• El gobierno presentó un presupuesto a la medida del FMI y que recarga el peso del ajuste en las transferencias sociales y por tanto en los sectores de abajo.

Johan Madriz

El ministro de Hacienda, Elián Villegas, presentó este martes a la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto nacional para el 2021. Como era de esperarse esta diseñado para agradar al FMI en las “negociaciones” que entablará el gobierno con el organismo en vistas a la obtención de más recursos, tras la aprobación de un primer desembolso la semana anterior.

El presupuesto alcanza la cifra de ¢11.4 billones con un aumento global de 4.5% con respecto al inicial de este año. De esta cifra un 54.9% se cubriría con deuda, es decir, ¢4.8 billones representando un aumento de 33% (de estos ¢2.1 billones son para intereses, crece 8%).

De esta forma se perpetúa el problema estructural de las finanzas públicas que a través del servicio de la deuda generan un déficit fiscal que se está tornando insostenible y ante el cual la estrategia del gobierno es tirar la pelota para salir del paso con la reconversión de deuda interna en externa a mayores plazos de vencimiento.

Según expresa el ministro: “La estrategia de acceder a créditos de organismos multilaterales ha rendido frutos, pues a pesar de un mayor saldo de deuda externa, el monto presupuestado de intereses para atender esta deuda disminuye en 5,4% para el próximo año, respecto al presupuesto actual 2020”.

El gobierno continúa sin brindar soluciones al déficit y deja claras sus intenciones de empeñar el país al FMI a través de ajustes estructurales necesarios para obtener financiamiento. Según los acuerdos hasta ahora conocidos las exigencias del organismo requieren alcanzar un superávit primario (sin contar intereses de la deuda) de 2.2% del PIB en 2024 y reducir la deuda publica un 50% al 2034.

Para lograr esto son necesarios recortes enormes y en el presupuesto 2021 se comienzan a ensayar. Los gastos primarios (que no incluyen intereses ni amortización de deuda) disminuyen un 5.3%, lo que se traduce en un recorte de ¢368.6 mil millones, una “disminución histórica” según las palabras del ministro.

De esta forma el gobierno no solo cumple la restrictiva regla fiscal que establece un tope de crecimiento de 4.13% para el gasto corriente, sino que la sobrepasa ya que este solo aumentará un 0.77%, es decir permanece prácticamente congelado.

Otro elemento a señalar es que por primera vez se incluyen los presupuestos de los órganos desconcentrados, incorporando a la caja única del Estado sus partidas. Esto elimina la posibilidad de que estos entes generen superávits, ya que al final del año los recursos no utilizados regresaran al gobierno central.

El gobierno presentó un presupuesto a la medida del FMI, ajustador y con medidas procíclicas que recargan el peso del ajuste en las transferencias sociales y por tanto en los sectores de abajo, esto sin importar que las secuelas de la pandemia y la crisis económica están golpeando a la clase trabajadora y los sectores populares de forma feroz, con cientos de miles suspendidos o con reducciones, con el desempleo en un 24% y con más de 900 mil personas solicitando el bono Proteger.

El carácter de clase del gobierno es claro, no plantea ninguna propuesta tendiente a gravar los grandes capitales y solo ofrece ajuste y más ajuste para las y los de abajo. De esta forma es una necesidad plantear impuestos a las fortunas y grandes empresas, como parte de las acciones de lucha para que la crisis de la pandemia la paguen los capitalistas y no la clase trabajadora.

Cada vez es más patente que los privilegios de las zonas francas son insostenibles, por lo que debería gravarse la riqueza que producen en el país. También es necesario atacar la evasión fiscal que ronda los $3.800 millones al año (¢2.22 billones).

Pero esto nunca será propuesto por el gobierno por lo que es urgente retomar las calles para exigir este plan y pararle la mano al gobierno.

DEJAR UN COMENTARIO

Ingresar comentario
Ingrese su nombre