• 143 empresas mantienen suspensiones a 2.394 personas y otras 167 compañías aun aplican reducciones de jornada a 3.864 personas.

Johan Madriz

Ya se cumplieron 20 meses desde que la Asamblea Legislativa aprobó los proyectos que les permitieron a las patronales reducir las jornadas laborales (y los salarios) y suspender los contratos de trabajo. Tras estos casi dos años mas de 6 mil trabajadores y trabajadoras aun sufren estas medidas.

Según información del Ministerio de Trabajo 143 empresas mantienen suspensiones a 2.394 personas y otras 167 compañías aun aplican reducciones de jornada a 3.864 personas. Los principales sectores que mantienen estas condiciones son el comercio, los servicios, la industria y el agro. Además, la mayoría de estas empresas se encuentran en San José, Alajuela, Heredia y Guanacaste.

Esta situación lejos de eliminarse se mantiene, ya que, según el MTSS, aún son más los empresarios que piden prorrogas que los que piden la cancelación de las medidas. Además, en abril de este año la Asamblea Legislativa aprobó una extensión de un año más para reducir jornadas en los sectores de transporte y turismo. La oficina de prensa del ministerio informó que seguirán aceptando tramites “mientras se mantenga el estado de emergencia y existan las causales objetivas para otorgarlas”.

Esta es una medida completamente antiobrera ya que implica una salvaguarda de las empresas y no del empleo, razón por la cual el desempleo llegó a estar en un máximo de 24% durante la peor parte de los cierres por la pandemia, pero actualmente se sostiene en un 15%.

Las supuestas medidas de reactivación económica del gobierno simplemente son incentivos para que las empresas generen más ganancias, ya que no implican una prohibición de despidos y, por el contrario, muchas empresas han utilizado las suspensiones y reducciones para establecer nuevos parámetros de explotación y tras los plazos autorizados sencillamente despiden. Esto explica que ya se hayan alcanzado los niveles de producción prepandemia pero no se haya recuperado el empleo.

Las trabajadoras y los trabajadores se encuentran completamente desprotegidos ya que no existe ningún recurso legal para oponerse a las medidas unilaterales de las patronales. Además, estas medidas han dado pie a una mayor cantidad de irrespeto a la legislación laboral. Hasta noviembre se presentaron 1.709 denuncias por abusos en la aplicación de las suspensiones y reducciones en el MTSS (¿cuántos hechos mas no habrán sido reportados?) y solo 20 han sido elevadas a los Tribunales de Trabajo.

Mientras tanto las burocracias sindicales del sector público guardan completo silencio, en lugar de crear lazos con el sector privado con una campaña que denuncie esta barbaridad. Al mismo tiempo, el gobierno avanza en las medidas antisindicales que están limitando al máximo la posibilidad de huelga y atacando descaradamente la organización sindical.

El gobierno es un claro representante de los sectores empresariales y como tal no le ha temblado el pulso para llevar adelante un duro ajuste contra la clase trabajadora y los sectores populares, bajo la excusa de la crisis fiscal y la pandemia. Por esto es necesario organizarse y salir a luchar en las calles contra el gobierno y el plan de ajuste.