En las últimas semanas la empresa Almacenes Casa Blanca procedió con el despido de todo su personal como parte del proceso de liquidación de la empresa debido a su declaratoria de quiebra. No hay claridad de la cantidad de personas afectadas, pero a principios de año había trascendido que la empresa contaba con 292 trabajadores y trabajadoras en sus 38 tiendas.

Las declaraciones de las y los empleados van en el sentido de que la empresa les mintió sobre sus prestaciones legales, asegurándoles inicialmente que no habría problemas para pagarlas y ahora resulta lo contrario. Uno de estos trabajadores comentó en La Nación que “nos dieron un documento en el que nos dicen que no nos van a pagar porque no pueden [por el proceso concursal]. En una primera instancia, cuando nos dijeron que la empresa cerraba, aseguraron que el dinero de la liquidación estaba, así estuvimos algún tiempo. Pero, hace unos días, se desató la verdad y nos dijeron que ‘no hay plata y no se les va a pagar’. Nos dejaron en la nada”.

Las cartas de despido establecen la responsabilidad patronal, sin embargo, existe una gran incertidumbre sobre si les van a pagar lo que les corresponde por vacaciones, aguinaldo o cesantía. Esto debido a que la empresa se encuentra en un proceso de quiebra tras la no aceptación de las condiciones propuestas por parte de la junta de acreedores.

El abogado de la empresa lo expresó así: “la liquidación [laboral] es un proceso legal. Los trabajadores como cualquier acreedor tienen que legalizar su crédito en el proceso y ahí es donde se les paga. No es la empresa la que paga, sino que es durante el proceso. Tienen que reclamar eso dentro del proceso judicial”. Es decir, cada trabajadora y trabajador tendrá que sumarse individualmente como una parte más a los procesos judiciales.

Estos procesos son una carnicería en la que todos los acreedores pelean por recuperar sus haberes. Según la legislación tienen prioridad de pago las deudas con el Estado, luego los acreedores hipotecarios y después, si aún queda dinero, los acreedores laborales.  Bien lo expresa el trabajador citado arriba: “estamos en desventaja. Una persona física no se va a comparar con el poder de un banco o una empresa para pelear la plata que reclama”.

Su comentario es completamente cierto, tales procesos son largos, engorrosos y costosos. Probablemente muchos de los trabajadores y las trabajadoras no cuenten con la asesoría legal ni los recursos necesarios para llegar hasta el final de la causa, e incluso puede ser que ni siquiera la comiencen. Además, en el caso de que logren que el tribunal reconozca y ordene que se realice su pago este dependerá de que aun quede dinero disponible, por lo que incluso podrían no recibir nada o hacerlo de forma parcial.

Es absurdo que el tratamiento legal hacia las personas despedidas sea equivalente al de un acreedor de la empresa. Son figuras legal y socialmente distintas. Las personas trabajadoras no están reclamando el pago de una deuda, sino, de un derecho.

En el país las patronales gozan de una completa libertad de despido y la legislación laboral no establece ningún plazo o condiciones para el pago de las prestaciones tras la finalización de un contrato de trabajo. La jurisprudencia al respecto solo se limita a indicar que debe ser en un plazo prudencial, lo que en realidad no quiere decir nada. Además, en casos como el de Casa Blanca se limita un derecho que en el papel es “irrenunciable” a procesos legales eternos y en desventaja con respecto a otros demandantes que son bancos y grandes empresas.

Por esto es una tarea urgente e histórica la recomposición del sindicalismo en el país, particularmente en el sector privado, y la renovación antiburocrática de los sindicatos que en los últimos años han dejado de lado la lucha callejera por sentarse a negociar con el gobierno y las patronales en procesos que siempre terminan con ataques a los salarios o las condiciones laborales. Hay que pelear contra toda la legislación antiobrera y antisindical que los sectores empresariales vienen impulsando y que hace parte del plan de ajuste y “reestructuración” regresiva del Estado.