• Gobierno, partidos burgueses y cámaras patronales quieren imponer contrarreformas en medio de la emergencia sanitaria.
  • Hay que crear comités de seguridad sanitaria en los centros de trabajo, estudio y barrios populares, para exigir el acceso al agua e implementos de higiene necesarios.
  • Es necesario suspender el pago de la deuda para reorientar estos recursos al fortalecimiento de los servicios de salud pública y el AyA.

Por Víctor Artavia Quirós

15 de marzo, 2020

La pandemia del COVID-19 se transformó en un fenómeno global con enormes repercusiones sociales, las cuales van más allá del plano sanitario. Esto genera temor entre amplios sectores de la población, pues hay incertidumbre sobre qué medidas tomar para frenar la expansión de la enfermedad y sus consecuencias económicas, para lo cual se requieren políticas públicas que incumben al conjunto de la sociedad.

En este contexto de crisis, gobiernos y empresarios del mundo no dudan en traspasar los costos de la emergencia sobre los hombros de la clase trabajadora, ya sea por medio de despidos, precarizando las condiciones laborales o especulando con los precios de los productos de higiene.

El COVID-19 llegó a Costa Rica y el gobierno improvisa medidas

Al momento de escribir esta nota, el Ministerio de Salud reporta 35 casos confirmados de COVID-19 en el país y, sin lugar a dudas, aumentarán en los próximos días. Entre la población cunde el temor al contagio porque no hay claridad sobre la política del país para frenar la extensión del COVID-19.

El gobierno de Carlos Alvarado alega que la pandemia no es un asunto político y que la única forma de abordarlo es apegándose a los “lineamientos técnicos” de los especialistas. Con esto apuesta a desmovilizar a la sociedad, aprovechando el temor colectivo (en muchos casos potenciado por los medios de comunicación burgueses) para imponer medidas desde arriba, muchas de las cuales denotan una improvisación total o no dan cuenta de la situación real en el país.

Por ejemplo, mientras las autoridades de salud promueven el lavado constante de manos para impedir la propagación de la enfermedad, en muchas instituciones educativas y barrios populares (es el caso de Hatillo) hay cortes de agua prolongados, lo cual expone a sus poblaciones al contagio[1]. De igual manera, resulta absurdo que el Ministro de Salud Daniel Salas llame a la población a guardar dos metros de distancia entre las personas y no salir de las casas el fin de semana, pero los días de semana cientos de miles de personas viajan aglomeradas en buses hacia sus centros de trabajo, donde pasan ocho horas con decenas o cientos de personas.

Estos son algunos ejemplos que denotan el curso errático o la poca claridad del gobierno ante la pandemia del COVID-19, lo cual genera confusión entre la población porque no hay claridad de cuáles son las medidas a seguir. No ponemos en duda que el abordaje de la pandemia requiere seguir los lineamientos sugeridos por los especialistas en salud pública, pero tampoco se puede obviar que sus implicaciones son de carácter social e incumben a seres humanos que temen por su salud y la de sus seres queridos, con más razón cuando se trata de personas trabajadoras o de sectores populares que no pueden hacer  cuarentena porque están obligadas a trabajar o no tienen acceso al agua e implementos de higiene básicos (algunos inaccesibles por la especulación de precios).

El Gobierno y los partidos burgueses utilizan el COVID-19 para continuar con el ajuste

La pandemia del COVID-19 (o Coronavirus) ya impacta en la economía mundial; la caída del precio del petróleo y los metales, la contracción del turismo internacional y el pánico en los mercados financieros son algunas de sus primeras repercusiones. Pero sus efectos se manifestarán con mayor peso en el mediano plazo, pues acorde a las proyecciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), producto de la pandemia la perspectiva de crecimiento económico mundial bajó del 2,9% a un 2,4% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial en el 2020.

Los efectos económicos ya empezaron a notarse en el país, particularmente en el sector turismo donde se reporta la cancelación de 10 mil noches de habitación y la cancelación de cincuenta convenciones internacionales, lo cual preocupa a las personas trabajadoras del sector ante posibles despidos masivos. Algo similar sucede con muchos artistas y trabajadores independientes, quienes quedaron sin trabajos por la suspensión de eventos culturales masivos de la temporada de verano (Transitarte, Festival Internacional de Cine, etc.).

De esta forma, además de sus repercusiones en la salud pública, la pandemia de COVID-19 es un fenómeno que impacta en la economía mundial, lo cual es aprovechado por los gobiernos para profundizar las medidas de ajuste contra la clase trabajadora y proteger a los empresarios.

Por ejemplo, la Unidad Social Cristiana (PUSC) presentó un proyecto de ley para adecuar las deudas de empresas con los bancos del Estado y postergar el pago del Impuesto del Valor Agregado (IVA) del aporte patronal a la seguridad social por tres meses…¡En medio de la crisis sanitaria por la pandemia el PUSC quiere desfinanciar la CCSS!

Algo similar sucede con el gobierno de Carlos Alvarado, el cual anunció una serie de medidas para aliviar el pago de impuestos a los empresarios, pero no dijo nada sobre la protección de los empleos. Además, pretende aprovechar la coyuntura abierta por la pandemia para avanzar en la agenda neoliberal contra la clase trabajadora.  Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica, declaró al diario La Nación[2] que en los próximos días presentarán las propuestas de apoyo económico para atender a los sectores más afectados por el coronavirus (como turismo y comercio), entre las cuales están la flexibilización laboral, pedir más préstamos a organismos internacionales (endeudar más la economía nacional) y readecuar los créditos con la banca nacional para aumentar el flujo de caja de las empresas.

¿Qué hacer para enfrentar el COVID-19 en Costa Rica?

Ninguna de las medidas del gobierno o el PUSC responde a los intereses de las personas trabajadoras. Por esto, desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) planteamos a las organizaciones sindicales, movimientos sociales y partidos de izquierda, las siguientes medidas de emergencia para desde abajo exigirle al gobierno ante la pandemia del Covid-19:

  1. Suspensión inmediata del pago de la deuda para fortalecer los servicios de salud y el AyA. En el presupuesto nacional del 2020, el 38,2% de los recursos se destinan para el pago de la deuda (intereses y amortización), pero solamente un 3,2% se destina para la salud pública. ¡Cada 24 horas se derrochan cinco mil millones de colones en el pago de intereses de la deuda en beneficio de los grandes capitalistas! Proponemos re-direccionar inmediatamente estos recursos para fortalecer la CCSS y las instituciones estatales que hacen parte del proceso de contención de la pandemia (FANAL, AyA, ICE, INS, etc.). Además, con carácter de urgencia garantizar el acceso al agua a las comunidades afectadas por los cortes.
  2. Control de precios sobre los productos de higiene necesarios para frenar la pandemia. Muchos supermercados y farmacias aprovechan la pandemia para especular con los precios de los productos de limpieza, incluso duplicando su precio original. Esto denota la codicia de los capitalistas que no tienen reparo en lucrar con la desesperación de la población.
  3. Creación de comités sanitarios. El gobierno demostró un accionar errático en lo que va de la pandemia, por eso llamamos a conformar comités para vigilar las condiciones sanitarias en los centros de trabajo, estudio y barrios populares, vigilando que se garanticen las medidas sanitarias pertinentes para contener la pandemia: suministro de agua, implementos de higiene, distancia de dos metros entre las personas.
  4. Cuarentena parcial en la empresa privada. Muchas personas trabajadoras de la empresa privada externan su malestar por tener que trabajar durante la pandemia en condiciones de hacinamiento, lo cual las expone al contagio. Por ejemplo, en los call center o fábricas de los parques industriales, se congregan cientos de personas en un piso sin que se garanticen las medidas preventivas necesarias (como la distancia de dos metros). Por eso proponemos una cuarentena parcial en las empresas grandes, con la rotación de personal sin reducción de salario para garantizar que se cumplan con los dos metros de distancia. Además, instamos a las trabajadoras y trabajadores de estas empresas a constituir los comités sanitarios para vigilar por las condiciones sanitarias, algo fundamental debido a la ausencia de sindicatos en el sector privado y la cultura política de la patronales por atropellar los derechos laborales más elementales.
  5. Prohibición de los despidos mientras dure la emergencia provocada por la pandemia. En el sector privado comienzan a producirse despidos por la caída de la actividad económica, particularmente en el turismo y el comercio. De esta forma, la crisis provocada por el COVID-19 es recargada sobre la clase trabajadora, ante lo cual el gobierno solamente tiene propuestas de ayuda para los empresarios. Por eso hay que exigir que se prohíban los despidos mientras dure la pandemia.
  6. Contra la precarización de las condiciones laborales. El gobierno y los partidos burgueses pretenden utilizar esta coyuntura para aprobar medidas que precarizan las condiciones laborales alegando que es para evitar despidos. Por ejemplo, ya se especula con la presentación de un proyecto de ley de flexibilización laboral en los sectores más afectados por la crisis. Nos oponemos a esta medida, que tiene por objetivo avanzar en la agenda de ajuste del gobierno de Alvarado.
  7. Contra la venta de FANAL y cualquier empresa del Estado. Meses atrás, el gobierno anunció que iba a vender FANAL para reducir el déficit fiscal. EN medio de esta crisis sanitaria, esta empresa demostró su utilidad al girar inmediatamente a la producción de alcohol para atender la alta demanda. Esto confirma que FANAL es una empresa fundamental para el país, la cual hay que defender e impedir su venta.

[1] Debido a la presión el gobierno decretó el cierre de 344 centros educativos que tienen problemas de abastecimiento de agua.

[2] https://www.nacion.com/economia/politica-economica/gobierno-alista-medidas-de-apoyo-economico-para/4345YUHZTVGS3BR3E7Q7SKQMFU/story/?utm_campaign=socialflow&utm_medium=social&utm_source=socialflow&fbclid=IwAR2yMjgR6pjXa8F3IvL5LbZWiy4UAZwvWtgGd4JW_W_HxkOul_H8Lr4WsyM

DEJAR UN COMENTARIO

Ingresar comentario
Ingrese su nombre