Por Graciela Mora Padilla

En los últimos meses se visibilizó un aumento de casos por acoso laboral, sexual y cese injustificado de personas interinas en la Universidad de Costa Rica (UCR), que pueden culminar en despidos.

Uno de los casos recientes y que generó efervescencia, es el de los funcionarios Luis Diego Jiménez Campos, Jennifer Bermúdez Guillén y Alexis Granados Brenes, quienes fueron despedidos de sus puestos en la Facultad de Educación, luego de dar una lucha intensa en contra del acoso laboral. Ante los hechos, las autoridades universitarias evaden su responsabilidad al no resolver el caso en las instancias correspondientes.

Orígenes del conflicto

Este conflicto inicia desde que se denuncia ante las autoridades universitarias a la Dra. María Guiselle Garbanzo Vargas por hostigamiento y acoso laboral.

Ante esta situación, Luis Diego Jiménez y Jennifer Bermúdez, conserjes de la facultad, son las primeras personas en denunciar estos actos; como testigo Alexis Granados, encargado de audiovisuales. La Decana Garbanzo reacciona con mayor acoso laboral y, además, saca los puestos de Jiménez y Bermúdez a concurso de propiedad.

A raíz de estos hechos, se forma la seccional del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) de la facultad, de la cual los tres involucrados forman parte, esto como evidencia de la necesidad de organizarse para la defensa de los derechos laborales.

Alexis Granados asume en la seccional el puesto de Secretario General y, luego de esto, la Sra. Garbanzo Vargas saca a propiedad la plaza de Granados como encargado de audiovisuales. Cabe señalar que a ninguno de los tres se les tomó en cuenta para el concurso, aun cuando tienen más años de trabajar en la universidad.

Otro dato importante a señalar es que existe una cuarta denuncia de acoso laboral hacia la decanatura por parte del mensajero de la facultad, sin embargo, a diferencia de las otras personas denunciantes, el compañero cuenta con propiedad.

Respuesta institucional

La Junta de Relaciones Laborales, ente encargado de las denuncias sobre acoso laboral, emite una resolución donde indica que se tiene que velar por la estabilidad impropia de los compañeros.

Por otro lado, la comisión instructora institucional emite una serie de medidas, donde se indica claramente que se debe velar por la seguridad de ellos, que no se les puede cortar el nombramiento y que la Sra. Decana se tiene que apartar y no continuar con el acoso. Sin embargo, las medidas no se tomaron en cuenta, ya que llegaron antes de que les cesara el nombramiento, esto se da el 1º de julio, mismo día en que se presentan los denunciantes en la Facultad de Educación alegando que se haga valer la resolución y como respuesta del vicedecano recibieron una notificación sobre el vencimiento del nombramiento.

Ante esto, se inicia toda una lucha en exigencia a las autoridades universitarias para que se atienda el caso de la compañera y compañeros, a quienes claramente se les violentaron sus derechos laborales. Sin embargo, las autoridades decidieron evadir todas sus responsabilidades, dando como resolución final que el caso no se puede resolver por medio interno, sino por medios externos a la institución.

Violación al derecho de organizarse

Estos hechos reflejan una violación a los derechos de la clase trabajadora. El acoso laboral es una acción que vulnera los derechos fundamentales de las trabajadoras y trabajadores, existe el derecho de tener condiciones laborales dignas y justas; el acoso constituye una práctica que ejerce actos de violencia psicológica que puede repercutir, incluso, en la reputación profesional del trabajador.

Además, se violenta el derecho de organizarse al darse una persecución sindical, rematando con el despido de la compañera y compañeros. También, se da la violación del artículo 18 de la convención colectiva de trabajo, donde indica que cuando se va a dar un puesto en propiedad se tiene que considerar a la persona con mayor antigüedad y cuando se eligió a las tres personas que están cubriendo estos puestos, las tres son prácticamente nuevas en la universidad, es más ninguna cumple con los años de servicio como lo tienen las personas despedidas.

Las autoridades universitarias manejan un doble discurso, pues fomentan la denuncia por acoso laboral o sexual, mientras que no existe una protección a la persona denunciante. Hay una desprotección total hacia la persona trabajadora. Se protege al director, directora o decanaturas, pero el trabajador que ocupa el lugar más bajo en la universidad no se le protege.

¡Exigimos la reincorporación inmediata del compañero y compañeras despedidas!

Desde el Nuevo Partido Socialista (NPS), ¡Ya Basta! y Las Rojas extendemos nuestra solidaridad con los compañeros y compañeras que se encuentran en esta lucha en contra del acoso laboral y persecución sindical. Esto evidencia la precariedad a la que está expuesto el personal interino, pues están sometidos a las arbitrariedades de las autoridades universitarias, desde un puesto muy voluble y, además, es un obstáculo para la organización sindical. Rechazamos todo tipo de abuso de poder por parte de las autoridades y de la falta de interés de resolver estos casos y evadir sus responsabilidades, perjudicando la vida personal, familiar y social del trabajador. Recalcamos la importancia de la organización para defender y garantizar nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores.