En su informe anual sobre la trata de personas en el mundo (Trafficking in Persons Report) el Departamento de Estado de Estados Unidos dio cuentas que en el 2021 “el Gobierno de Costa Rica no cumple en su totalidad con las normas mínimas para la eliminación de la trata”, por lo que lo coloca en el nivel 2. Si bien no confiamos ni un ápice en estos informes del gobierno yanqui que solo exponen lo que ellos desean mostrar, ocultando las causas estructurales que permiten estas actividades, lo cierto es que es el único documento que da pistas sobre el tema en el país.

El informe señala que “FACTRA [Fiscalía General Contra la Trata] reportó que investigó 70 casos —incluidos 42 casos de trata en virtud del artículo 172, 23 casos de trata sexual infantil (artículo 170) y cinco casos de trabajo o servicios forzados (artículo 189). Esto se compara con 103 casos en 2020 —incluidos 68 casos de trata (artículo 172), 28 casos de trata sexual infantil (artículo 170), y siete casos de trabajos o servicios forzados (artículo 189)—y 69 casos en 2019. El gobierno inició juicios contra nueve traficantes sexuales acusados ​​en virtud del artículo 172, en comparación con el enjuiciamiento de cuatro acusados de traficantes ​​en 2020 y siete en 2019. Los tribunales condenaron a un traficante sexual en 2021, en comparación con la condena de cinco traficantes en 2020 y 15 en 2019”.

En esa misma línea, “el gobierno no enjuició ni condenó a ningún traficante en 2021 o 2020; en 2019, el gobierno procesó solo a un traficante, en virtud del artículo 189”. Solo hubo tres procesamientos de tráfico de menores de edad con fines de explotación sexual y ninguna condena. Además, solo se inició una investigación contra un funcionario público relacionado con un caso de trata. Estas cifras difieren mucho con las denuncias: “El OIJ operó dos líneas directas para recibir denuncias criminales confidenciales; informaron que recibieron 153 llamadas relacionadas con posibles casos de trata en 2021; hubo aproximadamente 100 llamadas de este tipo en 2018, el año más reciente con datos disponibles para la comparación. La Policía Judicial también operó la línea directa 9-1-1 disponible para denuncias generales de delitos, respondió cuatro llamadas relacionadas con la trata en 2021”.

La mayor parte de las víctimas fueron mujeres o niñas costarricenses que fueron sometidas a explotación sexual: “El Gobierno identificó a 21 víctimas de trata (seis mujeres, un niño y 14 niñas), en comparación con 50 en 2020 y 35 en 2019. Los traficantes explotaron a ocho de estas víctimas en trata sexual y tres en trata laboral; el gobierno no especificó la forma de trata de las restantes 10 víctimas. De las 21 víctimas identificadas, 14 eran de nacionalidad costarricense, tres eran nicaragüenses y cuatro tenían nacionalidades extranjeras no especificadas. El gobierno informó que las ONG identificaron por separado ocho víctimas adicionales (cinco víctimas de trata sexual y tres víctimas de trata laboral)”. La disminución en la cantidad de victimas probablemente no se deba a una menor incidencia del trafico sino a una menor cantidad de acciones por parte del Estado.

El documento da cuentas de que la responsabilidad gubernamental sobre el tema es débil y las acciones preventivas y de respuesta son cada vez más limitadas. Al respecto indica que “el gobierno investigó muchos menos casos de trata que en el período del informe anterior y no enjuició o condenó a ningún traficante por segundo año consecutivo” y que “el gobierno no financia adecuadamente sus esfuerzos contra la trata”.

La aplicación de la regla fiscal y en general los ataques del gobierno a la inversión social son los elementos que explican los recortes presupuestarios para la atención del tema. “El Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (FONATT) desembolsó 71,6 millones de colones ($112,180) para brindar servicios a las víctimas identificadas, un aumento con respecto a los 7,41 millones de colones ($11.610) desembolsados ​​en 2020, pero notablemente menos de los 172 millones de colones ($269,480) desembolsados para la atención de víctimas en 2019”. Además, “a través del FONATT y la DGME, el gobierno reportó un total de 107 millones de colones ($167,640) en gastos contra la trata, frente a 620,45 millones de colones ($972.080) de financiamiento del FONATT en 2020 y 1.400 millones de colones ($2,2 millones) en 2019”.

Los programas de prevención también son severamente afectados: “El Gobierno no asignó fondos para programas de prevención por segundo año consecutivo, en comparación con 171,5 millones de colones ($268.700) para programas de prevención y 1.370 millones de colones ($2.15 millones) para otros programas y proyectos contra la trata en 2019”. Por otro lado, los pocos recursos que son adjudicados ni siquiera se entregan en su totalidad: “en 2021, el gobierno desembolsó 64 por ciento de los fondos asignados de FONATT, un aumento en comparación con el 13 por ciento en 2020 y aproximadamente a la par con el desembolso del 77 por ciento reportado en 2019”.

Una consecuencia de las medidas de confinamiento fue que “las restricciones relacionadas con la pandemia en bares y burdeles llevaron a los traficantes a incrementar la explotación de las víctimas de tráfico sexual en residencias privadas”, es decir, se trasladó de lugares más o menos públicos a otros privados. El paper señala que “los traficantes someten a las mujeres y los niños costarricenses al tráfico sexual dentro del país, los que viven en la zona costera del Pacífico y cerca de las fronteras norte y sur son particularmente vulnerable”. Además, “las autoridades sospechan que los adultos utilizan a los niños para transportar o vender drogas; algunos de estos niños pueden ser víctimas de la trata. Los traficantes explotan a las personas LGBTQI+, incluidas las personas transgénero, en el tráfico sexual. Mujeres y niñas de Nicaragua, República Dominicana, y otros países latinoamericanos han sido identificadas en Costa Rica como víctimas de trata sexual y servidumbre doméstica. Los traficantes someten a adultos y niños migrantes, principalmente de Nicaragua, al trabajo forzado en la agricultura y el servicio doméstico o al tráfico sexual. Las organizaciones criminales reclutan y coaccionan a personas sin hogar para introducir contrabando en las cárceles con el propósito de más actividades delictivas. Los traficantes se aprovechan de los migrantes, algunos en camino a los Estados Unidos, desde otros países de Centroamérica, el Caribe, la República Popular de China y América del Sur. El turismo sexual infantil es un problema grave, ya que los turistas sexuales con niños llegan en su mayoría de los Estados Unidos y Europa”.

Justamente Estados Unidos tiene un papel preponderante en el tráfico y explotación de personas en la región, como punto de destino y como emisor de “clientes”. A nivel global en 2021 se abrieron 10.572 procesos por trata de personas, se condenaron a 5.260 personas y se identificaron 90.354 víctimas. A pesar de esto, en el informe se autoclasifican bajo sus propios parámetros con la mejor calificación: “El Gobierno de los Estados Unidos cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata”.

Desde el feminismo socialista y el abolicionismo el posicionamiento es que “existe un gran mito acerca de qué es la trata de personas. Es un mito que no surge de la nada, sino que es impulsado por esos mismos organismos que inventaron este concepto, como un concepto problemático. Valga decir, el tema de la Trata se instaló en América Latina en los años 90, impulsado por los grandes organismos internacionales del imperialismo, con el único objetivo de tener una política para el control de la migración a esos países, de los países pobres. Para mantener las formas, lo disfrazaron de “Lucha contra el terrible flagelo de la trata”, pero ninguna de sus acciones tendió a esto.

“Se instaló la idea que la trata es sólo y únicamente el secuestro de personas a quienes se las traslada de un país a otro. Así cada vez que un país imperialista encontraba inmigrantes ilegales, con la excusa del rescate, los enviaban nuevamente a sus países de origen.

“Habiendo instalado esta noción de lo que sería la trata, el proxenetismo internacional se vio beneficiado al encontrar un argumento más para profundizar su negocio: todo lo que no es trata (o sea, secuestro), es elección. Este fue un gran golpe para la pelea contra las redes de explotación; cada mujer que está en el circuito de la explotación, sin ser raptada, tienen que dar minuciosas explicaciones acerca de su voluntad: “si no la secuestran y no se va, entonces lo elige”, sería el razonamiento”.

La prostitución es una de las formas más crueles de sometimiento de las mujeres, niñes y trans y es el resultado de una sociedad capitalista y patriarcal que simplemente les considera un objeto que puede ser transado. Denunciamos que el Estado es cómplice al asegurar las condiciones para que la explotación sexual y demás formas de trata se desarrollen en el país sin mayores contratiempos. Las medidas de ajuste fiscal que recortan salarios y el gasto social también aseguran que haya menos recursos para atender la trata, la violencia hacia las mujeres y los femicidios. Por esto es necesario construir un movimiento de mujeres, independiente del gobierno, que luche en las calles para terminar con todo tipo de violencia y explotación, que luche contra el capitalismo y el patriarcado.