaciones Laborales y la Comisión Instructora Institucional emitieron resoluciones amparando a la y los denunciantes e indicando que se debe velar por su seguridad y estabilidad, las autoridades universitarias desoyeron estos dictámenes y procedieron a notificarles el vencimiento de sus nombramientos.

Denuncias por acoso laboral y despidos de funcionarios interinos en la Facultad de Educación de la UCR

Tras darse a conocer los despidos se inició una campaña de solidaridad exigiendo su reincorporación inmediata y planteando las medidas legales correspondientes. Resultado de estas acciones se dio a conocer el caso y se ha hecho presión sobre la jerarquía universitaria.

Celebramos esta orden judicial como un paso en el camino a la reinstalación del Luis Diego, pero esta es solo un primer paso en la maraña legal que significa la defensa de los derechos de la clase trabajadora en este Estado al servicio de los de arriba. Se debe continuar y ampliar la campaña de solidaridad para lograr la reinstalación de todos los despedidos de forma definitiva.