• Se estima que la Red de Cuido Infantil requiere un 2,7% del PIB para universalizarse y otro 0,48% para los cuidados de las personas dependientes.

Johan Madriz

Este forma parte de una serie de artículos donde examinamos los resultados del Informe Estado de la Nación (IEN) 2021 que fue publicado a mediados de noviembre.

En el marco de una sociedad capitalista y patriarcal históricamente se han asignado las funciones de reproducción de la fuerza de trabajo al ámbito privado. Esto ha constituido una forma de super explotación hacia las mujeres que deben asumir las labores domesticas de una forma no remunerada, junto a las sí asalariadas. Uno de los elementos mas importantes de esta obligación es el cuido de personas menores de edad, adultos mayores, personas enfermas o con alguna discapacidad. Es una necesidad que esta función sea asumida colectivamente por la sociedad.

El Programa Estado de la Nación ha elaborado dos estudios abordando el tema de la universalización de las redes de cuido para diferentes sectores: infancia y personas dependientes. En el IEN 2019 se incluyó la investigación “Alternativas para universalizar la Red de Cuido Infantil” que determinó que universalizar ese servicio requeriría fondos equivalentes al 2,7% del PIB.

La población meta de esta red se clasifica “como población meta básica (0-6 años), población meta suplementaria (7-12 años) y población meta ampliada (0-12 años). Según proyecciones del INEC, la población meta básica se estimó para el 2019 en 518,548 niños y niñas mientras la población meta suplementaria se ubicó en 446,114 menores. En su totalidad, la población meta ampliada alcanzaría el presente año los 964,661 infantes” (2019 pág. 27). En este caso, “al 2016, la Redcudi cubría un 10% de la población potencial menor de 7 años. Sin embargo, cuando se trata de población pobre la cobertura al 2016 ascendió al 28%, pero aun denota una cobertura alejada de la universalización (2019 pág. 4).

La población infantil tiene una “tendencia a decrecer en términos brutos en el mediano y largo plazos. De esta forma, el INEC calcula que para el 2024 habría un 3.4% menos de niños/as en el rango 0-6 años mientras el segmento 7-12 años habría crecido un 1.4%. El saldo neto es una reducción de cerca de 11,300 menores. Una década después, en el 2034, habría 57,146 menores menos de 0-6 años y 25,356 niños menos de 7-12 años para una reducción total de la población meta ampliada en 82,502 menores. La contracción del grupo básico es un fenómeno que, según el INEC, ya está en marcha a razón de unos 3,500 niños menos por año durante el próximo quinquenio” (2019 pág. 27).

El estudio analizó tres modelos (2019 págs. 36-37):

1. Servicio con modalidad de pago compartido financiado con recursos del PANI: el PANI asumiría la mayor parte del costo (en los hogares pobres la totalidad) y seria complementado con el aporte de la familia, por lo que la cobertura no solo contendría a la población en pobreza (se incluirían poblaciones vulnerables o desempleadas). Los servicios estarían a cargo de empresas privadas y los recursos serian canalizados a través de las municipalidades.
2. Integración de servicios educativos y de cuidado infantil (modalidad MEP): el MEP extendería en al menos 10 horas el tiempo de cuidado en los servicios de educación preescolar y escolar, es decir, a los módulos de educación se le sumarian módulos de cuido infantil con personal especializado. Esta opción sería gratuita y el costo sería asumido por el MEP.
3. Integración de servicios educativos y de cuido infantil (modalidad MEP/REDCUDI/Municipalidades): implica una combinación de los dos anteriores. El PANI, a través de Redcudi, pagaría el servicio de cuido a las municipalidades que brindarían estos módulos, de al menos 10 horas, utilizando la infraestructura del MEP. El pago seria compartido con los hogares como en la opción uno (las familias en pobreza recibirían un subsidio).

En cuanto al cuidado de personas dependientes, el IEN estima que “la tasa de incidencia nacional de dependencia se estima en 3,5% de la población de 6 años o más. En números absolutos, al 2021 asciende a 169.673 personas. De ellas, un 30% se cataloga como dependiente severa, un 35% moderada y otro 35% leve. Aquellas personas con dependencia severa y moderada serían los grupos meta de una política pública. Adicionalmente, se estima que cerca de un 30% de la población en dependencia vive en condición de pobreza. Esto significa que un 70% de la población dependiente no pobre no podría acceder a un subsidio otorgado por el IMAS, sino que tendría que optar por otras formas de financiamiento y provisión de los servicios” (2021 pág. 288).

Además, “el perfil de las personas en dependencia muestra que son mayoritariamente mujeres (58,1%), casi la mitad son personas adultas mayores (47,8%), un 46,7% es jefatura de hogar, el 43,5% tiene pareja y casi un tercio está en condiciones de pobreza (30,7%). Además, sólo un 12,4% se encuentra ocupada. Por nivel educativo, un 78,4% tiene primaria completa o menos, un 18,2% secundaria y tan sólo un 3,4% posee educación terciaria. Eso sí, en cuanto al seguro de salud de la CCSS, las personas dependientes tienen mayores tasas de protección (94% versus 85% del resto), gracias a su condición de pensionada (35%), el seguro cubierto por el Estado (22,5%) o el familiar (21,7%). Finalmente, el 56,7% de las personas dependientes tiene 60 años o más, el 97,8% tienen enfermedades crónicas y el 89% alguna condición de discapacidad. Al combinar esas características se observa que la mitad son mayores de 60 años, con enfermedades crónicas y con discapacidad” (2021 pág. 288).

Al contrario que las necesidades infantiles las de las personas dependientes aumentarán con el tiempo, ya que, “Costa Rica vive una transición demográfica avanzada, es decir, se encamina hacia el envejecimiento de su población” (2021 pág. 288).

El IEN estima que “se requiere una inversión de 182.159 millones de colones, que equivale al 0,48% del PIB” (2021 pág. 288). Por lo que, “si se le suman los costos estimados por Pacheco y Elizondo (2019) para la Red de Cuido Infantil, publicados en el Informe Estado de la Nación 2019, que fueron del 2,7% del PIB, entonces el país requeriría un monto cercano al 3,2% del PIB para alcanzar la universalidad en las redes de cuidados infantiles y para personas dependientes” (2021 pág. 289).

Metodológicamente el estudio señala una serie de modelos para ampliar el servicio (2021 págs. 289-292):

1. Pago por cuidado (cash for care): el Estado le transfiere un determinado monto a la persona dependiente para que esta pague los servicios que requiera. En estos casos se le podría pagar a las personas que actualmente realizan el cuido sin contraprestación económica.
2. Seguros de cuidado de largo plazo: funcionaría como cualquier otro tipo de seguro, donde se contrata la protección y se realizarían pagos periódicos para cubrir los servicios de cuido.
3. Copagos: el Estado cubriría una parte de los costos y las personas dependientes o sus familias el resto. Esta opción estaría enfocada en extender la cobertura para las personas que no están en condición de pobreza.

La opción de pago por cuidado pretende ser, en algún sentido, una compensación para las personas cuidadoras sin remuneración. “En vista que un porcentaje importante del cuido lo ejecutan familiares y amistades sin contraprestación monetaria alguna, especialmente en países donde las redes de cuido formales no se encuentran desarrolladas como en Costa Rica, el ‘cash for care’ abre oportunidades para que esas personas puedan recibir una compensación por el costo de oportunidad que involucra no incorporarse al mercado laboral. Es decir, este mecanismo ofrece opciones de empleo a personas cuidadoras informales, principalmente mujeres, que en el país ascienden a 464.000 mujeres excluidas del mercado por sus responsabilidades familiares” (2021 pág. 289).

Este sistema podría abordar el tema de empleo de una gran cantidad de personas, principalmente mujeres, sin embargo, en este método el Estado solo se ocupa de realizar una transferencia monetaria y no de velar por la utilización de esos recursos, por lo que al mejorar un tema se empeora otro al establecerse una serie de empleos con remuneración, pero informales y/o precarizados. “El tema, sin embargo, no termina allí por cuanto existe un amplio debate sobre la calidad de ese empleo en términos de aseguramiento social, derechos laborales y pago de salarios mínimos. Si bien el punto de partida parece ser una alternativa atractiva, ciertamente debe contemplarse un espectro más amplio de variables que trasciendan al ingreso monetario” (2021 pág. 292).

Con la implementación de estas dos redes de cuido se establecería “un ‘sistema nacional universal de cuidados’, bajo un enfoque integrador del cuido infantil y de las personas en dependencia, el cual no solo beneficiaría a las personas atendidas, sino que generaría empleos, especialmente femeninos” (2021 pág. 292). Justamente esta es una temáticamente prominentemente femenina. “Las mujeres constituyen un grupo de especial interés, pues no solo están sobrerrepresentadas entre las personas que demandan servicios de cuidados de dependencia, sino que también una cantidad importante son cuidadoras informales, lo cual se convierte en una de las razones más importantes para no poder insertarse en el mercado laboral remunerado” (2021 pág. 288).

Desde una perspectiva anticapitalista el cuido debe ser un sistema socializado y público en función de los sectores trabajadores. Los modelos de cuido deben ser garantizados por el Estado, que impliquen la contratación de personal especializado y/o la remuneración de las personas cuidadoras, junto a la asesoría de profesionales sobre el tema para asegurar las mejores condiciones de vida para las personas bajo cuido. En cualquiera de los casos la implementación de esta red requiere recursos, los cuales dependen de una consideración política del gobierno. El IEN señala oportunamente (aunque de forma limitada) que “únicamente la no aplicación permanente y completa de la regla fiscal en este tema permitiría a la Política Nacional de Cuido avanzar al ritmo planeado” (2021 pág. 291).