Las últimas semanas han dejado claro que los gremios empresariales más radicales y neoliberales del país no son monolíticos y tienen fracturas internas serias. Se pueden hacer muchas lecturas al respecto sobre las causas de las salidas de varios grupos de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), pero una cosa segura es que en medio de estas disputas de poder empresarial, se encuentran proyectos políticos de alto impacto ambiental, que no necesariamente los distancia. Para muestra se puede señalar algunas de las caras más visibles de este conflicto empresarial y su impacto en las políticas ambientales del país.

Hay que empezar con el ya ex-presidencia de la UCCAEP de Gonzalo Delgado Ramírez, representante del sector construcción; el cual marcó una agenda de presión en el gobierno para flexibilizar los controles ambientales, favoreciendo los intereses de las empresas que se agrupan en la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC). Se puede decir que este sector ha venido impulsando desde el gobierno anterior el desmantelamiento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y ha aplaudido las medidas para hacer que sus proyectos evadan la necesidad de pasar por la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

Basta con señalar que el Decreto Ejecutivo 41815, del pasado 5 de junio, diseña una serie de comisiones compuestas por el sector privado y el Gobierno de la República para generar un nuevo reglamento para SETENA. Esta comisión denominada “Equipo Técnico del Sector Construcción y de Desarrollos Inmobiliario” está compuesta por la Cámara Costarricense de la Construcción, Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, Consejo de Desarrollo Inmobiliario y Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial. Es importante mencionar que esta comisión no cuenta con ninguna participación del sector ambiental, académico, de consultores ambientales, arqueólogas o alguna otra instancia; solo empresarios de la construcción.

El sector construcción representa el usuario más frecuente de SETENA con el 70% de los expedientes presentados ante esta institución. Es decir, están poniendo a los sujetos que debe de ser evaluados y regulados a diseñar sus propias reglas del juego, popularmente se puede decir que el gobierno “está poniendo al zorro a cuidar las gallinas”.

Por otro lado, mientras Enrique Egloff hizo que la Cámara de Costarricense de Industrias se saliera de la UCCAEP, también demostró su oposición a la prohibición de los plásticos de un solo uso e impulsó el cabildeo dentro de la Asamblea Legislativa para que el plástico no se regulara adecuadamente. El resultado ya es conocido: enterraron una ley que podría haber ayudado a mejorar las condiciones ambientales del país, pero fue enterrada gracias al lobby empresarial de los sectores más radicalmente conservadores.

Por su lado, el presidente emergente de la UCCAEP ante esta crisis es Álvaro Sáenz, representante de la Cámara de Agricultura y Agroindustria, sector que ha insistido en que el ingreso de los agroquímicos debe de flexibilizarse. Presionando al Ministerio de Ambiente y al Ministerio se Salud para que los plaguicidas no sean evaluados bajo la ciencia y la técnica. Esto es importante porque es la única manera de asegurarse que estos no tienen impactos graves sobre la salud o el ambiente. Este sector empresarial de los agrotóxicos, junto al Ministro de Agricultura Renato Alvarado, han impulsado decretos que propician la importación de agrovenenos brincándose las evaluaciones ecotoxicológicas y toxicológicas necesarias. Estos decretos han sido impugnados ante Sala Constitucional por las organizaciones ambientales y los agricultores orgánicos.

Los pleitos en uno de los gremios empresariales más radicales y neoliberales no solo dejan en evidencia sus pugnas de poder, sino que además sirve para desmenuzar una serie de intereses minoritarios que tienen graves impactos ambientales.

 

FECON 08/10/2019

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