• A pesar del reconocimiento de las repercusiones en la salud de la mujer por el manejo de los agroquímicos, no se sentó ninguna responsabilidad en la empresa alegando que cumplía con el requisito de mantenerla asegurada.

Johan Madriz

Una trabajadora bananera de la empresa Standard Fruit Company ganó un juicio contra el INS para que se le reconocieran los días de incapacidad que no se le pagaron en 2018, por afectaciones en su salud tras la exposición a los agrotóxicos Lotos 40SL y RyzUP 40SG.

El Juzgado de Seguridad Social ordenó que se le paguen 65 días de incapacidad ya que, en su momento, no se le brindó la atención medica necesaria ni se le reconocieron las incapacidades por el uso de esos productos que le generaron sarpullidos, picazón, insomnio, fiebre, dolores de cabeza y dificultades respiratorias.

A pesar del reconocimiento de las repercusiones en la salud de la mujer por el manejo de los agroquímicos, no se sentó ninguna responsabilidad en la empresa alegando que cumplía con el requisito de mantenerla asegurada.

El uso de productos altamente tóxicos es recurrente en las plantaciones bananeras, según información de la aseguradora estatal al momento mantienen abiertos 650 procesos judiciales por riesgos del trabajo de trabajadores y trabajadoras de ese sector.

Asimismo, esa misma empresa enfrenta una serie de denuncias debido a la aplicación del químico Movento 15 OD, que se utiliza desde 2019, y que provoca irritación en la piel, ampollas en la zona genital, fiebre, náuseas, mareos, dolores de cabeza y dificultades respiratorias.

En ese caso las personas afectadas aseguran que a los pocos días de comenzar a utilizar el producto iniciaron los primeros efectos, ante esto acudían a los centros médicos correspondientes donde simplemente se les emitían incapacidades por algunos días y se les recetaban cremas para las afecciones en la piel. Es por esto por lo que en las demandas piden análisis médicos profundos para determinar la gravedad real de las afecciones. Además, solicitan la realización de evaluaciones ambientales para medir los efectos del químico en el suelo y el agua de la zona.

Por su parte, el Ministerio de Salud se desliga señalando que el producto cuenta con las autorizaciones necesarias para su utilización, sin embargo, los análisis toxicológicos son confidenciales y ni siquiera fueron realizados en el país. Esto se debe a que el ministerio únicamente cumple la función de autenticar que la documentación aportada por la empresa que realiza el registro sanitario sea realmente emitida por el ente que lo suscribe, es decir, sin entrar a analizar la veracidad de lo contenido en el estudio.

Este tipo de problemáticas son históricas en las plantaciones costarricenses y se deben a dos motivos principales. Uno es el poco o nulo control del Estado sobre los agroquímicos que se utilizan en el país. Justamente durante el gobierno de Carlos Alvarado, por presión de los sectores empresariales, se flexibilizó aún más el registro de los químicos mediante un decreto que eliminó la necesidad de realización de estudios toxicológicos por las autoridades competentes en el país. Esta medida es una de las tantas que ha llevado a que Costa Rica sea uno de los mayores consumidores de agroquímicos en el mundo con un promedio de 18,2 kg por hectárea.

El otro tiene que ver con las condiciones laborales y como se configura una dictadura patronal al interior de las empresas y plantaciones, motivado por la prácticamente inexistente organización sindical de las personas trabajadoras del sector privado. Esto lleva a múltiples abusos por parte de las patronales que en la mayoría de las ocasiones no son denunciadas por los trabajadores y las trabajadoras debido a la certeza de que el Ministerio de Trabajo fallará en su contra y el temor al desempleo resultado del “derecho” al libre despido que gozan los empresarios en el país.